En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a una resolución del Ministerio de Transporte de Argentina (1023/2022), que establece una tarifa de 1,47 dólares por tonelada para el transporte internacional y el de cabotaje en el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la hidrovía.

“Los argumentos manifestados por la contraparte paraguaya siguen vigentes”, indicó la nota de la Cancillería, al ratificar el rechazo.

Además, indicó que se ha invitado “a los sectores nacionales involucrados” a una reunión el próximo lunes, para evaluar “los cursos de acción adicionales a ser definidos”.

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El pasado 20 de octubre, Paraguay solicitó se suspendiera por un plazo de 180 días esta medida, a la espera de que los países signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná puedan determinar, “en la instancia técnica competente, el alcance de la disposición”.

Las autoridades paraguayas argumentaron en ese entonces en un comunicado que el peaje “tendría un impacto directo en los costos de operación de embarcaciones autopropulsadas y convoyes de bandera paraguaya que transportan cargas”.

La afectación -agregó el texto- “se agrava significativamente en el caso del comercio exterior de Paraguay por su condición de país sin litoral en un contexto de recuperación económica pospandémica”.

También en octubre pasado el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se pronunció sobre este tema e indicó que el establecimiento de un peaje no va en sintonía con la aspiración de los países del Mercosur de tener una estrategia común para ser más competitivos.

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El peaje afectaría el tramo del río Paraná comprendido entre el Puerto de Santa Fe (kilómetro 590 de la hidrovía) y la confluencia con el río Paraguay (kilómetro 1240).

La hidrovía es un importante corredor fluvial para Paraguay y sus vecinos. Para el caso de Bolivia y Paraguay, que no tienen acceso al mar, esta arteria los conecta con el océano Atlántico.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

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La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.

La idea es extender réplicas de la exitosa sociedad policial-militar que logró reducir a la mínima expresión al EPP y la extinción de la ACA, así como a asestar fuertes golpes a organizaciones criminales en Canindeyú.

El plan, barajado en los Ministerios de Defensa y del Interior, contempla el establecimiento de puestos fijos de comandos, con puntos de conexiones para reacciones rápidas ante eventos que perpetran grupos de delincuentes.

El proyecto en cuestión surge a partir de la necesidad que tiene la Policía Nacional, de reforzar áreas de cobertura, ante la emergencia de pandillas bien organizadas, que cuentan con fuerte capacidad de fuego.

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Producción y tránsito de drogas, atracos a camiones de caudales, cajeros y bancos, ataques piratas en rutas, entre otros rubros delincuenciales, se han acrecentado de manera significativa desde hace unos años.

El plan de seguridad que maneja el gobierno central implica también inversión en tecnología para detección y ataques a agrupaciones ilícitas, que cada vez evidencian mayor capacidad de operaciones, utilizando herramientas de la tecnología.