En contacto con radio Ñanduti, Dyrsen Medina (27), la hija del periodista asesinado, relató las vivencias que registró cuando estaba con su padre y cuál es su situación tras la muerte de Pablo Medina.

Estudió dos años de periodismo, pero por temor dejó la carrera. “Él nunca me apoyó en mi carrera, pero ante mi decisión no le quedó de otra”, comentó.

“Ahora está en stand by mi carrera. Yo viví con él (su padre) en la frontera y viví muchas cosas. Recibía muchas amenazas mi papá”, indicó.

La joven contó además que siendo adolescente, fue víctima de un intento de secuestro a la salida del colegio. “Una camioneta me persiguió. Mis compañeros me ayudaron a llegar rápido a mi casa. Eso fue cuando tenía 13 o 14 años”.

Por todas las amenazas, hace varios años, la mujer debió mudarse a la ciudad de Asunción.

Medina relató que el día del crimen estaba en su casa (en la capital) y recibió una llamada de una amiga. “Yo tenía la esperanza de ir a encontrarle con vida a mi papá. De inmediato me fui (a Canindeyú) al enterarme de la noticia”, agregó.

SIN SEGURIDAD

La mujer señaló que, pese a estar al tanto de todas las investigaciones de Pablo Medina, aun no fue convocada para declarar sobre este caso y confirmó que no posee seguridad. “Lamentablemente, no. Me encantaría (que me pongan custodia). Es más en las condiciones que estamos, es terrible. Yo hasta para salir en la calle tengo miedo. Es fundamental que tenga guardia, y no solo yo, sino también mis hermanos y mis abuelos”, indicó.

Medina dijo que sus abuelos, que viven en Capiibary, tuvieron que acercarse hasta la comisaría a pedir protección policial ya que hasta hoy nadie se la había ofrecido. Señaló que al parecer ya poseen el resguardo.

Por último, Dyrsen Medina solicitó justicia para su padre. “No estamos más nosotros para soportar otra tragedia. Tres hermanos ya son mucho (su padre más dos tíos asesinados)”, puntualizó.

Este miércoles en horas de la tarde se registró un hecho de arrollamiento sobre la avenida Roberto Cubas del Km 7 barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este.

Resultó víctima de este episodio un niño de solo 13 años de edad, quien se encontraba realizando actividades físicas en compañía de su padre.

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Medios locales señalan que una automovilista atropelló con su vehículo al menor y siguió su camino sin detener la marcha. Gracias a la intervención policial, la misma acabó siendo detenida.

Se trata de Cynthia Lorena González Fleitas, de 38 años, quien estaba al mando de un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz de color plata, con chapa AAEJ 074.

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La mujer fue alcanzada por agentes de la Comisaría 2da del barrio Ciudad Nueva y posteriormente sometida a la prueba de alcotest, arrojando como resultado positivo de 1.004 mg/L.

Una vez demorada y puesta a disposición del Ministerio Público, el fiscal Gabriel Segovia ordenó su prisión preventiva. Por su parte, la víctima fue derivada por bomberos voluntarios hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención médica.

“Algo tienen, por eso tomaron la decisión de investigar”, dijo a la 730 AM, el abogado Marcio Batilana, experto en derecho internacional que cuenta con varios litigios en EEUU. El mismo subrayo que además del uso de sistema bancario estadounidense que utilizaron grupos irregulares de otros países, la legislación norteamericana contempla la incursión en asuntos que consideran de importancia de ese país, aún sin que el dinero “sucio” utilizara sus conductos financieros.

Explico que en la diversa gama de envíos de dinero a EEUU, que se encuentran en vigencia, algunas son más abiertas a otras en el aspecto del control.

En Colombia, en tanto, medios de comunicación que siguen el caso Pecci, señalan que la presencia de funcionarios de la DEA, habrían ofrecido algunas soluciones legales estiladas en EEUU, para que los sicarios aporten datos claves sobre la autoría moral del crimen, a cambio de “importantes compensaciones”.

En ámbito judicial colombiano, llama la atención el inusitado interés estadounidense, respecto al magnicidio ocurrido en el exclusivo balneario de Barú, en dónde ultimaron al fiscal antimafia paraguayo.

Cabe indicar qué el gobierno de Estados Unidos, mantiene una recompensa de US$ 5 millones, para personas o grupos que ayuden a detectar al autor moral del asesinato de Pecci.

Registros dados a conocer por la gobernación Central, consigna un descenso de nivel exponencial, en los últimos dos años. Factores como la pandemia que golpeó con mucha fuerza al sector, así como el mal servicio que obligó a la migración hacia motos y autos, se sumaron para poner al negocio en un rango crítico.

En conversación con medios de comunicación, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, señalo que la caída del número de buses que cubren área metropolitana y capital fue de 2.500, dos años atrás, a 1.700 en la actualidad.

El bajón se traduce en reducción drástica de flujo de colectivos en horas pico, lo cual lleva al hacinamiento en parada de buses, y retraso de horas para llegar a destinos laborales o de estudio. Las quejas diarias, generalizadas, de usuarios del transporte público, no tienen aún retorno en cuando a soluciones de corto plazo.

El problema ya causó la primera destitución en el gobierno, que afecto al titular del viceministerio del transporte. A la par anunciaron la constitución de una mesa de trabajo cuya primera misión, es esgrimir salidas al drama.

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Desde la administración centralina, en tanto, lanzaron una propuesta para el Parlamento, que contiene aspectos que, desde su perspectiva, pueden solucionar parte de la crisis.

Mientras se da este cuadro, en ámbitos de empresas que explotan el negocio de buses, comienzan a lanzar advertencias de que podría ir al paro, en demanda de “ajustes”, que en otros términos significa exigencia de suba de precios del boleto.