De acuerdo a lo explicado en el documento de 25 artículos, la propuesta consiste en “un proyecto de ley que encuadra las medidas sanitarias que el Poder Ejecutivo, bajo ciertos parámetros, tiene como facultad disponer como mecanismo de mitigación del contagio de COVID-19”.

Las medidas sanitarias previstas en esta ley se aplicarán “a todos los habitantes del territorio nacional y a quienes ingresen en este de manera temporal o permanente, dentro de los límites del espacio definido como zona de emergencia y por el periodo de tiempo que, para tal efecto, sea establecido en el decreto correspondiente”.

Asimismo, se prevé la instauración de una Junta de Emergencia Sanitaria como instancia interinstitucional responsable de la coordinación de acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria, misma que será encabezada por el presidente de la República, o su delegado, y será integrada observando las disposiciones que, para el efecto, se emitan por decreto.

Las reuniones de esta Junta de Emergencia serán convocadas por la presidencia de la República y se celebrarán, ordinariamente, cada quince días y, extraordinariamente, según circunstancias urgentes.

Se menciona además que el Ministerio de Salud Pública, presentará sus reportes, informes y propuestas según el mérito de la situación sanitaria a ser tratada en la instancia interinstitucional.

El proyecto resalta que las personas físicas o jurídicas que infrinjan las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo quedarán sujetas al procedimiento administrativo y a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley.

FACULTADOS DE LA POLICÍA NACIONAL

La Ley dispone que los policías tendrán la facultad de acompañar a las autoridades administrativas en el proceso de control y fiscalización de las normas sanitarias, en caso de que éstas lo requieran.

También podrán constatar las violaciones a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo en los lugares públicos y privados de uso público, siempre y cuando la intervención no pueda ser efectuada por los demás órganos administrativos de control y fiscalización.

Los uniformados tendrán la labor de instar al infractor a que dé cumplimiento a las medidas sanitarias y labrar acta de los incumplimientos y comunicar lo sucedido al Ministerio de Salud Pública, para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador.

En caso de constatarse resistencia o la presunta comisión de otros hechos punibles, se dispondrá la aprehensión del infractor y ponerlo a disposición del Ministerio Público en un plazo no mayor de seis horas.

SANCIONES

El proyecto de Ley refiere que el incumplimiento de las medidas sanitarias, conllevará la aplicación de las sanciones previstas, “a través del procedimiento señalado en el presente marco legal, sin perjuicio de otras responsabilidades legales que resultaren aplicables”.

Las sanciones a ser aplicadas por el Ministerio de Salud Pública serán, según el caso, las siguientes: amonestación o multa de 5 a 300 jornales

Se prevé que el importe de las multas percibidas por el Ministerio será depositado en una cuenta especial que fiscalizará el Ministerio de Hacienda y destinado a incrementar y fortalecer los programas relacionados con la emergencia sanitaria.

VACUNACIÓN IRREGULAR

En el Artículo 23 del proyecto de Ley se estipula que “el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa”.

La sanción será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

Por otra parte, se dispone que el que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epidemia sanitaria, “será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años”.

Si el autor o partícipe fuese funcionario será inhabilitado a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

En la madrugada de este domingo se registró un arrollamiento con derivación fatal a la altura del Km 47 de la Ruta PY01, en jurisdicción de la Compañía Zayas de Yaguarón.

El hecho tuvo como víctima a un agente de la Policía Nacional. Se trata del Suboficial Inspector Teodocio Miguel Ortiz López, 38 años de edad.

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El uniformado se encontraba realizando un trabajo preventivo sobre la ruta y, cuando se disponía a efectuar la verificación de una motocicleta, fue arrollado por un tractocamión de la marca Scania, al mando de Juan Esteban Aquino Gómez, de 66 años.

La víctima quedó gravemente herida y fue asistida por bomberos voluntarios, siendo trasladado primeramente hasta el Centro de Salud de Yaguarón y luego al Hospital Nacional de Itauguá, donde ya llegó sin signos de vida.

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Tanto el camión de gran porte como el conductor responsable del accidente fueron demorados en la sede de la Comisaría 15ª de Yaguarón.

Desde el Comando Institucional de la Policía Nacional expresaron su profundo pesar a raíz del fallecimiento del suboficial Teodocio Ortiz, manifestando públicamente sus condolencias a sus familiares y allegados.

En entrevista con la vocera del Gobierno, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué destacó los logros obtenidos hasta el momento por la citada institución.

En tal sentido, resaltó el hecho de haber alcanzado la cifra de USD 457 millones de recaudación aduanera y tributaria en los primeros 8 meses de creación de la DNIT.

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A su criterio, la decisión de crear esta entidad fusionando la antigua Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) fue acertada, lo cual puede comprobarse a través de sus resultados.

Según Orué, el millonario aumento en la recaudación anunciado días atrás estaba previsto recién para el año 2025, lo cual ratifica aún más el éxito de la dependencia a su cargo.

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Destacó el gran trabajo que impulsan las tres gerencias con que dispone la institución, interactuando a través de diferentes oficinas para mejorar las recaudaciones, reforzar los controles y de ese modo, mejorar la gestión.

Asimismo, recordó que el objetivo inicial de la DNIT fue no crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes para mejorar los balances, constituyéndose en un gran desafío. “Hoy con los números se puede mostrar de que la decisión era acertada”, enfatizó.

A través de un comunicado divulgado este domingo, el Gobierno Nacional se pronunció de manera oficial respecto a publicaciones periodísticas relacionadas con el uso de fondos destinados a viviendas sociales.

En tal sentido, desmintió que los recursos destinados al programa “Che Tapyi”, impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), hayan sido redireccionados para la reparación del avión y el helicóptero presidencial.

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Sobre el punto, el gobierno afirma que, si bien se hicieron algunas consultas a la República de China (Taiwán) -que había hecho la donación a Paraguay-, nunca se llegó a hacer uso de los citados fondos, tal y como menciona el diario ABC Color.

“El Gobierno de la República de Paraguay lamenta la desinformación que no se condice con el claro mandato constitucional del Art. 28 de la Constitución”, enfatiza este comunicado.

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Finalmente, indica que los fondos remanentes del programa “Che Tapyi” se mantienen dentro del programa y siguen a disposición del MUVH.

Cabe recordar que el programa “Che Tapyi” fue creado años atrás con la finalidad de llevar adelante la construcción de viviendas sociales para comunidades indígenas de nuestro país.