“La primera mujer policía con la que hablé me dijo que debía cambiar de vida y acercarme a la iglesia”, relata Jackson sacudiendo la cabeza al evocar el ataque del 2009.

Es una actitud bastante común en la isla, donde activistas defensores de los derechos de los gays dicen que los homosexuales son muy discriminados y a veces agredidos. Algunos miembros de la comunicad LGBT—lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros—incluso han sido blanco de ataques sexuales brutales con el fin de hacerlos heterosexuales o de castigarlos por no encajar dentro de ciertos parámetros sociales.

Jackson dice que integrantes de un pequeño grupo de violadores antigay se hicieron pasar por lesbianas y las citaron en un sendero aislado. La respuesta que recibió luego del ataque la impulsó a hacer algo. Ahora, a los 24 años, Jackson dirige la única organización de mujeres lesbianas y bisexuales registrada que hay en Jamaica.

La isla es conocida por su intolerancia hacia los homosexuales, que son vistos por muchos como gente que adopta comportamientos morales pervertidos importados del exterior. Pero ahora está recibiendo bastante atención el estigma de las mujeres homosexuales y las agresiones sexuales de que son víctimas, a menudo no denunciadas.

El año pasado el vicepresidente estadounidense Joe Biden mencionó la batalla que se libra en Jamaica contra “las violaciones correctivas de las mujeres lesbianas” al hablar de la lucha mundial por los derechos de los gays. Esa expresión surgió hace algunos años en Sudáfrica, donde los ataques a mujeres lesbianas eran comunes en los barrios pobres.

El presidente estadounidense Barack Obama destacó la campaña de Jackson durante su visita de 24 horas a Jamaica a principios del mes, diciéndole a una multitud que valientemente decidió hacerse oír a pesar de que “como mujer y como lesbiana, la justicia y la sociedad a menudo no estaban de su lado” en Jamaica.

En esta isla de menos de 3 millones de habitantes, los activistas de la comunidad LGBT reciben pocas denuncias de agresiones sexuales. La principal organización defensora de los derechos de los gays de Jamaica, J-FLAG, ha documentado varios casos en los últimos años y la agrupación de Jackson dice estar al tanto de una docena aproximadamente.

Es imposible determinar la magnitud del problema en Jamaica, donde no hay una definición clara de lo que constituye un delito causado por la intolerancia y la policía no tiene estadísticas de los ataques a la comunidad LGBT.

Los activistas dicen que los homosexuales jamaiquinos prefieren no denunciar ataques o amenazas por temor a ser estigmatizados o culpados por lo sucedido. La organización Human Rights Watch dijo el año pasado que estaba al tanto de diez casos de agresiones sexuales—ocho a lesbianas, una a una mujer transgénero y otra a un hombre gay—en Jamaica, incluidas violaciones a punta de puñal o de revólver.

“Está claro, a juzgar por los testimonios de las víctimas, que la animosidad hacia la comunidad LGBT incide” en esos ataques, afirmó Graeme Reid, director del programa para esa comunidad de la organización de derechos humanos basada en Nueva York.

Incluso cuando los ataques son denunciados, llevar a los responsables a juicio es complicado por la ineficiencia del sistema judicial de Jamaica, el cual está abrumado. El principal inculpado en el caso de Jackson fue exonerado en el 2011, aunque ya había sido acusado de otras violaciones en el pasado.

Enid Ross-Stewart, directora de la unidad de delitos sexuales de la policía de la isla, dijo que los investigadores nunca recibieron denuncias de que alguien fue blanco de un ataque por su condición de homosexual y que está convencida de que “todas las personas que son violadas hacen la denuncia”.

A veces, las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales revelan sus experiencias solo después de que han salido del país.

La cantante de música reggae Diana King, que en el 2012 fue la primera artista musical jamaiquina que reveló públicamente que es lesbiana, dijo hace poco en un tuit desde su casa en la Florida que cuando tenía 13 años fue “violada en grupo por haber mirado fijo a otra muchacha”. En sus memorias del 2010, la escritora Stacey Chin, quien hoy vive en Brooklyn, dijo que fue marginada en la universidad de Kingston cuando comentó que era lesbiana y que un día varios estudiantes varones la llevaron a un baño y la agredieron sexualmente mientras le decían que la mujer había sido creada para que los hombres pudiesen disfrutar.

Algunas lesbianas jamaiquinas buscaron asilo en el exterior. En el 2008, Simone Edwards sobrevivió a un ataque en el que dos hombres le dijeron “sodomita” luego de pegarle dos tiros en la calle. Edwards recibió asilo en Holanda y su historia fue contada en el documental “El crimen abominable” en el 2013.

“Antes de dispararme, los tipos me decían muchacha sodomita, muchacha lesbiana. Venían y me decían ‘lo único que necesitas es una buena noche de sexo con un hombre”, comentó Edwards en una llamada telefónica desde La Haya.

La Associated Press generalmente no da a conocer los nombres de personas que han sido víctimas de agresiones sexuales, pero las mujeres mencionadas en este despacho han hablado en público de sus experiencias.

Si bien se percibe una creciente aceptación de la comunidad LGBT en algunos círculos de Jamaica, las actitudes antigay siguen siendo alimentadas por líderes eclesiásticos y por músicos reggae que condenan la homosexualidad. Igual que en otras naciones caribeñas, las relaciones sexuales entre dos hombres son ilegales en Jamaica y conllevan hasta 10 años de prisión y trabajos forzados, aunque las leyes contra la sodomía casi no son aplicadas.

Jackson está ganando renombre aquí y en el exterior por el trabajo de su organización. Pero pocas mujeres de la comunidad LGBT se atreven a dar la cara.

En Montego Bay, al norte, una lesbiana le dijo a la AP que no estaba lista para buscar justicia por una “violación correctiva” que sufrió en el 2011 a manos de un amigo de su hermano.

El hombre la acorraló y le dijo: “¿Crees que no sé quién eres? Te manejas como si fueras un hombre. Pero sé cómo te viste y sé quién eres”, relató.

La mujer, quien pidió permanecer anónima por temor a represalias de su agresor y a ser marginada por su familia, admitió que probablemente nunca denuncie la violación.

“Alguna vez pensé que si tenía un arma, mataría al hombre que me violó”, expresó la mujer, quien es una veinteañera. “Pero hago lo posible por mirar hacia adelante”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.