En entrevista con Radio Ñanduti, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) habló sobre el caso de los medicamentos oncológicos y dijo que actualmente todos los pliegos de bases y condiciones de los llamados a licitación se encuentran publicados.

Con ello, se abre la oferta para que todas aquellas empresas que estén interesadas en realizar la provisión de estos fármacos puedan hacerlo, como en cualquier proceso licitatorio.

“En materia de gestión de procedimientos estamos al día”, aseguró.

Seitz habló sobre la necesidad de que el INCAN realice una adecuada planificación, lo cual justamente no es esperar a quedarse sin stock de algún medicamento para posteriormente hacer el llamado a licitación.

Si bien existe la opción de realizar compras más ágiles a través de la vía de la excepción, lo ideal es que siempre se utilicen los mecanismos existentes para cualquier tipo de compra, afirmó.

“No se puede dar una compra directa sin ningún tipo de control del Estado. La solución es planificar adecuadamente las necesidad y comprar antes de que se acabe el producto, es algo demasiado básico”, puntualizó.

Su detención se dio tras un allanamiento en la ciudad de Capiatá, específicamente, en la localidad de Posta Ybycua, según informó el comisario Hugo Grance, jefe de investigaciones de Central.

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Según los investigadores, González Veloso sería brazo derecho de Diego Ruíz, alías “Cabezón”, líder una peligrosa banda de asaltantes.

Está acusado de despojar de 100 mil dólares a un cambista en noviembre del año pasado en el barrio Villa Morra. En esa ocasión, su cómplice fue asesinado por la víctima del asalto.

El cuerpo del hombre fue abandonado por González y otro sujeto más luego de que protagonizaran un accidente de tránsito en medio de la huida, en la ciudad de Fernando de la Mora.

La víctima fue Armando Ismael Benítez Cabral, de 23 años, quien fue atacado cuando salía de una casa de cambios ubicada sobre la avenida Mariscal López casi Guido Spano en el barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción.

El objetivo es favorecer el desarrollo y dinamismo de la productividad de las familias rurales del país.

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Los compradores pueden acceder a productos frescos y a precio justo, como queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera y pato. Además de huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky y almidón.

Así también ofrecen de su producción tomate, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, variedad de comidas típicas y tradicionales, artesanía, flores y plantas, entre otros.

Es impulsado por el Gobierno, a través de las Direcciones de Comercialización y Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con apoyo de la Entidad Binacional Itaipu y la UNOPS en Paraguay.

Este cuenta, entre otros cargos, con la acusación de haber participado del asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy (6 de setiembre de 2022).

El camarista Bartolomé Domínguez Paredes aseguró no haber firmado el levantamiento de una orden de detención contra el individuo, que estaría involucrado también en un atentado a tiros contra la vivienda de otro criminal, Ederson Salinas, alias ryguasu (gallina). Este sobrevivió en esa agresión pero luego fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un supermercado de Asunción, en febrero de 2023.

El documento apócrifo en cuestión igualmente involucra a los magistrados de la Circunscripción Judicial de Amambay: Luis Alberto Benítez Noguera y Modesto Cano Vargas.

Los tres jueces denunciaron el hecho ante el Ministerio Público de Pedro Juan Caballero, ante la Corte Suprema de Justicia y al doctor César Diesel, superintendente de la Circunscripción Judicial de Amambay. El expediente acusatorio está a cargo del fiscal Andrés Cantaluppi.

“Es diferente mi firma, al mirar a simples vista se nota que no es la mía ni de mis otros dos colegas afectados”, dijo Domínguez Paredes a la emisora Imperio de Pedro Juan Caballero.

Acotó que nunca levantó la orden de detención y de rebeldía a personas procesadas con causas relacionadas a narcotráfico.

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