La Fiscalía inicia pesquisas sobre la explotación ilícita de juegos de azar

Tras la difusión de esquemas ilegales en el negocio de juegos de azar, principalmente el de tragamonedas, se conforman equipos de fiscales para atender denuncias. La apertura del Ministerio Público se dio en la misma semana que el programa “Tierra de nadie”, del canal GEN, instalara el tema de la clandestinidad en el rubro, sin generar un solo guaraní al tesoro público.

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La difusión de fuertes esquemas de explo­tación clandestina de máquinas tragamone­das activó el debate político en el Congreso de la Nación y tras esto desde el Ministerio Público adelantaron operati­vos de intervención de estas denuncias.

Mediante Resolución Nº 2565 inician pesquisas con la qui­niela. El documento remitido desde la Fiscalía señala que: “Se conforma un equipo de trabajo para intervenir en las denuncias relacionadas a los hechos punibles que configu­ren explotación clandestina de juegos de azar”, equipo que está integrado por los agentes fiscales Isidro Alcides Corva­lán, Sandra Beatriz Ledesma Espinoza y Luis Fernando Chamorro.

Resolución del Ministerio Público por la que se conforma equipo de trabajo, que se inicia en el rubro de la quiniela.

Este hecho se convierte en uno de los pasos iniciales de la Fis­calía para el control de la explo­tación de juegos de azar, espe­cíficamente el relacionado a la quiniela, puesto que también se conformó otro equipo de tra­bajo, abocado especialmente al negocio de las máquinas tragamonedas, tema que vol­vió a generar fuertes polémi­cas luego de revelaciones que hizo “Tierra de nadie” sobre el groso circulante en negro den­tro del rubro.

La existencia de unas 150.000 máquinas que no pagan canon estima un circulante de unos G. 300.000 millones al mes, sin dejar un solo guaraní para el tesoro público. Una salida des­esperada que, tal vez, encontró la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) es la terce­rización del servicio de regula­rización, que luego de investi­gaciones sobre los márgenes de ganancias a favor de una firma de maletín, difundidas por “La caja negra” de Unica­nal, también está en tela de jui­cio y muy atacada, sobre todo desde el Congreso Nacional. “Atendiendo a la necesidad de combatir de manera eficiente los hechos punibles que pue­dan configurarse, a partir de la explotación clandestina de jue­gos de azar, es oportuno que el Ministerio Público establezca un equipo de trabajo”, reza una parte de la resolución difun­dida por la Fiscalía. Entre hoy y mañana se define el grupo de trabajo para atender espe­cíficamente el negocio de las máquinas tragamonedas.

El Ministerio Público alega en su resolución la falta de control de este rubro que representa un problema social, pues los niños y adolescentes caen fácilmente en la adicción a los juegos de azar. Sin mencionar que este negocio es un escenario pro­picio para el lavado de dinero y que constituye un problema económico a nivel país, pues las ganancias millonarias de este sector no ingresan a las arcas del Estado.

Cabe destacar que cuando hablamos de la explotación de máquinas tragamonedas, nos enfrentamos a un problema realmente grave, dado que están involucrados incluso jefes municipales y altos fun­cionarios, que se encargan de cobrar los cánones a quie­nes explotan este negocio, sin entregar comprobantes de pago, hecho totalmente irre­gular, y esto sin mencionar que ni siquiera tienen facul­tades para hacerlo. Sumado a esto, las municipalidades hacen caso omiso al hecho de que los negocios ubiquen estas máquinas en la vía pública y en algunos casos están en inmediaciones de escuelas e iglesias. Ambos hechos están absolutamente prohibidos y arriesgan la integridad de los menores, principalmente de caer en la ludopatía, adicción a las apuestas.

De esta forma, la Fiscalía es una de las primeras institu­ciones en tomar cartas en el asunto respecto al negocio clandestino de los juegos de azar, dado que, hasta la fecha, los municipios solo han mos­trado desinterés.

Jueza se constituye en vivienda disputada entre una madre soltera y su exsuegra

La jueza de Paz Liz Lobo se constituyó este martes en la vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por la cual se disputan una madre soltera con dos hijos y su exsuegra, quien en un principio había regalado la casa a la mujer, pero ahora intenta dejarla en la calle.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

Advierten nuevo ingreso de sistema de tormentas para Asunción y gran parte del país

La Dirección de Meteorología emitió este martes un boletín en el que se alerta el ingreso de un nuevo sistema de tormentas que afectará a gran parte del país.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Papá moroso condenado a 2 años, desde ahora deberá estar inscripto en el Redam

El hombre recibió la condena de 2 años, con suspensión a la ejecución, por el plazo de 5 años en los que deberá pagar la suma de G. 400.000 mensuales. Inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) no podrá realizar escrituras públicas.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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