“Ya sea por debilidades del con­trol interno o por la comisión de hechos punibles, a criterio del equipo auditor el balance expuesto no satisface y eso es uno de los elementos que el auditor considera para identi­ficar fraudes”, aseveró.

En comunicación con la 650 AM, la directora de Control Gubernamental detalló que, pese a que se remitió el informe al Poder Legislativo, la Unidad de Auditoría Forense de la Con­traloría evalúa dicha informa­ción de modo de determinar si las irregularidades detecta­das constituyen en indicios de hechos punibles, para remi­tir el expediente al Ministerio Público.

INSTITUCIONES EVALUADAS
La Contraloría evaluó la ges­tión financiera de varias ins­tituciones públicas y la con­clusión a la que se llegó es un aplazo del 90% de ellas debido al débil control interno. “Tienen una calificación deficiente, eso quiere decir que al evaluar su sistema de control interno no superaron el dos”, manifestó.

El período evaluado com­prende hasta el año 2021 y fue­ron objetos de control: Ande, MEC, Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Secreta­ría de Emergencia Nacional, Senacsa, Essap, IPS, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Instituto Nacional de Estadís­tica (INE), Senatur e Indert, señala el informe.

Bajo la administración de Mario Abdo Benítez, la tarifa de Itaipú bajó dos veces: de USD 22.60 a 20.71 y de allí a 16,71, pese a que esta reducción no estaba en las pretensiones de Paraguay, por ser Brasil el que retiraba (y lo sigue haciendo, aunque en menor proporción) el mayor porcentaje de energía eléctrica, por ende, el que más dinero desembolsaba.

Durante aquellas negociaciones, nunca dieron a conocer los términos del acuerdo ni qué estrategias utilizó Paraguay en el intento de defender su postura. Lo único que se supo fue el resultado, el descenso en ambos casos, bajo el rótulo de “intermedio”, como una manera de decir que los dos países cedieron.

En ninguno de los casos se escucharon críticas respecto al hermetismo y a los números obtenidos, salvo honrosas excepciones como el exsenador Eusebio Ramón Ayala, quien durante las sesiones de la Cámara Alta utilizaba el espacio de orador para exigir explicaciones y exponer las debilidades y tibias posturas del Ejecutivo en Itaipú.

Para la tarifa 2024, las negociaciones estuvieron a cargo de un nuevo Gobierno, el de Santiago Peña. En esta ocasión, al igual que las anteriores, Brasil también pretendía bajar la tarifa y Paraguay elevarla a 22.60, donde permaneció durante una década.

La diferencia fue que ahora, incluso con un escenario muy adverso, por las dos reducciones anteriores y la cancelación de la deuda por la construcción de la represa, Paraguay tenía dos elementos menos, que sí los tuvo años anteriores para sostener su posición a favor del incremento de la tarifa.

Aun así y, contra todo pronóstico, nuestro país consiguió que, de 16,71, la tarifa pase a USD 19,28 Mw/h durante los próximos tres años, con lo que se evitará el innecesario desgaste anual en las discusiones presupuestarias.

Con estas cifras, el país recibirá anualmente 1.250 millones de dólares, es decir, 3.750 millones en tres años. Pese a que la ANDE tendrá que gastar 73 millones de dólares adicionales al año para la compra de potencia, la tarifa para el consumidor no subirá, pues, en compensación, la estatal será beneficiada con inversiones en infraestructura eléctrica financiadas con la Itaipú.

“Son juegos de palabra que lo único que intentan decir es que no se consiguió gran cosa”, opinó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, respecto a los que se quedan con lo que Paraguay no consiguió, diciendo que se debía llegar a 22.60.

Otro aspecto que incluye el acuerdo es la posibilidad de que nuestro país pueda vender su energía al mercado brasileño. Este hecho es inédito y esperado durante los 50 años de vigencia de la binacional.

SILENCIO EN ACTA ENTREGUISTA

En la línea de tiempo, otro momento de silencio cómplice de algunos abdistas y opositores fue cuando se descubrió la firma del acta entreguista Abdo-Bolsonaro y que, casi le costó el cargo a Mario Abdo Benítez, quien, durante su Gobierno estuvo al borde del juicio político en dos ocasiones.

El comisario Arnaldo Irala, jefe de la Comisaría de Luque, informó a la 730 AM que esta mañana se encontró el cuerpo de un hombre de entre 50 y 60 años, que aparentemente no presenta lesiones visibles a simple vista. Se desconoce la identidad de la persona fallecida.

El hallazgo se produjo en el cauce hídrico de la ciudad de Luque, a unos 1.500 metros del punto donde murieron madre e hija arrastradas por el raudal.

En este caso, la Policía presume que el hombre tuvo un infarto o sufrió una caída. “Por la posición en que quedó el cuerpo, sospechamos que primero se sentó y luego cayó de cabeza al arroyo. La parte de la cara está dentro del agua. El tronco posterior, el torso y la mano derecha están fuera del agua”, precisó.

Se aguarda en estos momentos la llegada de la Fiscalía y el Forense para el levantamiento del cadáver.

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La abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola, uno de los implicados en el esquema de filtraciones de la Seprelad, fue entrevistada por el diario ABC Color, de la familia Zuccolillo, que fue prensa oficialista durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

En la reciente entrevista, la exministra de justicia calificó la causa abierta contra su cliente de “eminentemente política”. Además, en calidad de “experta analista” y desde una posición moralista, la misma ahondó diversos temas, tales como el crimen organizado, la nueva ley de Policía y el rol de las Fuerzas Armadas.

Su posición dista mucho de lo que fue su administración de las penitenciarías. Quien ahora se presenta con una superioridad intelectual y moral, posee un largo rosario de antecedentes en la función pública. Fugas masivas, masacre en cárceles y negociación con clan Rotela, son varios los hechos que marcan la gestión de Cecilia Pérez.

Tras las rejas, el reo Armando Javier Rotela se convirtió en un zar del microtráfico, y durante la administración de Pérez, este interno logró posicionarse en el ámbito de la criminalidad liderando un clan que controlaba las penitenciarías del país, disputándose el territorio con el Primer Comando Capital (PCC).

La gestión de Cecilia Pérez en las cárceles estaba marcada por beneficios a los narcotraficantes presos. Además era de público conocimiento la cercanía de la entonces ministra de Justicia con los malvivientes. Esto pudo evidenciarse cuando se dio un violento motín en el penal de Tacumbú, donde la Secretaria de Estado en persona tuvo que intervenir para negociar con los revoltosos y desactivar la medida de protesta que dejó varios muertos.

Asimismo, la “madre del clan Rotela” ostenta en su gestión la segunda fuga más grande de presos que registra la historia del Paraguay. La primera fue en el año 1998, con el escape de 106 reos del Penal de Embocada. La segunda que se responsabiliza a Pérez se registró a inicios del 2020, cuando 76 internos escaparon de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Esta fuga es considerada como una de las más importantes en la historia de nuestro país debido a la cantidad y alta peligrosidad de los fugados, quienes eran miembros del Primer Comando Capital (PCC).

Otro escándalo en la administración Pérez y que tuvo repercusión internacional fue el hallazgo de un laboratorio de cocaína en Tacumbú.

Estas “perlitas” pareciera olvidar Pérez, quien hoy defiende a implicados en el esquema de filtraciones de la Seprelad.

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