El diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez anunció a través de su cuenta de Twitter que presentará un proyecto de declaración que insta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a destituir a Denis Lichi.

Según argumentó el político por Honor Colorado esta medida contra Lichi se da “por priorizar su campaña política y venta a precios preferenciales a Bolivia de combustible”.

En charla con canal GEN, Nación Media, el legislador indicó que Lichi es pasible de una interpelación e incluso de una denuncia por presunto daño patrimonial. “La factura dada a conocer es una realidad”, refirió.

Cuestionó duramente el silencio absoluto de la oposición y además el desapego del presidente Mario Abdo de la realidad actual, ya que, según refirió el mismo en una oportunidad, “ya tiene asegurada su milanesa de por vida”.

Este lunes se dio a conocer a través de La Nación que entre el 4 de setiembre y el 18 de setiembre del 2022 se observa la reducción de precios por metro cúbico de gasoil enviados por Petropar, bajo la administración de Denis Lichi, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Bolivia, de forma continua. De un precio inicial de venta de US$ 1.473,36 por metro cúbico, el Gobierno de Mario Abdo, le bajó a US$ 1.389,65, según las facturas emitidas.

A este escándalo hay que sumarle los reiterados cuestionamientos sobre el manejo del Gobierno con la petrolera estatal. En ese sentido, Lichi se encuentra abocado en la actualidad a su campaña política, descuidando los intereses de la institución y de la propia ciudadanía.

El miércoles próximo presentaré un #ProyectoDeDeclaracion que insta a @MaritoAbdo a destituir al Pdte de @Petropargov por priorizar su campaña política y venta a precios preferenciales a Bolivia de combustible mientras la camioneros y ciudadanía exige disminución del mismo

— Bachi nuñez (@bachinunez_nuez) September 26, 2022

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.