Tras la promulgación del decreto Nº 5088 que establece subsidios para los trabajadores y comerciantes de 16 ciudades que comparten frontera con la Argentina en los primeros días del mes de abril, se comenzó con la inscripción que en dos semanas superó las 130.000 personas, pero se realizaron las verificaciones y cruces de nombres y se encontraron que hasta presos de las penitenciarias se anotaron, tras la depuración quedaron alrededor de 25.000 beneficiarios que se vuelven a dividir en 4.000 trabajadores del sector laboral formal y el resto de los informales.

Desde el pasado sábado el primer grupo comenzó a cobrar lo que serán cuatro pagos equivalentes al 50% del salario mínimo vigente, unos G. 1.100.000, el primero de los pagos será doble o sea un salario mínimo, para los 21.000 informales el pago será de G. 500.000 en dos pagos que se iniciaran esta semana. Las personas que podían ser alcanzadas por este beneficio eran los trabajadores, personas físicas, comerciantes, personas unipersonales inscriptos en el Registro Único del Contribuyente que fueron afectados por la pandemia y que no hayan sido ya beneficiados con otros subsidios anteriormente.

Hasta ahí el apoyo conocido como Pytyvõ de Frontera, tenía un fin loable que era ayudar a las personas u comerciantes que efectivamente estaban siendo duramente golpeados por la pandemia, pero todo cambió cuando se dio a conocer la lista de las personas que desde el sábado debían pasar a cobrar la ayuda, ya que en la misma aparecieron nombres de comerciantes y empresarios de buen pasar que no necesitan de ese dinero, ya que viven en exclusivos barrios cerrados de Encarnación, son dueños lujosas mansiones, comercios, restaurantes, cadenas de farmacias, hoteles y se manejan en vehículos de lujo. En las redes sociales y páginas web que publicaron la lista los comentarios contra los avivados no pararon.

Uno de los casos que más indignación causó fue el de Ana Bulzacchelli, quien tiene una mansión en Agua Vista, un complejo a orillas del río Paraná reservado solo para las familias más pudientes de la zona y también es dueña de hoteles, restaurantes y farmacias. Muchos de los subsidiados por el Pytyvõ de Frontera viven en ese lujoso complejo que tiene una inversión varias veces millonaria. Luis Osvaldo Sarquis Petta, es un proveedor del Estado aparece en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones operando en el rubro de perforaciones, con el nombre de Sarquis Perforaciones, otro de los beneficiados. También hubo mucha indignación contra Teresa Cristina Malinowski Ibasiuten, quien vive en una mansión ubicada en un lujoso barrio de Encarnación al que se le conoce como Hollywood, por su exclusividad, no se sabe que negocio tiene a su nombre, pero apareció en la lista de beneficiarios. Graciela Beatriz López, tiene un negocio de venta de uniformes en el circuito comercial encarnaceno, que no cerró durante la pandemia y la mujer se maneja en una camioneta de lujo último modelo. Otro que también denunciaron los encarnacenos al ver su nombre entre los que recibirán el aporte es Ricardo Wander Casas, conocido político aparece en la nómina y según señalan los que lo conocen tiene muchas propiedades en la zona.

De esta manera se suceden los nombres de empresarios que tienen un buen pasar pero que están cobrando la ayuda del Estado en detrimento de otros comerciantes y trabajadores formales que tuvieron que despedir gente y están al borde del cierre que no aparecen en el Pytyvõ de Frontera. Al darse a conocer la lista de los beneficiados por este subsidio las protestas de las personas y la indignación no se hicieron esperar. Algunas voces que se hicieron escuchar, señalaban que esos poco más de dos millones de guaraníes que cobraron estos empresarios no les iba alcanzar ni para pagar un asado de fin de semana o para más de un tanque lleno de sus vehículos.

Una vez más los avivados se pusieron en primer lugar para recibir un dinero que atendiendo al estilo de vida que llevan no les hace falta, pero le privan de un ingreso importante a quienes realmente la están pasando mal en estos tiempos difíciles de sobrellevar.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.