Rodrigo Torres Alliana contó al canal GEN que ayer fue desvinculado de la EBY, tras cuatro años de servicios, mediante un telegrama colacionado, sin que nadie se dignara en explicarle el motivo, aunque está más que seguro del trasfondo de la cuestión. “Es una injusticia, pero es algo político”, indicó.

El “pecado” del funcionario desvinculado es pertenecer al movimiento Honor Colorado, pero especialmente por ser el primo del precandidato a vicepresidente Pedro Alliana, con quien activa en política desde hace muchísimos años y es muy amigo.

“Hace 20 años estamos en la política juntos, es impensable que yo cambie de carpa. No es la primera vez que me sacan de la EBY. En septiembre del 2018, un mes de haber asumido este gobierno, me destituyeron. En diciembre me volvieron a incorporar porque fui a hablar con Marito, porque también es amigo mío. Yo lo consideraba un amigo, nuestros padres eran amigos. Me sorprende ahora que me saquen de vuelta porque a Marito lo consideraba un amigo, pero (mi salida) fue a pedido de la dirigencia local”, comentó.

En ese sentido reconoció que su salida se dio por recomendación del encargado de la oficina de Pilar, Antonio Attis, quien a su vez es pareja de la candidata a gobernadora por el abdismo, Chabela Arrúa. Lamentó que creen que con estas persecuciones pretenden ganar las internas de la ANR.

Por otra parte Rodrigo Torres recordó que hace 28 años está en la función pública y que empezó como ordenanza en la ANNP, donde fue escalando y llegó a ser el administrador en Pilar. Cuando asumió Fernando Ligó fue destituido. Luego cuando Pedro Alliana fue gobernador de Ñeembucú solicitó su comisionamiento y fue su jefe de gabinete. En el 2013, Rodrigo fue cónsul de Resistencia. Finalmente, en el 2018 Horacio Cartes lo designó como funcionario de la EBY.

Por último el político reveló que funcionarios de IPS y la Essap de Ñeembucú están siendo obligados a participar de los actos proselitistas del oficialismo, ante amenazas de despidos si no se alinean.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.