En contacto con la 650 AM, el concejal Félix Ayala (PLRA) se refirió a la propuesta del edil Martín Arévalo (ANR), quien presentó una minuta para ampliar el cupo de maquinas electrónicas habilitadas para operar en la ciudad de Asunción, para pasar de 1.500 a 2.500 aparatos tragamonedas.

Explicó que durante la sesión realizada este miércoles en la Junta Municipal se decidió enviar de vuelta a la Comisión de Legislación el texto para un mejor estudio. “Fue muy apresurado el tratamiento que se le quiso dar”, añadió

Señaló que entre los argumentos expuestos por los que apoyan la minuta figuró que la Comuna necesita recaudar más. “Sin embargo, el tema de las maquinitas llevará su tiempo, entonces yo les dije que no veía la urgencia de tratar y aprobar hoy, ni siquiera la próxima semana. Yo diría que esto cae de maduro que es innecesario”, aclaró.

Ayala sostuvo que en este caso existe una incoherencia, ya que el propio gremio de empresarios dice que “no es necesario ampliar la cantidad de máquinas tragamonedas”.

Consideró que el aumento de recaudación no pasa por la modificación de la regulación de las máquinas. “Hay que hacer un estudio, y mientras no se haga, no se puede modificar”, agregó.

El concejal además expresó que se siente decepcionado por la forma en que se está administrando la Municipalidad de Asunción. “Acudir a esta especie de salvataje es absurdo”, indicó.

Por otro lado, ante las dudas sobre la transparencia y el destino que el intendente Arnaldo Samaniego le da a lo recaudado en concepto de juegos de azar (que debe ser depositado al Ministerio de Hacienda, para que un porcentaje vaya a la Diben), dijo que “de confirmarse que la Municipalidad no hace los depósitos de cánones sería gravísimo, pasible de juicio al intendente”. Añadió que por ese motivo pedirán a la Junta que envíe un pedido a Hacienda, para que este explique los montos que la Comuna depositó por dicho concepto.

UN MILLÓN DE DÓLARES

Este caso salió a luz por un fuerte lobby de empresarios brasileños interesados en el negocio, e incluso se habla de una promesa de US$ 1.000 por cada máquina habilitada. Es decir, se embolsará 1 millón de dólares.

Los que estarían detrás de la modificación son los ediles colorados Yamil Esgaib, quien está vinculado a empresas explotadoras de casinos y bingos en Asunción, y Martín Arévalo, mentor de la minuta, además de Gustavo Samaniego, hermano del actual intendente.

Luego de la viralización del video y la correspondiente denuncia, finalmente la Policía logró detener el día de ayer a Guido Renato León Duarte, alias “Renato’i”, de 31 años.

El hombre es acusado por el homicidio de Alfredo Ramón Segovia Vera (36), ocurrido en la madrugada del miércoles en una bodega situada en el barrio San Isidro de Ciudad del Este.

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La detención se produjo en la vivienda de un familiar suyo, ubicada en el Km 11 Monday de la ciudad de Presidente Franco. De su poder incautaron el cuchillo con el que habría apuñalado a la víctima.

La filmación de circuito cerrado muestra el momento en que “Renato’i” propinó una estocada a Segovia a la altura del abdomen, la cual posteriormente acabó causándole la muerte. El motivo del ataque sería la negativa de la víctima a comprarle cerveza.

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León es un conocido adicto a las drogas y contaba con medidas alternativas a la prisión por un hecho de robo agravado, además de poseer antecedentes por resistencia y violencia familiar.

Al ser entrevistado por algunos medios, el ahora detenido dijo que actuó en defensa propia, ya que el fallecido supuestamente le había propinado un golpe por la cara, sin embargo, el video muestra que tal cosa nunca sucedió.

La actividad que busca rendir homenaje a los trabajadores de la construcción en general, en específico y principalmente a los albañiles, se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de mayo, en la sede de la Gobernación de Caaguazú.

Mediante este concurso, los participantes también podrán ingresar a una base de datos para conseguir empleos, además de la posibilidad de acceder a capacitaciones para ampliar sus conocimientos en el ámbito de la construcción, que cada día va adquiriendo nuevas tecnologías.

“Los trabajadores de la construcción, con su labor, efectivamente son quienes están construyendo nuestro país. El oficio de constructor es sacrificado, es por ello que desde el MOPC queremos garantizarle la continuidad en sus trabajos y el crecimiento en este oficio”, señaló durante el evento, la ministra Claudia Centurión.

Rendir un homenaje al importante trabajo de los albañiles

“El trabajo, el sudor del día a día les permite sacar adelante a sus familias (..) Este campeonato nacional para nosotros es realmente importante. Estamos comprometidos en este trabajo en conjunto”, destacó por su parte el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, quien adelantó que, con la base de datos, buscarán seguir impulsando oportunidades laborales.

Asimismo, el viceministro Víctor Villasboa, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), señaló que la ocasión es propicia para rendir un homenaje a los compañeros de trabajo que están día a día en las obras.

El agente fiscal Edgar Modesto Torales Gamarra, de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, resolvió imputar a Carlos Yeruta Velotto por el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El hombre es concejal municipal de la ciudad de 3 de Febrero, departamento de Caaguazú.

El ahora imputado es padre biológico 3 niños menores y en ese carácter no cumplió con la prestación alimenticia fijada el 15 de noviembre de 2023.

El hombre ha incumplido la prestación a favor de sus hijos, provocando de ese modo el empeoramiento de la calidad de vida de sus hijos menores, circunstancia que se acredita con el informe del Banco Nacional de Fomento y la manifestación de la denunciante. En este sentido, el informe señala que lo adeudado hasta la fecha de imputación asciende a la suma de G 11.341.000.

En relación a las medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, sugiriendo las siguientes condiciones: 1) Obligación de presentarse el imputado los primeros diez días de cada mes ante el Juzgado Penal de Garantías, a fin de firmar el libro de comparecencia habilitado al efecto; 2) Prohibición de cambiar domicilio sin autorización judicial; 3) Prohibición de salir del país, sin autorización judicial; 4) Otras medidas que el Juzgado considere pertinente.

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