El proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay” comenzó hace un par de meses y se prolongará durante cerca de tres años, como informaron este miércoles las autoridades paraguayas durante la presentación de esta campaña.

Durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), María Luisa Duarte, representante de los pueblos indígenas, agradeció esta iniciativa para “subsanar” la falta de documentación en esas comunidades.

“Hay hermanos que viven como en las épocas feudales, que no tienen documentaciones oficiales. Eso es doloroso porque no les permite ser identificados para alcanzar beneficios”, expresó.

Esa documentación también permitirá a las comunidades indígenas alcanzar el derecho “para elegir o para ser elegido” en elecciones y aumentar la participación y representación de esta parte de la población paraguaya.

Paraguay arrastra desde hace años la falta de cédulas de identidad y de inscripción en los registros civiles de la población indígena, lo que limita sus derechos como ciudadanos.

Las misiones de observación electoral que acuden al país durante la época de comicios han señalado esta carencia como uno de los puntos que el país debe corregir, como recordó este miércoles durante el acto el presidente del TSJE, Jaime Bestard.

Para cumplir esa meta, el TSJE trabaja con la delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay y las organizaciones Diakonia y Tierraviva para registrar e identificar a los indígenas que viven en todo el país.

El jefe de Cooperación de la delegación de la UE en Paraguay, Matteo Sirtori, explicó que en los próximos tres años se pretende llegar a unas 37.000 personas indígenas de 19 pueblos y más de 600 comunidades de todo Paraguay.

“El hecho de tener una documentación oficial es una condición para que se vean reconocidos los derechos de todas las personas y para una participación más activa”, agregó Sirtori.

En los próximos años, Tierraviva y Diakonia van a organizar jornadas de acceso a la documentación para entregar cédulas de identidad, partidas de nacimientos e inscripciones en el registro civil.

La abogada de Tierraviva, Adriana Agüero, reconoció el avance que representa este caso para las comunidades indígenas, y recordó el caso de una mujer indígena que murió a los 102 años sin “poder demostrar que existía”.

Para Agüero, la documentación permitirá a los indígenas “acceder a todas las políticas públicas del Estado” de las que ahora no se pueden beneficiar por falta de acreditación.

Desde el Instituto Nacional del Indígena (INDI), su titular, Édgar Olmedo, apuntó que la falta de cédulas de identidad añade un problema más a la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran estas comunidades y celebró que gracias a la documentación puedan participar como candidatos y electores en próximos comicios.

“Es una demostración clara del avance en el ámbito político y electoral”, concluyó.

El Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena, con datos de 2012, cifra en 112.848 la población indígena, en un país con unos 7 millones de habitantes.

Una gran parte de esas comunidades viven en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras y a la consiguiente emigración a centros urbanos.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, obtuvo una condena de 3 años de pena privativa de libertad para un hombre de 37 años que fue acusado por el Ministerio Público por incumplimiento del deber legal alimentario. El Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá encontró culpable al procesado, quien fue denunciado por su expareja.

Los antecedentes del caso refieren que el 15 de setiembre de 2014, ante la oficina de Mediación del Poder Judicial la pareja llegó a un acuerdo en el que el acusado asumió su compromiso de depositar la suma de G. 350.000, en concepto de prestación de alimentos a favor de su hijo menor, homologando dicho acuerdo el 11 de diciembre de ese año por S.D. n.º 102 ante el Juzgado de Primera Instancia de Curuguaty.

La citada resolución fue incumplida por el acusado, teniendo en cuenta el informe del Banco Nacional que data que desde la apertura de la cuenta judicial en fecha 12 de marzo de 2015, no se hallan registrados los depósitos en la forma que establece la sentencia en cuanto al monto y de manera mensual incumpliendo la sentencia que establece la obligación legal a favor de su menor hijo.

El tribunal integrado por los magistrados Cynthia Espinola, Benito González y Victor Villaverde luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público resolvieron condenar al procesado a 3 años de pena privativa de libertad.

El mandatario viajó acompañado por la primera dama Leticia Ocampos, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

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Su agenda incluirá una serie de conferencias y reuniones con autoridades del sector de la academia y la sociedad del estado de Florida.

Peña será condecorado con una mención especial este viernes 31 de mayo durante uno de los encuentros, según mencionó el canciller Nacional.

Posteriormente, el jefe de Estado y su comitiva se trasladarán desde Miami a El Salvador para la asunción al mando del presidente Nayib Bukele, prevista para el 1 de junio. Peña retornará al país al concluir ese acto.

El Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, estableció hoy un nuevo incentivo con el fin de que más paraguayos accedan a la primera vivienda. Es así que, mediante la Resolución General N°10/24, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) dispuso medidas de facilitación y simplificación de las obligaciones tributarias en favor de los Fideicomisos de Garantía que participan del programa Che Róga Porã.

Estos pasos importantes permiten aliviar la carga operativa en la gestión de cuentas fiduciarias para los emprendimientos de desarrollo inmobiliario, como también, reducir los costos financieros para los préstamos de la vivienda dentro del programa, beneficiando directamente a las familias de ingresos medios que sueñan con una casa propia.

Che Róga Porã se ha ido fortaleciendo con la participación de diversos actores de la sociedad a lo largo de tres fases de implementación y avanza para consolidarse como una política pública con capacidad para encarar el déficit habitacional a nivel país.

El Gobierno está incentivando decididamente al rubro de la construcción y las gestiones financieras para que más familias puedan tener acceso a un techo digno que mejore su calidad de vida y traiga bienestar a sus comunidades.