El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, se refirió este miércoles a la nueva propuesta de Ley de Emergencia planteada por el Poder Ejecutivo, que pretende punir ciertas acciones en el marco de la emergencia sanitaria.

Al respecto consideró que se trata de una locura que no debe ser admisible bajo ningún motivo. “Es una especie de pase jurídico para que el Ejecutivo haga por decreto lo que necesite. Es una carta verde muy peligrosa, le da todo al Ejecutivo. Eso es peligroso, brutal, es un pase a un régimen autoritario muy peligroso”, indicó a la radio 780 AM.

Riera explicó que la iniciativa en cuestión está pensada para autorizar y dar un respaldo legal a lo que el Poder Ejecutivo haga mediante decretos presidenciales. “En ley de emergencia sanitaria se habla de meter presa a la gente, de infracciones, sanciones, procedimientos, allanamientos a recintos privados, dar poder a Dinatran para el control a los pasajeros, resoluciones definitivas ante jueces que no pueden ser recusados. Es una locura. Es una ley que no tiene contenido sanitario, sino que le da un marco legal a lo que por decreto luego se establezca. Son normas abiertas, sin lenguaje definido”, aseguró.

Advirtió por último que con esa normativa, los derechos de los ciudadanos se dividirían en categorías, hecho que considera totalmente inadmisible.

Coacción sexual y violación son los hechos punibles de los que, recientemente resultaron víctimas ocho mujeres en Coronel Oviedo, donde tres fiscales se distribuyen las investigaciones, con apoyo de la Policía Nacional.

Los testimonios de las atacadas conducen a concluir que hay más de un autor material de las violaciones. Uno de ellos ya fue identificado y, de hecho, cuenta con otros antecedentes penales. La Policía lo está buscando.

La fecha en que cometió los abusos y la descripción de sus características físicas coinciden con dos de los casos investigados.

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Además, se trabaja en identificar a otro de los violadores que, según la víctima, terminó herido con arma blanca, precisamente cuando intentaba someter a la mujer, quien terminó defendiéndose con un ataque punzante al abdomen y al hombro del pervertido.

Otra información que maneja la Fiscalía es que los violadores no actuaron solos y que, otras personas se encargaban de actuar de campana, para evitar que el delito sea descubierto.

Una arista adicional en la carpeta fiscal es el robo de objetos domésticos de las respectivas víctimas, mediante la coacción con el uso de puñales y de armas de fuego.

Paralelamente, el Ministerio Público se ocupa de dar contención psicológica a las ocho mujeres que denunciaron los hechos.

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El fiscal Luis Trinidad Colmán logró una condena de 3 años de prisión para los comerciantes Juan Carlos Benítez Ledezma (31) y Alejandro Trinidad Coronel (37), quienes fueron encontrados culpables por una millonaria estafa.

El juicio oral se llevó a cabo el lunes pasado en el Poder Judicial de Ciudad del Este, oportunidad en la que se demostró con diversas pruebas la responsabilidad de los acusados en el hecho punible contra el patrimonio.

La denuncia sobre el caso fue presentada en el Ministerio Público el 6 de junio de 2021 por Ángel Sánchez González, propietario de la firma “Sánchez Comercial Import-Export SA”, dedicada al rubro de compra y venta de frutas y hortalizas.

Según los antecedentes, Benítez Ledezma libró cuatro cheques diferidos entre el 1, 2 y 16 de febrero de 2021, y el 3 de marzo del mismo año, por valor total de G. 199.600.000, en concepto de pago de crédito de hortalizas a Alejandro Trinidad Coronel.

Los documentos de pago diferido llegaron posteriormente en poder de la víctima a través de una operación comercial realizada con Trinidad Coronel, quien se dedicaba al comercio al por mayor de materias primas agrícolas.

Según el informe de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación, de fecha 20 de julio de 2021, el emisor formuló una declaración falsa, ya que en el momento de la emisión de los cheques no tenía la capacidad ni la voluntad de pago.

También se verificó mediante respaldo documental, tales como recibo de dinero y factura de crédito, la relación comercial emprendida entre Juan Carlos Benítez Ledezma y Alejandro Trinidad Coronel, en fecha 1, 2, 16 de febrero de 2021 y 3 de marzo del mismo año, cuando recibió los cheques en cuestión a cambio de vegetales y hortalizas por valor de 199.600.000 guaraníes.

Luego, Trinidad Coronel, antes del vencimiento de los cheques, los endosa y entabla una transacción comercial con Ángel Sánchez González, a quien entregó los documentos de pago a cambio de venta de frutas y hortalizas varias.

Posteriormente, los cheques fueron rechazados tras ser presentados en ventanillas del banco Sudameris. Esto considerando que el 18 de marzo de 2021, Juan Carlos Benítez denunció el supuesto extravío con la presentación de una nota de orden de no pago que firmó como titular de cuenta, acompañando incluso el parte policial correspondiente.

De esa manera, se corroboró que Alejandro Trinidad Coronel se benefició con el patrimonio de la víctima con la participación del titular de la cuenta bancaria, Juan Carlos Benítez, cuando este último solicitó la orden de no pago por el supuesto extravío.

Por lo tanto, los dos involucrados en la millonaria estafa fueron procesados en su momento y finalmente condenados a 3 años de prisión, que deberán cumplir en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. El Tribunal que emitió el fallo condenatorio estuvo presidido por los jueces Zunilda Martínez, Marino Méndez y Herminio Montiel.

Sindicatos, gremios y organizaciones sociales aprovecharon este 1 de mayo para llevar a cabo diversas actividades, en conmemoración por el Día del Trabajador.

Una de ellas fue una manifestación pacífica que se desarrolló frente al Panteón de los Héroes de Asunción, donde se congregó una gran cantidad de personas, en representación de diferentes sectores.

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La Corriente Sindical Clasista (CSC), el Frente Mujer, la Federación Nacional Campesina (FNC), además de otros gremios, se autoconvocaron para participar de esta protesta.

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la generación de fuentes de trabajo para el sector de la población desempleado, así como el respeto de los derechos laborales de la clase trabajadora y salarios dignos para todos.

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Asimismo, abogaron por el seguro social para todos los trabajadores y expresaron su rechazo al proyecto de ley de la Carrera del Servicio Civil, pues consideran que atenta contra los derechos del funcionariado público.

Los manifestantes realizaron una marcha sobre las calles del microcentro asunceno, concluyendo en la explanada de la Catedral Metropolitana para continuar con la manifestación.