“Realmente ya se suceden varias reuniones, son reuniones técnicas en el ámbito político”, indicó el director de Administración Nacional de Navegación y Puertos, Julio César Vera, en conversación con la 730 AM, sobre las recientes reuniones con las autoridades argentinas en relación al conflicto en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En ese sentido, en la reciente reunión se acordó avanzar, en un corto plazo, en superar las diferencias derivadas por el cobro de la tasa establecida en el tramo del río Paraná entre Confluencia y el puerto de Santa Fe.

Los participantes acordaron establecer bases para adecuar y optimizar los servicios requeridos a fin de mejorar la navegabilidad y su contraprestación correspondiente, a partir de un abordaje integral, que contemple otras herramientas disponibles que contribuyan al desarrollo, modernización y eficiencia de la navegación y transporte fluvial.

Asimismo, se definió profundizar los mecanismos actuales de consultas entre usuarios privados y la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, a través de una mesa de trabajo técnica que se reunirá con periodicidad.

Vera Cáceres destacó que entre lo más resaltante del acuerdo llegado es el no impulsar ninguna acción judicial para el cobro compulsivo y la conformación de un equipo de trabajo técnico para tratar los puntos pendientes de solución.

Sostuvo que el objetivo de estos acuerdos es que los buques puedan circular sin inconvenientes y no sean retenidos.

El conflicto en la Hidrovía Paraguay-Paraná se inició en septiembre del 2022, cuando el gobierno argentino dispuso el cobro irregular de un peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia con el río Paraguay y la posterior retención de buques con banderas paraguayas.

En entrevista con el canal GEN, el presidente de Petropar, William Wilka, destacó el enorme impacto social que representa este adelanto para el sector agrícola de la región.

“Estamos realmente muy contentos de haber empezado bastante temprano. Esto genera una reactivación económica inmediata para la zona y para todos nuestros trabajadores, combinando un efecto económico en cadena que beneficia tanto a la economía directa como a la indirecta que se desarrolla alrededor de esta industria”, expresó Wilka.

El inicio anticipado responde a un compromiso directo asumido por la administración de la estatal con las familias cañicultoras, quienes en años anteriores habían manifestado su preocupación ante la incertidumbre de la comercialización de su materia prima.

El titular de la petrolera llevó tranquilidad al sector productivo al asegurar que toda la materia prima disponible en las fincas tiene mercado asegurado. “Nosotros desde un principio nos habíamos comprometido a que ellos tengan la tranquilidad de que toda la caña que produzcan y cosechen pueda ser entregada al 100% en nuestra planta, independientemente de dónde pudiésemos llegar a moler", ratificó.

Al ser consultado sobre los detalles técnicos de la molienda actual, Wilka precisó que toda la producción actual se está sosteniendo exclusivamente con la fábrica antigua, la cual fue puesta a punto de manera minuciosa para soportar la carga de este año.

Por el contrario, las obras del cuestionado nuevo tren de molienda de la planta de Troche se encuentran completamente al margen de esta zafra. El presidente de Petropar confirmó que dicha infraestructura moderna todavía no está operativa debido a que el proyecto sigue trabado en el ámbito legal.

“Esa parte todavía no está operativa porque está sujeta a una medida cautelar que sigue vigente“, puntualizó Wilka.

No obstante, adelantó que la asesoría jurídica y técnica de la petrolera estatal se encuentra analizando diferentes alternativas legales y administrativas en paralelo.

El Instituto de Previsión Social se comunica exclusivamente a través de los canales autorizados y no a través de cuentas de su plantel médico ni de quienes fingen pertenecer a él.

En tal sentido, se detectó una cuenta de Instagram identificada con el usuario Dr_Derlisleon, que se presenta como gerente de salud de IPS, colocando la cuenta oficial del Instituto de Previsión Social.

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También coloca un link de acceso directo a su número de Whatsapp, el cual puede representar un peligro para quienes ingresen, pues quien está detrás es un usurpador de identidad.

Se recomienda a los asegurados no responder mensajes, no compartir datos personales y mucho menos hacer transferencias de dinero.

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El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) encabezó un riguroso operativo en Ciudad del Este, donde las autoridades asistieron a 42 niños y adolescentes que pernoctaban en las calles. La intervención surgió tras denuncias previas y un seguimiento coordinado con la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

Las fiscalizaciones también abarcaron puntos estratégicos en Itapúa, Villarrica, Caazapá y Caaguazú. Estas intervenciones nacen del Programa PAINI, que busca proteger específicamente a las familias de pueblos originarios, garantizando los derechos de la niñez y la adolescencia indígena, con estricto respeto a su identidad cultural.

Las autoridades derivaron a los menores de edad a centros de cuidados específicos para su resguardo inmediato. Según la licenciada Paola Martínez, las madres, en la mayoría de los casos, exponen a sus hijos a condiciones infrahumanas en la vía pública. El protocolo activa el trabajo conjunto entre el Ministerio de la Defensa Pública, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Un caso testigo en Alto Paraná aceleró las medidas judiciales. Una madre de pueblos originarios recibió una advertencia formal de la Defensa Pública en abril. Ante la reincidencia y la persistencia de las mismas condiciones de riesgo, las instituciones procedieron al rescate de los niños para garantizar su seguridad.

La ciudadanía dispone de la línea gratuita 147 Fonoayuda para reportar y denunciar casos de vulneración de derechos de menores de edad.