​El abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) Dante Leguizanon señaló que 115 líderes y militantes campesinos fueron asesinados o desaparecidos entre el 3 de febrero de 1989, fecha del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto de 2013.

Los datos se extraen del “Informe Chokokue” (campesino, en idioma guaraní), que presentó recientemente su organización, y que según los activistas muestra que “estos hechos no son aislados y se han convertido en un fenómeno recurrente en el país”, señaló Celina Giraudy, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Giraudy denunció la “impunidad estatal” y dijo que la Justicia paraguaya no ha emitido ninguna condena completa en las 115 muertes, sino sólo ocho “parciales”.

De los fallecidos, según el informe, había cuatro dirigentes campesinos con más de 60 años, nueve adolescentes, cinco niños -uno de ellos de 10 meses-, y una mujer embarazada fue violentamente golpeada en un proceso de desalojo de tierras, lo que causó la pérdida de su bebé.

Entre ellos también se encuentran Fermín y Luis, dos de los hermanos de Martina Paredes, quién en la audiencia contó cómo fueron desalojados violentamente durante una protesta en la que también resultó herido su hermano menor, Julián, quien “carga secuelas psicológicas”, al igual que su madre.

El secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, por su parte, Marcial Gómez, señaló que estos casos ilustran la “permanente violencia” y la “criminalización de los campesinos que luchan por el acceso a la tierra” en Paraguay.

La CIDH incidió en la importancia de evitar la impunidad porque de lo contrario se puede mandar “el mensaje de que se puede matar sin que el Estado responda”, dijo el comisionado James Cavallaro.

“Nada afecta más a la vigencia de los derechos humanos que la impunidad, debemos poner énfasis para combatirla”, dijo por su parte el comisionado José de Jesús Orozco, que advirtió del efecto “amedrantador” que tienen los ataques a los dirigentes de los campesinos.

El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Juan Miguel González Bibolini, rechazó las acusaciones y aseguró que a diferencia de los “oscuros años de la dictadura”, la situación de los derechos humanos en su país “puede ser supervisada” por organizaciones nacionales e internacionales.

En un esfuerzo conjunto con instituciones públicas y privadas el Gobierno Central con la Gobernación de Ñeembucú realiza intensas labores de limpieza en todo el departamento con máquinas trabajando sin parar, según la Secretaría de Obras Públicas.

Varias instituciones se unieron y pusieron a disposición maquinarias para ayudar con la limpieza en zonas completamente inundadas.

El Cauce Montuoso con la retroexcavadora del Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo prosigue con las tareas de cuneteo, junto a la ruta PY-19 para desviar el agua del cauce natural y evitar inundaciones.

En la Compañía Medina (Puente Lázaro), la retroexcavadora N°2 de la ARP se encuentra realizando la limpieza de cunetas, líneas de tubos y puentes para mejorar el estado de la infraestructura vial en la zona.

En Villalbin, la retroexcavadora con palita colabora con los productores de la zona en el transporte de balanceados y víveres, además de brindar apoyo en la limpieza de la zona.

En Cauce Paso Pucú (Zona Puesto Torres Norte, Puente Señorita), la retroexcavadora anfibia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra trabajando en la zona para remover sedimentos y desobstruir el cauce hídrico.

En los caminos de General Díaz camiones de la Gobernación, en conjunto con maquinarias del MOPC, intensifican las tareas de limpieza en los caminos de la zona; mientras que en el barrio La Eliza de Pilar y alrededores de la rotonda continúan los trabajos de limpieza y drenaje con maquinaria de la Gobernación para mejorar las condiciones viales en el sector.

El fiscal Luis Trinidad Colmán consiguió una condena de 20 años de pena privativa de libertad para Gustavo Antonio Medina Velázquez (46), hallado culpable del homicidio doloso de su hijastro.

El crimen se cometió en represalia contra la madre por haber terminado la relación con el acusado, quien inicialmente fue sentenciado a 5 años de prisión por violencia familiar.

El juicio oral concluyó este viernes 26 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este. En la ocasión, el fiscal produjo pruebas irrefutables contra el acusado, por lo que los jueces Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo, integrantes del Tribunal de Sentencia, emitieron el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el homicidio ocurrió el 7 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en la vía pública del Sector III del barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná, resultando víctima fatal Gustavo Gómez Melgarejo.

Aquella vez, el joven se despidió de su madre Bella Rosa Melgarejo y salió de la casa como para dirigirse a su lugar de trabajo. Pero, a metros del lugar, fue atacado por Gustavo Antonio, quien le aplicó una puñalada en la zona lumbar derecha.

El herido gritó del dolor y cayó al suelo, siendo posteriormente auxiliado por familiares y trasladado a un centro asistencial, donde falleció el 17 de mayo.

Mientras, el autor del crimen escapó del lugar y luego le envió un mensaje, vía celular, a su expareja y madre de la víctima, culpándola por la muerte de su hijo y advirtiéndola que la próxima sería ella la asesinada. En el escenario del ataque fue hallado el puñal utilizado para el crimen.

Medina Velázquez permaneció prófugo y declarado rebelde, hasta que el 6 de junio de 2021 fue reducido por sus vecinos, quienes lo sometieron a una golpiza antes de entregarlo a la Policía y quedó a cargo del Ministerio Público y el Juzgado.

Paralelamente, Gustavo Medina Velázquez enfrentó un proceso por violencia familiar ejercida en contra de su expareja Bella Rosa Melgarejo, a quien maltrataba sistemáticamente durante el tiempo que duró la relación.

El mismo fue acusado por la fiscal Susan Vega y posteriormente condenado a 5 años de prisión el 28 de febrero de 2024 por el mismo Tribunal compuesto por Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo.

La agente fiscal Sara Torres, de la Unidad Zonal de Limpio, dispuso el resguardo de una mujer de 44 años, víctima de un presunto caso de violencia familiar y lesión grave. A la vez, ordenó la detención del supuesto autor, Paulino Vallejos Giménez de 46 años, expareja de la afectada.

Es en la causa caratulada “Investigación fiscal s/ violencia familiar y lesión grave”, ocurrido en la madrugada de este sábado en la ciudad de Limpio.

El sospechoso, una vez detenido, debe guardar reclusión en la Comisaría 9° Central a disposición del Ministerio Público. La fiscal además dispuso el control aleatorio de efectivos policiales en la vivienda de la víctima.

El hecho esta madrugada, cuando la víctima recibió un mensaje de texto de su expareja, quien le decía que se acercaría en hora más tarde a la vivienda. La mujer le mencionó que se encontraba descansando. E n ese ínterin, Paulino violentó la puerta principal de la casa con un objeto de madera, ingresó y la atacó con golpes de puño y patadas.

Asimismo, rompió las pertenencias del hogar y la amenazó de muerte. Posteriormente se dio a la fuga.

El hombre aparentemente se encontraba en estado etílico, y según los datos, ya contaba con una orden de alejamiento emanado por el Juzgado de Paz de Limpio.