La fiscal Daisy Teresa Sánchez imputó al militar retirado Benedicto Espillaga, por su presunta participación en la comisión del hecho punible contra El Estado Civil, el Matrimonio y la Familia (Violencia Familiar).

La Fiscalía tomó conocimiento del hecho a través de la nota policial, cuya denuncia fue presentada por la víctima, María José Mendoza López, iniciándose así las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Entre los elementos que sustentan la imputación, se encuentran la declaración testifical de la víctima y una testigo, además de las imágenes de las lesiones sufridas por la mujer.

Conforme al relato, el sábado 28 de mayo pasado a las 15:00 aproximadamente, se habría registrado un altercado entre el imputado y su pareja. El hombre, quien se encontraba en aparente estado etílico, agredió física y verbalmente a María José.

La mujer recibió golpes en todo el cuerpo con un palo de escoba, y en un momento de desesperación, pidió auxilio a una vecina, quien la sacó del sitió a ella y a sus hijos. Posteriormente, se comunicaron a la comisaría de la zona y efectivos policiales llegaron hasta el lugar.

Los agentes encontraron a la víctima severamente golpeada, procediendo a la detención de Benedicto Espillaga, quien fue derivado hasta la sede policial a disposición del Ministerio Público. En tanto, la víctima fue trasladada por Bomberos Voluntarios hasta el Hospital Nacional de Itauguá, para su inspección correspondiente.

A las 14:00 de ayer lunes se registró el fallecimiento de Ninfa Cibeles Morales Díaz de 38 años de edad, condenada por homicidio doloso, según los datos recabados por la Comisaría 6ª de Asunción, que intervino en el caso.

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La mujer ya presentaba problemas de salud por lo que, cuando comenzó a sentirse mal fue trasladada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (INERAM), donde se constató su deceso.

El cuerpo fue llevado a la morgue judicial para la autopsia, por disposición de la Fiscalía de Turno. También se dio participación a los departamentos de Criminalística, Homicidios y al Ministerio Público.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente CETRAPAM, presione para forzar una situación “absolutamente absurda” como duplicar el subsidio cuál es la pretensión de este grupo empresarial.

“Medidas como el paro del servicio anunciado por este gremio no construyen un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos; por el contrario, impiden avanzar con las acciones impulsadas”, refiere el comunicado del MOPC.

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No obstante, la cartera estatal sostiene que se llevarán adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.

“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, agrega el pronunciamiento.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

En la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa Nacional, Oscar González, se refirió a los avances tras la instalación de una «Sub Área de Pacificación» de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Canindeyú, en relación a las respuestas a las necesidades de seguridad

Señaló que de esta extensión jurisdiccional del CODI-FTC, inicialmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, ahora se proyecta llevarlos al sur del país.

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Destacó también el fortalecimiento de las fuerzas armadas, uno de los objetivos del Gobierno, para la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad interna.

A esto se suma el proyecto de aumentar la inversión para las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, con una inversión de Itaipú de US$ 90 millones por los próximos tres años.