• Por Rossana Escobar M.
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La primera gestión del ministro de Justicia, Édgar Olmedo, al asu­mir el cargo fue la incorpora­ción de una decena de opera­dores políticos de Caaguazú, departamento donde está en fuerte campaña por la dipu­tación.

Nuestro diario había denun­ciado en marzo pasado, que 22 días después de asumir el cargo, Olmedo estaba insistiendo al Ministerio de Hacienda el “contrato tem­poral” de sus seguidores al degradado Ministerio de Justicia, por el dominio que tienen los grupos delictivos, clanes de reos, como el clan Rotela a quien en Tacumbú lo consideran el verdadero ministro.

Con los chequeos en el portal de Transparencia y consul­tas que realizamos a Hacienda constatamos que efectiva­mente ya se encuentran col­gados del Estado, los opera­dores del ministro Olmedo, aliado también de Mario Varela, ministro de Desa­rrollo Social y candidato a senador por el oficialismo. Ahí nos enteramos de otros pedidos para ingreso masivo durante la campaña electo­ral, bien enfocado en el depar­tamento de ambos políticos.

Es así que, tras 4 meses en el puesto la voraz administra­ción de Olmedo, quiere sal­tar de 10 recomendados a la contratación de 763 nuevos funcionarios, valiéndose de la emergencia sanitaria y jus­tificando los masivos ingre­sos con personal de blanco.

Aparecen varias notas remitidas al Ministerio de Hacienda en una misma fecha (31 de mayo del 2022), solicitando la aprobación del Equipo Económico “de vacancias en el marco de la emergencia sanitaria para contratar mediante con­curso de méritos simplifi­cado para funcionarios”. Los pedidos se fragmentan de la siguiente manera: 136 personal de blanco más otros 627 entre agentes peniten­ciarios, educadores, número en el que también deslizaron el pedido de incorporación de administrativos.

Olmedo fundamentó las centenares de contratacio­nes porque hay “un gran aumento de personas pri­vadas de su libertad por año”.

“El pedido ingresó recien­temente, se están haciendo los análisis técnicos res­pectivos para que el Equipo Económico dé su parecer”, señalaron desde el gabinete del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto la presión política para abrir la canilla de contratación acude a tele­fonazos a todos lados, pero la situación financiera no está favoreciendo.

En paralelo, también el pro­yecto iniciado por el dipu­tado Arnaldo Samaniego de retornar un pago de subsi­dio generalizado no se está pudiendo concretar, debido a los continuos problemas de seguridad que afectan a las penitenciarías que parecie­ran estar más controladas por los presos que por las autoridades.

La intención de los sindicalis­tas es pagar subsidio bimestral de G. 1.700.000 a todo el funcionariado de las peniten­ciarías, utilizando de panta­lla a los guardiacárceles que sí trabajan horario continuado de 24 horas. Este pedido no está pudiendo seguir su curso en el Senado y genera seguidi­lla de manifestaciones.

Entre las primeras contra­taciones que urgió Olmedo al Ministerio de Hacienda están Delia Gómez Román, Julio Rivas, Daisy Yohanna Martínez, Víctor Manuel Godoy, Nelson Rolando Barreto, Lorgio Patiño Pavón, Víctor Varela, todos operadores del equipo Varela–Olmedo en Caa­guazú; actualmente privi­legiados del Estado.

El viceministro de política Criminal, Daniel Benítez Romero, que está en Justicia después de pasar por el Indi, había prometido en varias entrevistas que se ocupará del estricto monitoreo en las peniten­ciarías, sin embargo, resultó ser un leal más reubicado por Olmedo.

Benítez fue uno de los que orga­nizaron un apresurado encuen­tro con la prensa al frente de la Penitenciaría de Tacumbú, cuando nuestro medio publicó una serie de investigaciones sobre el relajado control en este establecimiento.

Redes sociales están minadas de fotos y vídeos posteados por los reos desde distintos puntos de las cárceles, mostrando farras, consumo de alcohol, armas filosas, hasta drogas. En pesquisas que realizamos, tam­bién se observaron cómo entran y salen camiones, algunos con carro­cerías completamente cerradas, pero que no quedan en el libro de control de acceso.

