Rubén Andino, viceministro de Obras, indicó a la radio Universo / Nación Media que dicho tramo está en etapa de ejecución porque la obra no fue recepcionada. La misma se encuentra a cargo de EDB Construcciones – representada por Enrique Díaz Benza y posee un presupuesto de 63.976.460.119 guaraníes.

“Si se presentaron algunos inconvenientes en algunos puntos, estamos analizando con la empresa contratista cuáles fueron las fallas. El Ministerio de Obras no va a recibir en esas condiciones, hasta tanto la empresa responsable de la construcción ponga en condiciones la obra”, expuso.

Señaló además que durante un año, tras la entrega de la obra, se fiscalizará que la misma no presente ningún tipo de inconveniente, y en el caso de detectarse alguno, necesariamente la empresa contratista deberá solucionar el problema. “Así como están las cosas es la empresa la responsable de corregir los errores detectados”, reiteró.

👉🏻 Insólito ruta que aún no se inauguró, ya se está rompiendo en la zona de San Pedro#PyEnVivo 📺 pic.twitter.com/D0Hs9HIOwR

— Trece (@trecepy) November 17, 2022

La mayoría de los colonos de la zona en cuestión se dedican a la agricultura y la ganadería, por lo que es importante tener una vía transitable permanente. Los pobladores mencionaron que se comenzó a trabajar en la construcción del trayecto en el año 2019 y tenía un plazo de 15 meses, pero aún no se entregó y ya se encuentra destruida en ciertos tramos de sus 47,5 km de extensión.

“Nosotros solicitamos a las autoridades de Obras Públicas la reconstrucción total de este tramo porque vemos que realmente se construyó de forma irresponsable. Esta obra iba a traer progreso a la ciudadanía, pero realmente trajo problemas, la forma en que se construyó deja mucho que desear. Queremos una ruta de todo tiempo y en estas condiciones deja mucho que desear”, dijo Miguel Ángel Estigarribia, poblador de la zona, en charla con el TRECE.

El fiscal Rusbell Benítez imputó a dos hombres por homicidio doloso en el marco de dos investigaciones independientes abiertas luego de sucesos registrados durante el Día de los Trabajadores en la referida localidad.

En el primero de los casos, el imputado fue identificado como Juan Ramón Giménez García, de 26 años, quien se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención en su contra. Los hechos se habrían registrado a las 03:30 horas de este miércoles al costado de la plaza Mariscal López. Resultó víctima fatal Richard Barreto Fernández, de 22 años.

La imputación señala que el fallecido presuntamente recibió una estocada con un arma blanca (cuchillo), a la altura del cuello, lado izquierdo, herida que le produjo hemorragia y su posterior deceso.

La segunda imputación fue presentada contra Esteban Daniel Cano Galeano, de 23 años, quien fue aprehendido y guarda reclusión en la sede de la Comisaría 8va, a disposición del juzgado. Los antecedentes refieren que el sospechoso presuntamente, en una casa ubicada en el barrio Inmaculada de Villa del Rosario atacó a Mauricio Andrés Blanco Salinas, de 24 años.

La víctima, domiciliada en el barrio Santa Teresita, habría sido atacado con con golpes en el tórax y cabeza, causaron su muerte debido a un traumatismo de cráneo.

Igualmente, se registró otro caso de homicidio doloso en la vía pública en Itacurubí del Rosario. El suceso se registró anoche, siendo cerca de las 23:15 horas sobre la Ruta N° 22. a la altura de la compañía Ríos Rugua, resultando víctima fatal Juan Ramón Arévalos, de 40 años.

Por el momento se desconoce al autor del hecho. La víctima falleció debido a las lesiones que sufrió en la cabeza, específicamente en la región occipital. Los informes médicos rebelan que Arévalos falleció de traumatismo de cráneo.

“Estimamos que en breve vamos a comunicar de manera conjunta con las autoridades del Brasil sobre los resultados. Hay un trabajo interior que necesita ir terminando”, dijo en conferencia de prensa el canciller nacional.

La tarifa acordada regirá por dos años, periodo en el que se pretende tener las condiciones óptimas para negociar el Anexo C. También se conversa sobre el plan operativo de la binacional.

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Los principios sobre los que se administrará el Anexo C son otro aspecto sobre mesa. El trabajo técnico está liderado por los ministros de Energía de Brasil y de Industria y Comercio de Paraguay.

La revisión también consta de una arista diplomática, la cual, por ende, es función de los cancilleres de ambos países.

“Estamos en una proximidad de alcanzar ese acuerdo, apenas concluya y se suscriba, vamos a compartir los resultados. Para nosotros, lo urgente no tiene que matar lo importante”, afirmó el ministro.

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece las bases financieras del funcionamiento de la entidad. El 13 de agosto del 2023 se cumplieron 50 años de la firma y con esto, el plazo para el inicio de la revisión de ese aspecto.

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En las últimas horas cobró estado pública una denuncia sobre la supuesta utilización de insumos con vencimiento cumplido en el Hospital Distrital de Hernandarias, en el departamento de Alto Paraná.

La denuncia fue formulada por la odontóloga Elizabeth Echeguren, quien reveló ante medios locales que los insumos que le proveían habían vencido hace bastante tiempo.

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Según menciona el diario La Clave, algunos de los insumos que le fueron entregados para utilizar en los pacientes tenían fechas de vencimiento que datan de hasta el 2021, lo cual agrava aún más la situación.

Echeguren afirma haber agotado todas las instancias para exigir alguna respuesta, pero sin éxito. “Recurrí primeramente a la jefa de servicios y nunca me hace caso, luego traté de buscar solución con la encargada de recursos humanos y ella pierde la paciencia cuando le tocó el tema. No sé qué está pasando”.

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Según se sospecha, la jefa del Departamento de Odontología, Shirley Cristaldo, estaría utilizando los insumos proveídos por la X Región Sanitaria en su consultorio particular, por lo que dejaría aquellos productos vencidos para los usuarios del hospital de Hernandarias.

La denunciante afirma que varias profesionales ya renunciaron debido a la falta de respuestas, debido a que nadie se animó a levantar la voz contra los responsables del centro asistencial.