Hace más de un año iniciaron las obras de duplicación de la Ruta PY02 “Mariscal José Félix Estigarribia” y la Ruta PY07 “José Gaspar Rodríguez de Francia”.

Para la ejecución de este importante proyecto fue adjudicado el consorcio Rutas del Este, integrado por la empresa española Sacyr (60%) y la firma paraguaya Ocho A (40%), con una financiación superior a los USD 500 millones a través de un fideicomiso.

De acuerdo al último informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), hasta julio pasado las obras ya habían alcanzado un 77% de avance general.

Pese a que aún falta un importante tramo por concluir hasta su finalización, el consorcio a cargo de los trabajos ya recibió poco más de 50 millones de dólares, lo cual va en contrasentido con lo que en su momento había establecido en el MOPC.

Al momento de haberse hecho la adjudicación a través de una Alianza Público Privada (APP), la cartera estatal había señalado que primeramente debían completarse la totalidad de los trabajos en las Rutas 2 y 7 antes de efectivizar los cobros, según recuerda una publicación del diario ABC Color. Sin embargo, tal cosa no ocurrió.

El Consorcio Rutas del Este -que integra a la empresa Ocho A, propiedad de Luis Pettengill, pariente político del presidente Mario Abdo Benítez y actual precandidato a senador por Fuerza Republicana- recibió la suma de más de USD 50 millones en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), Pago Diferido de Inversión (PDI) y Pago Variable del Tráfico (PVT).

El contrato comprende una extensión de 149,5 km de estas dos rutas nacionales, abarcando desde Ypacaraí hasta el Km 183 de Caaguazú.

Dentro de este proyecto tuvo que ser incluida la construcción de pasos peatonales en el distrito de Eusebio Ayala (ex Barrero Grande), por presión de los pobladores y el mismo municipio local que quedaron sin opciones para desplazarse de un punto a otro de la ruta.

Uno de estos túneles subterráneos fue habilitado provisoriamente hace unas semanas, siendo objeto de críticas por parte de los habitantes de ese distrito de Cordillera, quienes repudiaron la manera improvisada y deficiente en que fue construido.

Con las últimas lluvias que se registraron el fin de semana, la mala calidad del paso peatonal quedó en evidencia, puesto que quedó completamente inundado y con filtraciones de agua por doquier, eso sin mencionar que sus rampas siguen sin ser utilizables.

Estos pasos peatonales demandaron una inversión de G. 1.200 millones, de acuerdo a lo que confirmó el viceministro de Obras del MOPC, Rodolfo Segovia.

Teresa Servín, abogada de la familia de Rolando Núñez Scolari, explicó que el sobreseimiento provisional implica que todavía existen diligencias para llegar a la certeza real de la responsabilidad de los procesados en la muerte del joven.

Se llegó a esta instancia porque ayer se cumplió la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. El sobreseimiento puede ir hasta un año.

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“Hay una visión jurídica de lo nuevo a lo que la doctora no tuvo acceso. Ver la responsabilidad de otras personas o ampliar la responsabilidad de los que ya estaban investigados”, informó la defensora, en un contacto con la 730 AM.

La necesidad de más tiempo también se sustenta en la aparición de un reglamento de la ANDE que especifica el manejo en materia eléctrica. Se tuvo acceso al contenido recién hace una semana.

Respecto a un acuerdo económico, la abogada reconoció que hubo un acercamiento y una oferta un par de semanas atrás, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

María Lilia Contreras y Édgar Torres, de la Empresa Prolife SA; María M. Contreras y Oscar Daniel Ruiz, de la Empresa Epro SA fueron imputados por homicidio culposo por la fiscal Teresa Rojas, quien luego fue recusada.

En su reemplazo asumió de manera interina la fiscal Karina Serón, quien lleva la carpeta hace un mes y por ello necesita más tiempo para la pesquisa.

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Un llamativo hecho aconteció cerca de la 02:00 de la madrugada de este jueves, en la playa de Funes Automotores, situada sobre la Avda. Mariscal López y Luis Alberto del Paraná.

Al sitio llegaron desconocidos, quienes descendieron de un vehículo y arrojaron una bomba molotov contra el local.

Un automóvil Toyota Auris, color plata, recién importado, fue totalmente consumido por las llamas y quedó inservible.

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Efectivos de la Comisaría 2ª Central recibieron el aviso en la oficina de guardia y, una vez en el lugar, intentaron apagar el fuego con precarios baldes de agua, mientras esperaban la llegada de los bomberos. Desafortunadamente, no pudieron salvar el vehículo.

De momento, se desconoce quiénes podrían estar detrás del atentado y cuáles serían los motivos que los llevaron a cometer el hecho. En la escena encontraron botellas con combustible.

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“Soñamos con un mañana mejor” es el nombre que lleva el proyecto del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres, que consiste en la confección de escarapelas.

El trabajo estará a cargo de las internas y el resultado será la distribución de sus productos en centros educativos e instituciones de Alto Paraná.

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“El deseo de las mujeres privadas de libertad de volver a ser útiles a la sociedad”, comentó la directora del centro Juana María de Lara, Lourdes Nelsi Centurión.

La meta de llegar a 4.000 escarapelas será la misión confiada a 20 mujeres privadas de su libertad en dicho lugar.

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Además de aplicar penas para hacer justicia por los delitos cometidos, otra de las funciones del Estado es la reinserción social de las personas que cometieron un hecho punible. Los talleres de oficios, las capacitaciones y otras actividades forman parte de esa misión de preparar a la gente para insertarse a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.