Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Senado analizó el proyecto de ley “Comedores y Centros Comunitarios”, el cual pretende dar sostenibilidad a estos sitios donde cientos de personas de escasos recursos acuden a diario para recibir alimentación.

Finalmente el proyecto fue aprobado con una serie de modificaciones, teniendo como base el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social.

Uno de los principales cambios tiene que ver con el objetivo de la propuesta, pues se amplía el margen de acción al hablar de la seguridad alimentaria de niños y adolescentes hasta 18 años de edad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, mujeres embarazadas y población de comunidades indígenas, mediante la provisión de insumos para preparación de alimentos.

Así también, se menciona el fortalecimiento de los Centros Comunitarios orientado al desarrollo de capacidades locales con el fin de promover cambios, la identificación de talentos e incorporación de habilidades, participación, compromiso y responsabilidad en la intervención social, como acción complementaria en el desarrollo de la comunidad, trasformando la realidad con acción y autogestión.

El programa de comedores y centros comunitarios tendrá cobertura nacional y será gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que estará a cargo de articular las acciones que sean necesarias para su cumplimiento.

En el texto también se incluyó entre las organizaciones solicitantes (además de las comisiones vecinales, centros comunitarios, asociaciones, fundaciones y comunidades indígenas) a otras organizaciones autorizadas en el Manual Operativo que deberá ser elaborado por el MDS.

Todos los comedores y centros comunitarios beneficiarios de esta ley deberán tener una clara localización georreferenciada, a fin de favorecer los controles y la transparencia, así como se establecerá un sistema de verificación periódica que garantice el correcto uso de los recursos y efectivo desarrollo de los componentes.

El Ministerio de Desarrollo Social, en forma anual, deberá remitir a la Contraloría General de la República, con copia al Congreso Nacional, la lista de Organizaciones Comunitarias incorporadas al Programa, como así también la de beneficiarios finales.

En el dictamen de la comisión también se han incluido algunas disposiciones transitorias, con una propuesta de modificación a la programación de los Ingresos dentro y de los Créditos Presupuestarios del Presupuesto General de la Nación 2022.

El proyecto de Comedores y Centros Comunitarios pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

Jannina Rodríguez, encargada de Parques del MOPC, indicó que el horario de visitas será el habitual, de 05:00 a 21:30 horas, con permanencia hasta las 22:00. “Vamos a esperarles con toda la linda experiencia que tenemos dentro de nuestros parques”, indicó.

Por otra parte, señaló que estos espacios no solo sirven para caminar o hacer ejercicio, sino también para realizar otras actividades en familia. “Pueden traer su mantita, poner en el pasto, venir con los chicos y hacer actividades en familia”, señaló.

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Agregó que, por ejemplo, hay una zona exclusivamente para las infancias, como un parque inclusivo, una biblioteca para niños, la ludoteca dirigida a chicos de hasta 10 años, y todo con acceso totalmente gratuito. “Les invitamos a que vengan con los más pequeños a disfrutar de la naturaleza y desprenderse un poco de la tecnología”, expresó.

MÁS DE 60.000 USUARIOS

En cuanto a la concurrencia estimada, Rodríguez dijo que normalmente los días feriados y domingos son los de mayor afluencia, con más o menos 40.000 visitantes, solamente en el parque Ñu Guasú; mientras que el Guasú Metropolitano recibe a unas 20.000 personas.

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Instó finalmente a cuidar estos parques y mantenerlos limpios de manera a tener un entorno armónico, así como se merecen todos los usuarios.

La iniciativa contaba con media sanción en la Cámara Baja, pero en sesión extraordinaria de la Cámara Alta fue rechaza, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Legislación, que sugirió el rechazo.

Tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, para hacerla compatible con la seguridad de personas, bienes y de otros animales. Para la senadora Celeste Amarilla, se trata de una cuestión que se debe regular con instrumentos jurídicos menores y no con una Ley.

La iniciativa surgió tras los reiterados casos que involucraron a perros de la raza pitbull donde personas o animales terminaban dañados físicamente.

El tema fue suficientemente debatido, con audiencias públicas, consultas con profesionales e instituciones correspondientes.

Cabe recordar la vigencia de la ley N° 5.892/17, que modifica los artículos 10° y 38° de la Ley N° 4.840/13 - “De protección y bienestar animal”, que establece entre las funciones de la Dirección de Bienestar Animal, una reglamentación para la tenencia de animales peligrosos.

El fiscal Jorge Escobar, responsable de la investigación, formuló la imputación contra el agente del Grupo Lince porque carecía de registro de conducir al momento en que ocurrieron los hechos.

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La tragedia ocurrió el pasado 24 de abril cuando un vehículo Toyota, modelo Premio, en el que iban cinco personas para el egreso del curso Lince en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), fue arrastrado por el raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

Madre e hija murieron en el siniestro, y tres agentes del Grupo Lince lograron salir del vehículo, uno de ellos era quien manejaba el rodado y, según los datos, solicitó su registro un día después del accidente.

“Eso se pudo contrastar con la OPACI, que es la organización que nuclea a los organismos municipales, donde se pudo constatar la misma información, por lo tanto hemos solicitado la ampliación de la imputación. Pedimos también las medidas alternativas para este efectivo policial” explicó el fiscal a la radio 780 AM.

La carencia de licencia es un delito penal tipificado en el artículo 217, que tiene dos incisos, uno de ellos habla de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, hecho por el que el agente Lince fue imputado.

En la causa ya está imputado el intendente de Luque, Carlos Echeverría, por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo.

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