El retraso se registra desde hace semanas y las autoridades del país aún no se han pronunciado, pese a que muchos ciudadanos -la mayoría personas de más de 60 años- debían inyectarse la segunda dosis a los 21 días, pero llevan casi dos meses en espera.

Aunque la situación no se presenta exclusivamente en Venezuela, por un problema en la producción de estas vacunas, los representantes de la salud y de diversos sectores reclaman respuestas a las autoridades, que han sido ampliamente criticadas por el “desorden” en el proceso de vacunación.

Rusia ha dicho que el tiempo de inoculación entre la primera y segunda dosis puede ser de hasta 180 días, pero el silencio y la falta de datos sobre la llegada de un nuevo lote de vacunas mantienen a la población bajo “incertidumbre” y “preocupada”, sostiene en conversación con Efe el director de la ONG Médicos Unidos, Jaime Lorenzo.

FALLOS EN EL PLAN DE VACUNACIÓN

El doctor señaló que, “si hubiera un plan de vacunación” ordenado y público en Venezuela, este error de gestión de las dosis recibidas, sin tener garantías para completar la pauta, no se registraría.

“Si usted tiene un plan de vacunación, debe tener la seguridad de, si van a ser dos dosis, tener las segundas dosis suficientes para cubrir lo que estabas haciendo”, indicó.

En un recorrido por varios puntos de vacunación en Caracas, Efe constató que la Sputnik V está ausente en cada uno de ellos y, aunque los funcionarios se niegan a hablar a las cámaras, confirman que la única vacuna en existencia es la china Sinopharm.

“A mí me pusieron la Vero Cell de Sinopharm”, comentó a Efe el jubilado Ildefonso Castán, de 60 años, que aseguró sentirse a gusto con el proceso de vacunación.

La situación es distinta para quienes han sido vacunados con la Sputnik V, pues tienen que visitar constantemente su centro para preguntar si ya llegaron las segundas dosis, como en el caso de la señora Sixta, de 65 años.

“Me dijo el muchacho que estaba esperando y que viniera a cada rato a preguntar para ver cuándo llega la vacuna”, relató a Efe.

LOS CONVENIOS DE ADQUISICIÓN DE VACUNAS

Venezuela ha anunciado acuerdos para adquirir veinte millones de vacunas con Rusia -diez de Sputnik V y diez de EpivacCorona-, doce millones de unidades del fármaco Abdala con Cuba, y con el mecanismo Covax, que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS), para un poco más de once millones de dosis, pero no se ha informado públicamente de los convenios con China.

El Gobierno ha difundido la llegada de 1.800.000 dosis de la china Sinopharm, divididas en dos cargamentos, y de 1.430.000 unidades de la Sputnik V en ocho lotes, el último, el pasado 12 de junio.

Según estos datos, Venezuela ha recibido, desde febrero, 3.230.000 vacunas.

El 24 de junio, además, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la llegada de un lote de la vacuna cubana Abdala -en fase de ensayo en La Habana-, pero sin detallar la cantidad.

A inicios de julio, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el país contaba con vacunas en existencia para inmunizar al 20 % de la población, es decir, unos seis millones de personas, pero no aclaró cuándo llegaron estos fármacos ni a cuál laboratorio pertenecían.

Desde entonces, las autoridades venezolanas no han ofrecido más detalles sobre nuevas llegadas, aunque se espera que en las próximas semanas el país reciba dosis de Covax, según anunció la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hasta el domingo 25 de julio, en Venezuela se había vacunado a un total de 3.612.473 ciudadanos, de acuerdo con los datos ofrecidos por el presidente, quien prometió inmunizar al 70 % de la población este año, unos 22 millones de personas.

La promesa fue cuestionada reiteradamente, ya que el proceso sigue siendo lento y en el recorrido realizado por Efe solo se constataron largas filas de personas en espera para ser vacunadas en dos centros. Los otros tres estaban casi vacíos y con una vigilancia estricta.

El Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que la demora en la llegada de vacunas se debe a las sanciones que EE.UU., la Unión Europea y otros países han impuesto a Venezuela, una carencia que -aseguró- se estaba mitigando gracias a países “amigos”, como Rusia o China.

Pero a la fecha, el mayor problema en el proceso de vacunación se presenta, precisamente, por al escasez del fármaco ruso.

Venezuela acumula hasta la fecha 306.673 contagios y 3.607 fallecimientos, y hace una semana se anunció la llegada de la variante delta por lo que los gremios y la oposición han urgido nuevamente a acelerar el proceso de inmunización.

El triple homicidio se produjo la madrugada del sábado, en la localidad de Cañete, a 500 km al sur de Santiago, el mismo día en que la institución policial celebraba un nuevo aniversario.

Fue considerado el peor atentado contra fuerzas policiales en la zona, donde se producen frecuentes atentados incendiarios, sobre todo a maquinaria forestal.

“Este es un tipo de ataque que no se había visto nunca” en Chile, dijo en una entrevista con Canal 13 ministra Tohá.

Lo inusitado del hecho se sostiene en “el nivel de violencia” y el despliegue de recursos empleados en su ejecución, explicó la ministra.

Los policías fueron emboscados cuando concurrían a bordo de una camioneta blindada a fiscalizar el cumplimiento de una medida de prisión nocturna. En el camino, protagonizaron varios enfrentamientos.

Los carabineros murieron debido a impactos de bala. Una vez fallecidos fueron subidos a la parte de atrás de la camioneta, a la que se le prendió fuego. Les robaron las armas que portaban y sus cascos, detalló la ministra Tohá.

“Los asesinaron fuera (de la camioneta) y no se sabe en qué circunstancias. No se sabe tampoco por qué se bajaron (del vehículo)”, señaló.

Cuatro fiscales llevan adelante la investigación y por ahora ningún grupo se ha adjudicado el ataque. Tres comunas de la provincia de Arauco quedaron bajo toque de queda nocturno.

La ministra reafirmó en su cargo al director general de la policía, Ricardo Yáñez, que debe enfrentar el 7 de mayo una audiencia de formalización por su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos en las protestas de octubre de 2019.

“En este momento no puede haber cambios en el mando de carabineros”, dijo Tohá.

La zona donde ocurrió el ataque se encuentra bajo resguardo militar debido a los atentados incendiarios que allí se registran, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.

Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión del presidente Gabriel Boric, en marzo de 2022.

En la zona también han sido desbaratadas bandas dedicadas al robo de madera.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.