Vehículos y edificios en llamas, comercios saqueados y enfrentamientos entre manifestantes y agentes son las imágenes en la avenida West Florissant de Ferguson y sus alrededores, epicentro de la ola de disturbios raciales que desató el 9 de agosto la muerte de Brown, desarmado y con 18 años, a manos del agente blanco Darren Wilson.

La Policía Local usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y aseguró haber contabilizado más de una decena de disparos en la zona de las protestas, pero no ha trascendido por el momento que haya heridos.

El área de Ferguson, en San Luis, estaba desde la semana pasada bajo máxima alerta, con el FBI y la Guardia Nacional preparados para intervenir si las protestas convocadas para esta noche derivaban en fuertes disturbios como los de agosto.

El alcalde de Ferguson, James Knowles, expresó al New York Times su malestar por no ver a la Guardia Nacional en acción: “Están en la zona, no entiendo por qué no se han desplegado”, dijo.

El estallido de la violencia era precisamente el escenario que habían pedido evitar los familiares de Brown que, a pesar de estar “profundamente decepcionados” por el fallo judicial, dijeron en un comunicado que “responder a la violencia con violencia no es la respuesta”.

El presidente del Gobierno, Barack Obama, recordó el deseo de la familia en un discurso no previsto desde la Casa Blanca en el que llamó a la calma y pidió “contención” a manifestantes y agentes.

“En los próximos días -los agentes- tendrán que trabajar con la comunidad, no contra la comunidad, y distinguir al reducido núcleo de personas que quizás usen la decisión del gran jurado como una excusa para la violencia”, señaló.

Las protestas trascendieron Ferguson y se extendieron a Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Washington DC, Oakland y otras grandes ciudades del país, con un tono fundamentalmente pacífico salvo algunos incidentes aislados.

En la capital más de 300 personas pidieron “justicia” frente a la Casa Blanca, mientras que la Policía activó protocolos especiales por temor a disturbios.

La indignación se desató tras conocer que, Darren Wilson, el policía blanco que mató a Brown, seguirá libre y sin cargos al concluir un gran jurado que no hay pruebas suficientes para imputarlo.

Tras escuchar la versión de 60 testigos, el gran jurado decidió que no existe “causa probable” para imputar al agente, que el 9 de agosto disparó en repetidas ocasiones al joven de 18 años, desarmado, en circunstancias por esclarecer.

Los cargos que podría haber enfrentado Wilson abarcaban desde un máximo de 4 años de cárcel por homicidio involuntario a cadena perpetua o pena de muerte por asesinato en primer grado.

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

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En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

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Este martes por la mañana una emotiva procesión de casi 200 personas se dirigió a la iglesia Brandywine en Greenfield (Indiana, EE.UU.) para rendirle tributo a un niño de 10 años quien se suicidó después de sufrir un acoso escolar implacable, recogieron medios locales. Su funeral se llevó a cabo en la mañana de este miércoles.

Sammy Teusch se suicidó el pasado 5 de mayo por la mañana, según el medio local 13News. “Lo sostuve en mis brazos. Hice lo que ningún padre debería hacer, y cada vez que cierro los ojos, es todo lo que puedo ver”, comentó su padre, Sam Teusch. “Él era mi hijo pequeño. Era mi bebé. Era el más pequeño”, dijo la madre de Sammy, Nichole Teusch.

Acosado hasta la muerte

Según su familia el niño estuvo siendo intimidado hasta la noche antes de su muerte. También dijeron que el acoso comenzó el año pasado en la escuela primaria y continuó este año en la Escuela Intermedia Greenfield. “Al principio se burlaban de él por sus gafas y luego de sus dientes. Esto continuó durante mucho tiempo”, expuso Sam. Lo que empezó como palabras progresivamente se volvió físico, subrayaron. “Lo golpearon en el autobús escolar y los niños le rompieron las gafas y todo”, expuso su padre.

La familia de Sammy explicó también que el acoso progresó desde la escuela y el autobús hasta las redes sociales, incluso a pesar de que él tenía acceso limitado a su teléfono. “‘Te voy a dar una paliza. Te voy a dar una paliza cuando llegues a la escuela’”, recordó Sam. Sus padres dijeron que debido al acoso el niño se volvió retraído y dejó de abrirse. Ellos consideran que su suicidio se debió a que temía ir a la escuela después de un incidente en el baño y el ‘bullying’ constante.

La escuela

Los padres de Sammy Teusch dijeron que se comunicaron con la escuela de su hijo 20 veces por acoso e intimidación. “Llamé a la escuela y les dije: ‘¿Qué están haciendo al respecto? Sigue empeorando, empeorando y empeorando. Y no está mejorando. De hecho, está empeorando’”, comentó su padre. “Sabían que esto estaba pasando”, afirma Sam.

El superintendente de escuelas, Harold Olin, señaló a 13News que ni los padres ni el estudiante presentaron ningún informe de acoso. Sin embargo, admitió que los administradores y el consejero de la escuela tuvieron conversaciones regulares con la familia durante todo el año, aunque indicó que no podía compartir su contenido.