La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dio a conocer su informe final de verificación del contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar), de la administración de Denis Lichi, y la empresa Estructura Ingeniería SA- EISA (Alberto Palumbo), además de la firma subcontratada OCHO A SA (que estaría ligada a Luis Pettengill), para las obras de la planta alcoholera en la ciudad de Mauricio José Troche. La verificación finalizó con una multa de G. 18.602.883.928 (US$ 2.520.296).

Entre las conclusiones se menciona que hubo falta de publicación de indicadores de cumplimiento de contrato, que la contratista EISA estaba inhabilitada cuando suscribió una adenda, un retraso de 55 días en la cobertura de la garantía de fiel cumplimiento, incumplimiento en el plazo para el pago del anticipo, y no se observaba la ubicación del lugar donde se ejecutaba la obra en el georeferenciamiento publicado en el sistema de información de contrataciones públicas.

En cuanto a la ejecución del contrato, hubo diferencias en el plazo de entrega establecido y el ejecutado para la adecuación de caminos internos, diferencias en las órdenes de suministro, retraso en la entrega de varios ítems del contrato, no se cuenta con resolución del MADES sobre la evaluación del impacto ambiental, sin evidencia de la aprobación del plan de seguridad y salud ocupacional por la fiscalización de obras, retraso en la presentación de los seguros requeridos, sin evidencia de la solicitud de corrección de las pólizas de seguro, falta de presentación de la póliza de accidentes de trabajo por la cantidad de personas trabajando en la obra, emisión de actas de recepción provisoria con fechas distintas, incongruencias en las emisiones de actas de recepción definitiva de trabajos, y sin evidencias de listas de defectos de ejecución remitidas por la fiscalización a la contratista y de las reparaciones realizadas en efecto.

Con relación a la fiscalización, el equipo auditor concluyó que se no se cumplió con la condición de aprobación de los planos ejecutivos, por parte de la Fiscalización, de manera previa al inicio de los trabajos, que faltó designación de profesionales para fiscalizar las diversas áreas y especialidades involucradas en el control y recepción de los trabajos, no se cuenta con registros del Libro de Obras con relación a los meses de agosto de 2022 y septiembre 2023 (desde el 08/09/2023 al 30/09/2023), falta de registro en el Libro de Obras de detalles importantes que por la naturaleza de los trabajos, permanecen ocultos posteriormente, falta de registros en el Libro de Obras, que evidencie el acompañamiento y control del profesional electricista durante la ejecución de los trabajos de aspecto eléctrico, y sin evidencia de la totalidad de los ensayos que debieron realizarse durante los trabajos de los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

En la verificación in situ, los auditores pudieron corroborar la falta de indicación en el cartel de obras de toda la información requerida en el PBC, algunos operarios no contaban con gafas de protección durante la ejecución de los trabajos, falta de inclusión en el PBC y en la planilla del Contrato de los criterios para el cumplimiento de las Normas de Accesibilidad al Medio Físico, la falta de evidencia de registros de correcciones realizadas en la Caseta de Laboratorio, sobre la aplicación de enduido, las falencias en la colocación de revestimientos y el nivel indicado en los planos para los mismos, tampoco había evidencia de las correcciones realizadas por la empresa a las propuestas de Petropar.

Monto total de la multa estimada.

Con relación a los pagos, la fiscalización determinó que no se efectuaron algunos pagos, no había evidencia del Certificado de Cumplimiento Tributario y el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, vigentes, que debió presentar la Contratista para el pago, inconsistencia en el PBC al establecer para el cómputo del plazo del pago, la aprobación del certificado de obra, ya que no fueron requeridos certificados considerando la modalidad de pago establecida, y falta de respuesta de la Contratante a la observación referente a la autorización del Ministerio de Hacienda para la operatividad de pago planteada en el marco de la ejecución del contrato.

En el documento se insta a la UOC de Petropar que en futuros procesos de contratación pública desarrolle e implemente los controles necesarios a fin evitar irregularidades o falencias iguales o similares a las detectadas en la verificación, especialmente respecto a la falta de registro y archivo digital de la documentación relacionada a la ejecución del contrato y su remisión en tiempo y forma, que permita la revisión de los documentos establecidos para el control, verificación y fiscalización de la correcta ejecución de los trabajos, y sobre el control y seguimiento de los contratos públicos.

Se dispone además la remisión del Informe Final a Petropar, a la Auditoría Interna Institucional (u órgano similar) de la contratante y a la Contratista EISA S.A.; comunicándoles el cierre de los trabajos de verificación y adjuntando una copia de los antecedentes del mismo.Asimismo, se remiten el Informe Final y sus antecedentes a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la DNCP, así como al MADES.

