Los médicos forenses que realizan exámenes post-mortem de cuerpos en fosas comunes al norte de Kiev dicen que han encontrado evidencia de que algunas mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas por las fuerzas rusas.

“Ya tenemos algunos casos que sugieren que estas mujeres habían sido violadas antes de ser asesinadas a tiros”, dijo Vladyslav Pirovskyi, un médico forense ucraniano que, con un equipo de forenses, ha realizado decenas de autopsias a residentes de Bucha, Irpin y Borodianka que murieron durante la ocupación rusa de la zona en el último mes.

“No podemos dar más detalles ya que mis colegas aún están recolectando datos y todavía tenemos cientos de cuerpos para examinar”, afirma en comentarios citados por The Guardian.

El equipo de Pirovskyi ha estado examinando unos 15 cuerpos al día, muchos de ellos mutilados. “Hay muchos cuerpos quemados y cuerpos muy desfigurados que son simplemente imposibles de identificar”, dijo. “La cara podría romperse en pedazos, no puedes volver a armarla, a veces no hay cabeza en absoluto”.

Dijo que los cuerpos de algunas mujeres que habían examinado mostraban signos de que las víctimas habían sido asesinadas por disparos automáticos, con más de seis agujeros de bala en la espalda.

Oleh Tkalenko, fiscal principal de la región de Kiev, dijo que los detalles de las supuestas violaciones se enviaron a su oficina, que está investigando circunstancias como la ubicación y la edad de las víctimas.

“Los casos de violación son un asunto muy delicado y sensible”, dijo Tkalenko. “Los médicos forenses tienen la tarea específica de revisar los genitales de las víctimas femeninas y buscar signos de violación”.

Un forense extranjero que trabaja al norte de Kiev y que pidió permanecer en el anonimato le dijo a The Guardian que algunos cuerpos “están en tan mal estado que no es fácil encontrar señales de violaciones y abusos sexuales. Pero estamos recopilando evidencia en algunos casos de mujeres que creemos que fueron violadas antes de ser asesinadas”.

Tras la retirada de las tropas rusas de las ciudades y los suburbios de la capital, decenas de mujeres han contado a la policía, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos las atrocidades que dicen haber sufrido a manos de los soldados rusos. Los investigadores han escuchado testimonios de violaciones en grupo, agresiones a punta de pistola y violaciones cometidas frente a niños.

La comisionada de derechos humanos de Ucrania, Lyudmila Denisova, ha documentado oficialmente los casos de 25 mujeres que fueron retenidas en un sótano y violadas sistemáticamente en Bucha, una ciudad al norte de Kiev ahora sinónimo de crímenes de guerra rusos. Las autoridades advirtieron que esos casos podrían ser la punta del iceberg y acusaron a las tropas rusas de usar la violación como instrumento de guerra.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo en un comunicado la semana pasada que cientos de mujeres habían sido violadas por soldados rusos. Las autoridades ucranianas se han negado a dar cifras exactas o detalles sobre dónde ocurrieron las violaciones o las edades de las víctimas.

Rusia ha negado repetidamente haber atacado a civiles durante la guerra, incluso cuando se han acumulado pruebas de lo contrario.

Tkalenko dijo que las mujeres se resistían a presentar informes policiales sobre actos de violencia sexual porque creían que los perpetradores no serían atrapados. En su lugar, se pusieron en contacto con psicólogos y médicos en busca de ayuda.

“Los psicólogos trabajan con las víctimas de violación y luego con los detectives”, dijo Tkalenko. “Las mujeres son muy reservadas y la información sobre casos de violación es más cerrada”.

Gran parte de las pruebas recopiladas por los fiscales ucranianos pronto se enviarán a la Corte Penal Internacional (CPI), que ha iniciado una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania.

Un voluntario que viajó a áreas liberadas al norte de Kiev el 1 de abril para ayudar a evacuar a los residentes dijo que se encontró con tres mujeres desnudas que salían de casas y sótanos. Una había sido golpeada brutalmente y se la llevaron en ambulancia. El voluntario dijo que también fueron testigos de otras 10 mujeres dando declaraciones a la policía sobre haber sido violadas.

“Lo que suele pasar es que las víctimas de violación inicialmente quieren contar su historia, pero luego se van y no es hasta meses después que vuelven a hablar”, dijo la fuente a medios internacionales.

Se espera que el trabajo de los forenses avance y se sigan recopilando pruebas sobre las posibles violaciones sexuales y otros crímenes de guerra perpetrados durante la invasión rusa en Ucrania.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.