De acuerdo con un comunicado dado a conocer por la organización, uno de los sectores más importantes del abastecimiento alimentario nacional es al mismo tiempo una de las más amenazadas con los riesgos del cambio climático. Cada vez más, se desnudan las precariedades productivas del sector y la desidia de la política pública de no promover a un sector tan estratégico para la alimentación nacional.

La migración de jóvenes y adultos del campo a las ciudades y al extranjero ha generado una crisis social en las familias campesinas por lo que se identifican varios problemas, como la escasa cobertura de servicios para el desarrollo de las familias campesinas por parte del Estado, la descoordinación interinstitucional y falta de articulación entre los programas ejecutados por diferentes organismos estatales, el abandono o venta de fincas debido a la presión de la agricultura empresarial y la falta de alternativas productivas en la agricultura campesina, la amenaza a la soberanía alimentaria, y el nulo acceso a educación de calidad.

Por esta situación, el sector propone iniciar un debate con las instituciones estatales responsables del desarrollo agrario para establecer un marco agrario nacional que aborde las necesidades actuales del campo. Se plantea la necesidad de consensuar un programa nacional de producción de alimentos que incluya la habilitación, regularización y acceso a la tierra, la recuperación y conservación de suelo, maquinarias e infraestructuras para la producción, conservación y transformación de la materia prima, mejores condiciones para la comercialización de los productos, y la aistencia financiera.

“Es necesario establecer políticas y acciones concretas para fortalecer la agricultura familiar campesina y garantizar la soberanía alimentaria del país. El debate y la acción coordinada entre el Estado, las organizaciones campesinas y otros actores son fundamentales para enfrentar los desafíos actuales del sector agrario”, refiere el sector.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.