Nota relacionada: Tren de molienda en Petropar: Contrataciones anuncia verificaciones in situ

ANTECEDENTES

Esta obra fue adjudicada en diciembre del 2021, durante la administración de Denis Lichi, a la empresa Estructura Ingeniería EISA, del empresario Alberto Palumbo, por valor de G. 195.299 millones, unos US$ 28,7 millones. La adjudicación fue muy cuestionada porque su costo fue 6 veces más caro que infraestructuras del mismo tipo erigidas en el mercado brasileño, donde se conseguía a solo USD 10 millones.

De acuerdo con la Contraloría, que también indagó sobre esta cuestionada obra, durante el 2022, la firma adjudicada recibió dos pagos, que totalizaron G 41.875 millones. El primer desembolso se registró en febrero y fue de 39 mil millones, y el segundo se concretó en junio y fue de 2.755 millones.

Un equipo auditor fue a verificar in situ la situación de la planta industrial en el departamento de Guairá, y allí constató que no se cumplieron con varios de los ítems previstos en el contrato pese a los millones que fueron pagados.

A lo anterior se suma que Petropar realizó pagos de anticipos por G. 39.059 millones, y estos “fondos fueron redirigidos en algunos puntos por la firma Estructura Ingeniería S.A, para cubrir gastos de provisión de equipos”.

Según la Contraloría, el anticipo pagado debía destinarse a “costos de inversión, calculado con base a la programación y el plazo de ejecución de la obra; sin embargo el monto señalado fue redirigido en algunos puntos, por la firma para cubrir gastos de provisión de equipos”.

Esta medida violó el pliego de la licitación, ya que el anticipo recibido solo debía destinarse a fines relacionados con el objeto del contrato.

La firma EISA no pudo cumplir con los compromisos pese al anticipo de USD 6 millones, y según resalta la Contraloría, en enero del 2023 subcontrató a la empresa Ocho A SA, del empresario Luis Alberto Pettengill, para que esta se encargue de ejecutar la construcción del nuevo tren de molienda de Petropar. 

Fue así que se dispuso en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una especie de cesión de derechos para sacar a EISA del camino y dejar en manos de la empresa del amigo del expresidente Mario Abdo Benítez.

Ante el lapidario informe del órgano contralor, el nuevo titular de Petropar, Eddie Jara, dispuso la realización de un profundo análisis del contrato firmado entre su antecesor y la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), para dimensionar las resoluciones adoptadas en la administración anterior, sus fundamentos administrativos y el grado de sujeción al contrato de las determinaciones adoptadas en ese contexto.

Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En total, presentaron sus propuestas 11 empresas, en forma individual y consorciadas. Conforme a los procedimientos, toda la documentación fue entregada a la Coordinación de Evaluación de Ofertas para continuar el proceso correspondiente.

Las obras sanitarias de la Cuenca Lambaré, mejorarán la calidad de vida de más de 335.000 personas de los municipios de Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora que verán una transformación real de sus condiciones de salubridad y del medioambiente. Además, a través del proyecto se generarán cientos de nuevos puestos de trabajos directos e indirectos antes, durante y después de la ejecución de las obras.

Las tareas comprenden la construcción de 22 Km de colectores principales, 16 Km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 Km de colectores secundarios y terciarios a más de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Lambaré, cuya apertura de propuestas de para precalificación se realizó en la fecha, la cual tendrá capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, devolviéndola limpia mediante un emisario subfluvial al cauce principal de río Paraguay.

El emprendimiento implica una inversión de USD 165 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), junto con la donación de la UE/LAIF, ambos gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El suboficial mayor Aldo Paredes, subjefe de la Comisaría de Natalio, contó a Telefuturo detalles del ataque tipo comando perpetrado por al menos 15 delincuentes a la sede del BNF.

Al respecto, indicó que recibió una llamada telefónica de un transeúnte sobre la presidencia de clavos miguelito en varios puntos de acceso a la ciudad. Esa situación hizo que la fuerza policial se movilice y al llegar hasta la sede del BNF, fueron recibidos a balazos.

📼🤯Video del circuito cerrado del atraco a la sede del BNF en la localidad de Natalio, departamento de Itapúa

💣💸Los delincuentes explotaron la bóveda y se alzaron con aproximadamente G. 1.000 millones.

📻#Universo970AM pic.twitter.com/YfRqDNyWOH

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 28, 2024

El jefe policial indicó que otros agentes quedaron en custodia de la Comisaría, ya que los delincuentes intentaron tomarla, tal como lo hicieron semanas atrás en la localidad de Yatytay, donde explosionaron un cajero automático.

Por su parte, el Crio. Ramón Delvalle, jefe policial de Itapúa, relató a Radio Ñandutí que aparentemente los delincuentes tenían un dato erróneo sobre una recarga de dinero que finalmente se tenía que dar recién el lunes.