Durante una conferencia de prensa desarrollada esta mañana en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), distintos gremios lamentaron el más reciente escándalo sobre ingreso masivo de contrabando al país, bajo la complicidad de los organismos de control.

En ese sentido, apuntan directamente contra la gestión de la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando (UIC), a cargo de Emilio Fuster, la Armada Paraguaya -cuyo comandante es el Almirante Carlos Velázquez- y la Policía Nacional, señalando que “amerita una reacción firme y aleccionadora” por parte del gobierno.

Con estos hechos que han trascendido recientemente se habla de una “descarada impunidad”, considerando que no existen registros de denuncias contra los responsables del ilícito y que esto se realizó bajo conocimiento de las autoridades, refiere el pronunciamiento.

“Es un momento en el que claramente hay que decir ‘son ellos o nosotros’, es la delincuencia organizada o el país formal”, sostienen desde los gremios empresariales.

Las imágenes que fueron difundidas en redes sociales y medios de comunicación así como las explicaciones brindadas por el ministro Emilio Fuster y el Comandante Carlos Velázquez “desalientan e indignan de sobremanera”, expresaron durante la conferencia. “Como paraguayos, nos resulta ofensivo el descaro con que se ha tratado de explicar lo inexcusable”.

Los gremios exigen a las autoridades competentes que puedan cumplir con su rol y actuar en el marco del Estado de derecho, castigando a los que violan la ley, sin importar sectores, afinidades políticas, parentesco o cualquier otra cuestión.

“Hoy, en medio de un escenario económico de enormes desafíos y magros resultados, pedimos a quienes hoy están al frente de las instituciones de referencia den un paso al costado, o al Ejecutivo realizar los cambios necesarios para replantear esta lucha”, señala el pronunciamiento, haciendo referencia al pedido de destitución de Emilio Fuster y Carlos Velázquez.

Finalmente, afirman que “no están dispuestos a transigir en este reclamo” y anuncian que no volverán a participar de reuniones ni mesas de trabajo vinculadas a la lucha contra el contrabando hasta que “no hayan sido testigos de una firme decisión”.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

Te puede interesar: Vehículo sufrió desperfecto y acabó consumido por las llamas

El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

Leé también: Dan el último adiós a la escribana y su hijo, mientras sigue búsqueda de la pequeña Isabela

Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Te puede interesar: Criptominería en inmueble de Cuevas: factura de G. 500.000 vs consumo real de G. 800 millones

Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

Leé también: Sospechoso incendio de Caja de Jubilados: dedos acusadores contra funcionario

Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

Nota relacionada: En propiedad de Miguel Cuevas intervienen una granja ilegal de criptomonedas

En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

Leé también: Gobierno busca fortalecer sistema eléctrico mediante modificación de dos leyes

Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.