En el marco de la celebración de las tres décadas de vigencia de la actual Constitución Nacional de la República del Paraguay, se llevó a cabo una conferencia organizada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y el instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP Py). El evento tuvo lugar en el salón auditorio “Serafina Dávalos”, del Palacio de Justicia de Asunción.

Participaron de la celebración el vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón; el vicepresidente segundo, Dr. Manuel Ramírez Candia; los miembros de la Sala Constitucional, Dr. César Diesel y Dr. Víctor Ríos Ojeda; y los ministros Dr. Luis María Benítez Riera y Dra. Carolina Llanes; además del presidente de INECIP Py, Prof. Dr. Roque Orrego.

Dando apertura al evento, el ministro Dr. César Diesel mencionó: “La Sala Constitucional tiene como principal tarea principal la de velar por la constitucionalidad, tienen la Carta Magna como guía y control de todas sus tareas (…) Procuramos la eficiencia en el servicio jurisdiccional, mayor celeridad que no haga mella en la calidad y equidad de los fallos. La justicia no solo debe ser pronta, sino de calidad y, por sobre todo, acorde a la Constitución y las leyes”.

Por otro lado, el ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda destacó que la fecha es muy significativa y un motivo de celebración, más teniendo en cuenta que el ministro, Dr. Manuel Ramirez Candia, fue uno de los convencionales participantes en la elaboración de la actual Carta Magna. En su ponencia, habló de los fundamentos axiológicos que sustentaron la elaboración de la actual Constitución que tiene como centro a la dignidad de los seres humanos y sus implicaciones contextuales, culturales, sociopolíticas, entre otros.

Por su parte, el Prof. Dr. Roque Orrego inició su ponencia indicando que la actual
Constitución Nacional es motivo de gran orgullo, pero que aún existe un gran camino por recorrer en varios puntos, como la igualdad ante la ley y la aplicación de las normativas.

Argumentó su tesis mencionando que actualmente la población penal es de 16.029, de los cuales solo el 28,87 % tiene condena, y el 71,3 % no ha tenido un juicio previo. Desde el año 2000, el índice de encierro por cada 100.000 habitantes ha subido exponencialmente; sin embargo, otros datos indican que también los grupos delictivos cada vez tienen más poder. En el 2019, la economía subterránea (tráfico de estupefacientes) generó US$ 3.600 millones (46,3 % del PIB). Esto refleja que no se cumple el paradigma constitucional y que tenemos un sistema de persecución del delito mediocre, que persigue y castiga personas sin poder
social y no a grupos delictivos que producen acumulación con modelos delictivos
económicos exitosos.

Para cerrar su ponencia, el Dr. Orrego resaltó la necesidad de contar con una política criminal que comience a expandir el poder penal y destierre la impunidad de los sectores que acumulan tanto poder económico como político, y distorsionar el funcionamiento del poder judicial. También señaló el fracaso de encerrar a quien merece ser objeto de políticas sociales de derecho y la potenciación de la participación ciudadana en el sistema de justicia.

Por último, el secretario constitucional, abogado Julio Pavón, expuso sobre Sentencias atípicas de la Sala Constitucional. Además de las autoridades mencionadas, participaron del evento magistrados y magistradas, como también funcionarios y funcionarias del Poder Judicial.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, imputó por intento de feminicidio a un hombre luego de agredir físicamente a su pareja, asimismo, abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, Alejandro Ruiz Díaz Villar, de 36 años, quien ya fue aprehendido.

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo de 2024, en horas de la madrugada, y el Ministerio Público fue informado a través de una llamada telefónica realizada por un médico de guardia del Instituto de Previsión Social de Curuguaty, resultando víctima Delia Torres, quien llegó al centro médico con lesiones graves.

El reporte de los médicos refiere que la víctima llegó en estado inconsciente, con traumatismo de cráneo grave, fracturas a nivel de la clavícula y golpes de consideración a la altura del rostro. La mujer, debido a su estado de salud grave, tuvo que ser trasladada hasta el IPS de Asunción.

Los datos que se manejan señalan que después del hecho, al percatarse de la gravedad de la situación de la mujer, el supuesto agresor la llevó al centro médico local. Luego fue aprehendido por los agentes policiales de la comisaría 5.ª de Curuguaty, quedando a disposición del Ministerio Público.

Mónica Aquino, titular del gremio que aglutina a dicho ítem de prestaciones de ese tipo de servicios, expreso que los asociados a la nucleación, no tienen ninguna relación ni tipo de conexión alguna con explotaciones de esa naturaleza.

La dirigente sectorial remarcó que desde la agrupación, manejan proyectos para mejorar la situación de las trabajadoras del ámbito, a efecto de elevar reivindicaciones.

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En Paraguay el ejercicio de la prostitución no tiene prohibición alguna en el aspecto de la legislación. La Constitución en su artículo 86 establece el derecho a ejercer una actividad legal como medio de ingreso. Al no haber prohibición legal, se entiende que está permitido. No es ese el caso del proxenetismo, entendido esto como acción por el que una persona obliga o induce a otra a ejercer servicio sexual para fines personales del que infringe la ley.

El articulo 133 del Código Penal paraguayo establece penas a los que explotan a personas bajo la figura de proxenetismo.

El tema de aumento de casos de a trata de personas, salta ahora de vuelta al tapete tras conocerse informes provenientes de España, que señalan la residencia de miles de paraguayas en el país europeo, que se dedican a la prostitución, obligadas por bandas criminales.

La directora de la X Región Sanitaria, Dra. Noelia Torres, confirmó que el pasado lunes recepcionaron la denuncia de parte de la odontóloga Elizabeth Echeguren sobre la supuesta utilización de insumos vencidos.

La misma reconoció que, de confirmarse el hecho denunciado, se trataría de un caso sumamente grave, teniendo en cuenta que con dicha práctica se pone en riesgo la vida de los pacientes que acuden al Hospital Distrital de Hernandarias.

Antecedentes: Denuncian utilización de insumos vencidos en el Hospital de Hernandarias

Luego de tener conocimiento del caso, ordenó que se labre acta de la denuncia y se abra una investigación formal para dilucidar lo ocurrido, según indicó al diario La Jornada.

La profesional explicó que la X Región Sanitaria mensualmente provee los insumos a los jefes de cada área, siendo ellos los encargados de concurrir a la sede a retirar lo que necesitarán. No supo explicar cómo es posible que insumos vencidos hace más de 3 años aún estén en el nosocomio.

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La acusación de Echeguren habla puntualmente de insumos odontológicos y no de otros fármacos que se encuentran en la farmacia del Hospital Distrital de Hernandarias.

Finalmente, Torres adelantó que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes sean responsables por esta negligencia, de constatarse la veracidad de la denuncia formulada.