Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido el miércoles 7 por el Congreso.

Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.

En Andahuaylas, donde las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos, se reanudaron los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Unos atacaban con hondas y piedras, mientras que las fuerzas del orden repelían con gases lacrimógenos.

“Paro indefinido”

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.

El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo.

De acuerdo al Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.

En Lima el partido izquierdista Perú Libre convocó la tarde del domingo a una movilización desde la histórica Plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en Perú.

Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.

El Congreso, dominado por la derecha, anunció que sesionará la tarde del domingo para analizar la situación.

Elecciones anticipadas

Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración.

Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro.

“Hasta ahora la presidenta no ha sido clara en lo que es la gran pregunta: ¿estamos en un gobierno de transición o estamos ante una autoridad que pretende quedarse hasta el 2026?”, dijo a la AFP la analista política Giovanna Peñaflor.

“Ella debería tener claro que su papel es facilitar las nuevas elecciones generales y que ese es el camino que le augurará tener alguna estabilidad que permita que este gabinete no sea como los pasados y termine siendo relegado”, agregó.

La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.

Boluarte no descartó el viernes llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, e instó a la calma a la población.

¿Drogado?

Mientras tanto, crecía la polémica en torno a la versión de un exjefe de gabinete y del abogado de Castillo de que el expresidente estaba dopado al leer el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.

En una supuesta carta que habría redactado en prisión, Castillo sostiene que un médico y enfermeras “camuflados” y una fiscal “sin rostro” (encapuchada) lo “obligaron” a sacarse muestras de sangre el viernes y sábado.

Según dice en la misiva, se negó a colaborar porque temía por su seguridad.

El presidente del Instituto de Medicina Legal, Francisco Brizuela, confirmó que el exmandatario “se niega a que se le tome una muestra de sangre y una muestra de orina. Por lo tanto, la pericia (para saber si estaba drogado) no pudo haberse realizado”.

Castillo también rechazó “una pericia psicológica y psiquiátrica”, agregó.

La víctima es Lucero López Maza, de 28 años y militante del Partido Popular Chiapaneco, que tiene presencia local.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados” tras un acto de campaña de la candidata, detalló un comunicado de la fiscalía estatal.

Según testimonios de habitantes de la localidad, López Maza se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre una carretera.

La campaña de las elecciones generales del 2 de junio en México ha sido sacudida por una ola de violencia, sobre todo contra políticos que aspiran a puestos locales.

La policía y los cuerpos de emergencia informaron que otras dos mujeres, una de ellas menor de edad, y tres hombres murieron en el ataque.

Chiapas, en la frontera con Guatemala y escenario de disputas entre bandas criminales, ha registrado distintos incidentes que involucran a candidatos.

La noche del pasado lunes, Luis Ángel Flores, aspirante a dirigir el municipio de Rayón por el partido local Chiapas Unido, resultó herido en un ataque a balazos.

El 3 de mayo pasado, Juan Gómez, candidato a la alcaldía del municipio Benemérito de las Américas, también por el partido Chiapas Unido, salió ileso de un ataque a balazos que dejó sin embargo dos muertos, uno ellos el hijo del político.

El municipio de La Concordia es colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica.

Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, y hasta el 1 de mayo han sido asesinados 26 aspirantes a algún cargo rumbo a los comicios del 2 de junio, según un recuento sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

Fuente: AFP

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

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En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

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