Mediante una orden ejecutiva, DeSantis consideró que “una parte sustancial de la estructura ha sido destruida y el resto se ha vuelto inhabitable”.

Además, cita que varias agencias se han movilizado de inmediato para responder a este incidente, incluida la División de Manejo de Emergencias y los departamentos de Transporte y de Oportunidades Económicas, y que se están realizando “actividades y operaciones de ayuda en coordinación y cooperación con funcionarios locales”.

“Como gobernador soy responsable de enfrentar los peligros que presenta esta emergencia para este estado y su pueblo”, dice la orden ejecutiva.

La medida prevé instruir a todas las agencias gubernamentales estatales, regionales y locales, incluidas las agencias de aplicación de la ley, para que identifiquen al personal necesario (…) para ayudar a satisfacer las necesidades de respuesta, recuperación y mitigación creadas por esta emergencia.

Igualmente, el texto firmado por el DeSantis declara “ilegal (…) que una persona alquile o venda (…) a un precio desmedido dentro del área para la cual el estado de emergencia se declara cualquier producto esencial, incluidos, entre otros, suministros, servicios, provisiones o equipos necesarios”.

Asimismo, el gobernador ordenó que “se pongan a disposición fondos suficientes, según sea necesario, transfiriendo y gastando dinero asignado para otros fines”.

Los desaparecidos tras el desplome parcial del edificio residencial Champlain Towers en Miami-Dade pueden ser al menos unos 99, según dijo el director de la policía de ese condado del sur de Florida, Freddy Ramírez, citado por medios locales.

Ramírez dijo que se sabe del paradero de 53 residentes del edificio, pero hay otros 99 de los que no se tienen noticias después del desastre, informó el diario Miami Herald.

DeSantis indició en una visita al lugar del siniestro que los equipos de rescate habían escuchado voces bajo los escombros.

Por ahora solo se ha confirmado oficialmente la muerte de una persona en el colapso parcial del edificio, de 12 plantas, 40 años de antigüedad y situado en primera línea de playa en Surfside, al norte de Miami Beach.

En total, 55 de los 136 apartamentos del Champlain Towers se vinieron abajo por causas no determinadas sobre las 1.30 (5.30 GMT) en medio de un gran estruendo, que hizo que los residentes creyeran que se trataba de un terremoto, según dijeron algunos de ellos a los medios.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó este jueves que está listo para desplegar los recursos federales necesarios tras el derrumbe del edificio.

Biden dijo que está en contacto con la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), “lista para acudir”, aunque señaló que estaba esperando a que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, “declare la emergencia”.

El presidente fue preguntado por los periodistas sobre el derrumbe parcial del edificio durante su intervención en la Casa Blanca para hablar del acuerdo sobre su plan de infraestructuras.

Pese a que esperan a que DeSantis declarara la emergencia, Biden indicó que ya hay equipos de FEMA en la zona para evaluar qué se necesita, comprobar si es necesario que los edificios de los alrededores sean evacuados y encontrar alojamiento para quienes se hayan quedado sin casa.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.