Benítez junto con autoridades penitenciarias habían anunciado un sumario para identificar responsabilidades, pero desde ese momento ya no contestan las llamadas y tras esa fugaz reunión de prensa terminaron escondidos de la situación.

Una multitud se congregó este domingo para despedir los restos mortales de Carmen Ruiz Díaz y su hijo Roque, de 5 años, quienes fallecieron semanas atrás en aguas del río Monday, en la ciudad de Presidente Franco.

La escribana y su hijo fueron velados en el Complejo Velatorio del Este, sitio desde donde partió la caravana para dirigirse primero hasta la vivienda familiar, ubicada en el Área 4 de Ciudad del Este, y luego hasta el puente Monday, último sitio donde fueron vistos con vida.

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Tras estas breves paradas, el cortejo fúnebre prosiguió su recorrido hasta llegar a la localidad de Mayor Otaño, en el departamento de Itapúa, zona de la que Ruiz Díaz era oriunda y donde ya la esperaban otros familiares y allegados.

Luego del responso en la iglesia local, los féretros de madre e hijo fueron trasladados hasta el cementerio de la ciudad, lugar elegido como su morada final.

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Esta triste despedida se produjo mientras continúa la intensa búsqueda de la pequeña Isabela, de 3 años, cuyo cuerpo sin vida sigue sin ser encontrado hasta el día de hoy.

Buzos de la Prefectura Naval y de Itaipú Binacional, junto con bomberos y algunos voluntarios particulares, se encuentran abocados a estas tareas tanto en el río Monday, donde se produjo la desaparición de la niña, como así también en el río Paraná.

Paraguay figura en los primeros lugares en el ranking latinoamericano en el que, entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer de próstata, se diagnostican en etapa metastásica, y los que la mitad de ellos fallecen en un lapso de primeros cinco años del diagnóstico.

El doctor Antonio Alcaraz, jefe del servicio de Urología del Hospital Clínica de Barcelona y especialista en uroncología, manifestó que la tendencia, muy similar en todos los países de la región, es consecuencia de la resistencia de muchos varones a concurrir a la revisión médica, que hace que cuando ya la enfermedad está avanzada, el Cáncer inició su fase destructiva y mortal.

“Mientras nosotros (en Europa) diagnosticamos solamente a un 5 o 10% de los enfermos en etapa metastásica, en Latinoamérica se viene diagnosticando entre el 30 al 50% del cáncer de próstata como metastásico y eso tiene una implicación muy directa en la mortalidad”, expresó el mismo, durante su intervención en foro científico que se realiza en México.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostiene en un informe que el de próstata es el tipo de cáncer diagnosticado más frecuente en la población masculina en el continente americano con el 21,7% de los casos, seguido del cáncer de pulmón, con el 9,5% de los casos y colorrectal, con un 8 por ciento.

“Es una cuestión de acceso a la sanidad, pues en poblaciones de nivel socioeconómico más bajo y en programas de salud pública gubernamental las pruebas de diagnóstico precoz se implementan muchísimo menos y eso crea una grave asimetría en el manejo de los pacientes”, agregó Alcaraz.

“Pero incluso, en los pacientes que no podemos curar, existen determinados tratamientos que nos permiten prolongar la vida y utilizados en fases más precoces la efectividad es muy alta”, acotó.

La intervención fue encabezada por funcionarios de la Ande, en compañía de efectivos de la Policía Nacional y agentes del Ministerio Público, en el establecimiento ubicado en la localidad de Sapucai, departamento de Paraguarí.

La propiedad pertenece al exdiputado colorado Miguel Cuevas, y fue arrendada a la señora Ramona Peralta, quien reside en Alto Paraná.

En propiedad de Miguel Cuevas intervienen una granja ilegal de criptomonedas

El informe preliminar de la intervención refiere que se logró la incautación de 354 máquinas de criptominería, con una inversión aproximada de US$ 1.5 millones.

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La denuncia fue realizada por el Departamento Jurídico de la Ande ante el Ministerio Público, por sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje, tras una medición de la línea de media tensión que ingresa a la propiedad.