La Fiscal Sandra Ledesma formuló imputación en contra de Mario Gustavo Ortiz Bogarín, intendente interino de la ciudad de Itauguá y Daniel Báez, intendente interino de la ciudad de J. Augusto Saldívar, por la presunta comisión del hecho punible de Desacato a una Orden Judicial sobre propaganda electoral extemporánea

Los antecedentes de la investigación refieren que en fecha 15 de octubre de 2021, a las 08:52 horas ante la Municipalidad de Itauguá, Mario Ortiz Bogarín habría recibido cédula de notificació, conforme a la Resolución N° 279/21 del Juzgado Electoral de la ciudad de Areguá, donde lo intiman para eliminar toda propaganda electoral relacionada con las elecciones municipales de 2021, dentro del plazo de 5 días hábiles, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°0985/20. Consecutivamente, en fecha 3 de noviembre de 2021, el Juzgado Electoral inició una verificación sobre las propagandas electorales en la vía pública de la ciudad de Itauguá, constatando que las propagandas, presuntamente no habían sido retiradas en su totalidad.

Esta representación Fiscal, cuenta con elementos probatorios suficientes que conllevan a la sospecha de la existencia del hecho punible y a la participación del señor Mario Ortiz Bogarín.

En fecha 5 de noviembre de 2021, el Juzgado Electoral del Departamento Central, realizó una verificación de propagandas electorales en la vía pública. Donde se constató, que las propagandas electorales de fecha 10 de octubre de 2021 no habían sido retiradas en su totalidad en el Distrito de J. Augusto Saldivar.

Asimismo, Daniel Báez en su carácter de intendente interino municipal de la ciudad de J. Augusto Salivar, no habría dado cumplimiento a la orden judicial A.I. N° 280 de fecha 15 de octubre de 2021, emanando por el Juez Electoral del Departamento Central a cargo del Juez Modesto Nuñez. Se cuentan con elementos probatorios suficientes que sustentan la sospecha de la existencia del hecho punible y la participación del ciudadano en el hecho.

El juez electoral les intimó a dar cumplimiento a la ley de retirar las propagandas electorales, ante el incumplimiento, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía por lo cual fueron imputados.

En Asunción, la comuna baraja la idea de una sociedad con empresas privadas, que apunten a una explotación y gerenciamiento comunal a partir de la fusión de firmas.

Una de estas consigna una primera fase para la extensión de circuitos de coberturas de las líneas 37, 16 y 13, que luego podría concretar una fusión.

En Central, la Gobernación motoriza a través del parlamento, un proyecto de reforma del sistema de transporte del área metropolitana. El núcleo de cambios que propone es la constitución en consorcios de todas las líneas de transporte que explotan colectivos de Central y Asunción.

La crisis en estos dos distritos que aglutina una población de alrededor de tres millones de personas, ya determinó una reducción del parque automotor de buses. De un total de 2.500 micros hasta hace un año, ahora se redujo a 1.700 unidades.

El problema del transporte público paso a convertirse en un asunto de alta prioridad. Las quejas ciudadanas sobre el servicio que prestan las líneas de colectivos, son continuas y cada vez más vociferantes.

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Si bien hasta ahora hay más de 80 muertos por la tragedia climática en Río Grande do Sul, Brasil, de momento no aparece ningún paraguayo entre las víctimas fatales, de acuerdo a los reportes oficiales.

Sin embargo, sí existen unas 200 familias paraguayas, equivalentes a 500 personas, según el cónsul, que terminaron desplazadas de sus hogares por el avance de las aguas.

“Han perdido sus bienes, pero la Prefectura ha organizado una muy eficiente asistencia, no están pasando necesidades básicas”, explicó el cónsul paraguayo, José Martínez, en un contacto con la 730 AM.

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En su mayoría, son residencias proveídas por los patrones de los empleados, en las cercanías de las plantas donde trabajan.

El número de víctimas es todavía preliminar, pues, existen una cantidad desconocida de desaparecidos.

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El Consulado de Río Grande do Sul es uno de los que figura en la lista de sedes diplomáticas próximas a cerrarse. La inoperatividad de esta y otras representaciones implicará una disminución presupuestaria de ocho millones de dólares.

Además, HOY: Gringo, rencoroso y con muchos enemigos “Evidentemente lo entregaron”

Al mediodía del sábado se registró un asalto a mano armada en el local de la empresa Inverfin ubicado sobre la Av. Mcal. López e/ Juana María de Lara, en la zona céntrica de la ciudad de San Alberto.

Dos delincuentes que portaban cascos protectores irrumpieron en el establecimiento y, a punta de arma de fuego, redujeron a los empleados que se encontraban de turno en dicho horario.

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Resultaron víctimas el gerente Miguel Ángel Zelada Aquino y los funcionarios Óscar Dario Vázquez Ayala, Elsa Beatriz González López y Juan Antonio Pereira González, menciona el diario La Jornada.

Luego de dar la voz de asalto y obligarlos a hacer cuerpo a tierra, uno de los malvivientes se dirigió a la caja registradora para apoderarse de la suma de G. 2.452.810, producto de la recaudación hasta ese horario del día.

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Mientras tanto, su cómplice se apropió de dos parlantes portátiles y 57 teléfonos celulares de las marcas Samsung, Xiaomi y Tecno que estaban en exhibición, refiere el parte policial.

Tras lograr su cometido, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de una motocicleta de color negro tipo deportiva, según la descripción brindada por una de las víctimas a la Policía.