La imputada  se encuentra recluida en sede de la comisaría de mujeres número 25, a disposición del Juzgado de Garantías.

Según antecedentes, el hecho se produjo el pasado 15 de septiembre, en la vía pública del barrio San Agustín de Ciudad del Este. En la ocasión, la mujer habría tomado del cuello a su hijo menor y trató presumiblemente de estrangularlo.

Sin embargo, intervino rápidamente el padre del pequeño, quien evitó que la presunta agresora cometiera el crimen. Luego, el hombre radicó la denuncia en sede policial.

La fiscal Vivian Coronel ordenó que el bebé sea inspeccionado por un médico forense que constató diversas lesiones en el cuello y la cara, que serían compatibles con el relato brindado por el denunciante y por un vecino, testigo presencial del hecho.

Ante lo ocurrido, la representante del Ministerio Público primeramente ordenó la detención preventiva de la presunta responsable de la tentativa de homicidio, quien fue privada de libertad este 20 de septiembre en el microcentro de la capital del Alto Paraná.

Finalmente, la fiscal resolvió la imputación de la sospechosa y requirió su prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del hecho presuntamente cometido.

El sindicado es Gerardo Javier González Luraghi, quien presuntamente habría extraído información de Visión Banco S.A.E.C.A, sin la autorización requerida. Esto se habría producido cuando el mismo se desempeñaba como empleado de la entidad bancaria.

Se presume que González Luraghi extrajo varios archivos informáticos que contenían datos del mencionado banco, como ser información crediticia de los clientes entre otros, lo cual habría realizado valiéndose del uso de cuentas de correos electrónicos corporativos y particulares. Todo esto se habría producido en el año 2023.

Puede interesar: Criptominería ilegal: Ande desconoce identidad del propietario de inmueble intervenido

A finales de ese mismo año, el banco le había comunicado su desvinculación y le fue presentada su liquidación, ante ello Gerardo González Luraghi, habría exigido que le sea entregada una suma muy superior al que le correspondía percibir en concepto de liquidación, debido a que supuestamente contaba con información “muy delicada y sensible relacionada al banco”.

También solicitó la cancelación de una deuda millonaria contraída con la entidad bancaria, a cambio de no entregar la información al ente de control (Banco Central del Paraguay).

El operativo se realizó en un local ubicado sobre la calle Rodríguez de Francia y Perú, según la denuncia, en el mismo se depositaban productos que habrían ingresado de manera ilegal al país.

De acuerdo al reporte policial, carecían de documentos respaldatorios, no contaban con el registro sanitario de Producto Alimenticio y Registro de Establecimiento, además del etiquetado de importación.

Vendedores de otros locales rechazaron la intervención alegando que se trataba de un procedimiento irregular, por lo que, se dio inicio a incidentes entre locatarios y agentes de la Policía Nacional.

Según manifestaron, los intervinientes llegaron sin la orden de allanamiento y se llevaron mercaderías que sí estaban en reglas.

Por su parte, el director del Mercado 4, Víctor López, sostuvo aguardan el informe oficial del Ministerio Público y de Delitos Económicos sobre el operativo que estuvo encabezado por el fiscal Miguel Quintana.

“Por el momento no me confirmaron si el operativo es de Delitos Económicos o si es con un fiscal. Aparentemente, incautaron algunas que otras mercaderías”, expresó en conversación con la radio 650 AM.

En relación a las versiones que circulan en redes sociales y en medios de prensa, sobre la supuesta identidad del propietario del inmueble intervenido recientemente en la ciudad de Salto de Guairá, departamento de Canindeyú, la Ande señaló que institución no celebró contrato, ni registra Solicitud de Abastecimiento de Energía Eléctrica emanada de persona física ni jurídica en el lugar.

“La ANDE desconoce quién o quiénes son los propietarios del inmueble y de los equipos incautados por orden judicial, a raíz de la denuncia por Sustracción de Energía Eléctrica contra personas innominadas realizada ante el Ministerio Público de Saltos del Guairá”, dice el comunicado.

Puede interesar: Exigen informes sobre denuncias de negligencia médica en hospitales públicos

En ese sentido, el ente manifestó que la causa se tramita ante la Unidad Fiscal a cargo del Abog. Oscar Paredes, quien, en el marco de la investigación se libró dirigidos a la Dirección General de los Registros Públicos, al Servicio Nacional de Catastro y a la Municipalidad de Saltos del Guairá, respectivamente, para que informen sobre la titularidad y condiciones de dominio del inmueble allanado.

MINISTRO RECHAZA INSINUACIONES

Ante dichas versiones circulantes, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, rechazó categóricamente las insinuaciones que pretenden vincularlo con la propiedad ubicada en Saltos del Guairá. donde la Ande intervino las instalaciones dedicadas a la criptominería ilegal.

Lea también: ANDE no sabe cómo ingresan máquinas y transformadores para criptominería ilegal

Al respecto, el ministró afirmó que no tiene ninguna propiedad en dicha localidad y que se reserva el derecho de accionar judicialmente contra quienes eventualmente sean responsables de los hechos de “difamación, calumnia e injuria”.