A propuesta del concejal Héctor Alfonso, la Junta Municipal de Villa Hayes aprobó por unanimidad la redacción de una solicitud para que la Contraloría General de la República (CGR) audite las obras de mejora del polideportivo del barrio Remansito. Las sospechas apuntan a supuestas irregularidades cometidas por el intendente Esteban Ríos en la adjudicación de los trabajos.

Según los antecedentes, para la remodelación del Polideportivo Remansito se desembolsaron más de 830 millones de guaraníes. A mediados del año pasado, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió un informe negativo al respecto e hizo una serie de recomendaciones a la Municipalidad para evitar irregularidades o falencias iguales a las detectadas en la verificación hecha en esta obra, respecto a la elaboración de las especificaciones técnicas y al control y seguimiento de los contratos.

En la noche del martes 15 de junio se realizó el acto inaugural del polideportivo municipal, que cuenta con vestuarios, baños, reacondicionamiento de graderías y pista deportiva, y un techado con estructura metálica en una superficie de 1.536 metros cuadrados de construcción.

La concejala de Villa Hayes, Diana Rojas (ANR), indicó a La Nación que el pedido obedece a que desde la Junta jamás aproba­ron la obra en cuestión y des­conocen los detalles técnicos de su ejecución. Asimismo, indicó que la semana pasada fue inaugurada la obra, por lo que temen por la seguridad de los ciudadanos que quieran usufructuar el predio.

Señaló que los ediles aprobaron por unanimidad que la asesoría jurídica ela­bore la nota que será apro­bada el próximo martes en la sesión del pleno de la Junta Municipal. “Tenemos prác­ticamente nula informa­ción, hicimos un pedido a la intendencia, al Ejecutivo, un pedido de informe sobre toda la ejecución y no tuvimos res­puesta”, expresó.

Por su parte, el concejal Héc­tor Alfonso (Partido de la Par­ticipación Ciudadana) recordó que la obra se financió mediante un bono municipal, pero desconoce el costo final de la obra porque estos datos no fueron compar­tidos con el Legislativo.

“Habíamos aprobado un bono para que se realicen cuatro obras de gran envergadura en el distrito de Villa Hayes y una de estas obras era el polideportivo que estaba presupuestado inicialmente en G. 833 millones y se eje­cutó, pero no pasó por la Junta Municipal el llamado, ni siquiera el pliego de bases y condiciones”, dijo.

Recordó que luego de los derrumbes de la obra solici­taron un sumario a la muni­cipalidad, pero el intendente hizo caso omiso a los recla­mos. Precisamente por esta falta de respuestas por parte de la cabeza de la comuna villahayense es que los edi­les están solicitando la inter­vención de la Contraloría en el proceso.

“Nosotros los chaqueños, los villahayenses, somos aman­tes del fútbol de salón, estas actividades siempre aglome­ran a muchísimas personas de distintos puntos del país”, comentó el concejal quien agregó que ni siquiera saben si es que la obra cuenta con una póliza de seguros ante un posible siniestro.

CONTRALORÍA HALLÓ IRREGULARIDADES EN EL PASADO

Por otro lado, cabe recordar que la Contraloría General de la República (CGR) detectó el año pasado una serie de irregularidades en la administración de Esteban Ríos Ayala luego de llevar a cabo una auditoría en la municipalidad.

Una de las observaciones de la CGR tiene que ver con nombramientos y contratos de familiares y parientes del intendente, en contravención a lo establecido en la Ley Nº 5.295 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”.

El diario La Nación había publicado en julio del 2019 la nómina de parientes de Ríos Ayala en el municipio y eran entonces cerca de una decena. El sueldo del intendente y sus familiares cuestan al municipio cerca de G. 60 millones al mes y al año más de G. 760 millones.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.

Como cada año, cuando se registran temperaturas inferiores a 10 °C, la SEN activó el operativo con la implementación de un albergue para proteger a personas en situación de calle,

El coordinador de Albergues de la SEN, Eduardo Figueredo, informó a la 650 AM que “estarán ofreciendo desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena y todo lo que se requiere para que estén en buenas condiciones y cómodos”.

Puede interesar: Analizan impacto de la tecnología en promoción de empleo decente

Además, mencionó que en caso de que las personas no quieran ir al refugio, les brindarán colchones, frazadas y bebidas calientes.

El albergue está ubicado al costado del predio de la Primera División de Infantería RI14 Tacumbú.