El diario El País de España publicó un artículo especial en el que aborda la cuestión de la distribución de vacunas contra el COVID-19 y la inequidad en el reparto de dosis en América Latina.

Para el efecto, consultó con la Fundación Avina, una organización que promueve el desarrollo sostenible y la defensa de las democracias en Latinoamérica, y que ha puesto en marcha un contador que sigue el proceso de inmunización global.

Dicho contador combina los datos que registran diariamente la página Our World in Data, de la Universidad de Oxford, y la Universidad Johns Hopkins.

Los datos recogidos por Avina confirman que, efectivamente, existe una desproporción en lo que respecta a la inmunización de cada país de Latinoamérica, esto considerando el tiempo estimado en el que acabará el proceso de vacunación a la población.

“Nuestra región tiene el 8% de la población mundial y el 30% de los fallecidos por covid-19. No puede imperar una lógica de mercado puro, de oferta y demanda, porque hay poblaciones enteras que no van a poder acceder a la vacuna. No entendemos cómo un problema global no tiene una solución global y estemos condenados a depender absolutamente de la decisión de 7 o 10 laboratorios farmacéuticos con un mercado cautivo de 7.000 millones de habitantes”, aseguró Gabriel Baracatt, director ejecutivo de la fundación.

En base al último corte efectuado a mediados de abril, la tabla de tiempo estimado para completar la vacunación en América Latina queda de la siguiente manera:

*Chile: 10 semanas

*Uruguay: 11 semanas

*República Dominicana: 36 semanas

*Brasil: 38 semanas

*Argentina: 50 semanas

*México: 53 semanas

*Costa Rica: 72 semanas

*Surinam: 77 semanas

*Colombia: 85 semanas

*Panamá: 85 semanas

*El Salvador: 124 semanas

*Bolivia: 156 semanas

*Ecuador: 193 semanas

*Honduras: 569 semanas

*Guatemala: 815 semanas

*Paraguay: 869 semanas

*Venezuela: 1.219 semanas.

Al ritmo actual de vacunación y de distribución de vacunas, Paraguay tardaría cerca de 18 años en inmunizar a toda la población, según las estimaciones del contador de la Fundación Avina.

Uno de los principales factores que ralentizan el proceso de inmunización en nuestro país es la falta de vacunas antiCOVID, esto por la demora en la entrega por parte del Mecanismo COVAX, así como por la falta de previsión del gobierno para adelantarse en la compra de dosis de las principales fabricantes, tal y como hicieron otros gobiernos de la región que están más avanzados.

Otro aspecto en el que hace énfasis el artículo de El País es el acaparamiento de vacunas por parte de países con más altos ingresos que han comprado el 53% (4.600 millones) de las dosis, pese a que solo tienen el 15% de la población mundial, de acuerdo a lo expresado por Juan Cristóbal Birbuet, desarrollador de la herramienta.

Tanto para Birbuet como para Baracatt es necesaria una redistribución más equitativa y que esos países cedan una parte de las dosis aseguradas al mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la única iniciativa global que trabaja para garantizar la disponibilidad de vacunas en todo el mundo.

Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

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El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

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Con el primer equipo de Ondas de Choque Radial en el Hospital de Trauma, se introduce una innovadora terapia en Salud Pública para combatir dolores articulares con un tratamiento no invasivo que produce alteraciones en la permeabilidad celular, generando un efecto analgésico y metabólico.

Las ondas acústicas generadas por esta terapia activan efectos biológicos que conducen a la curación más rápida y regeneración de los tejidos a largo plazo cuando están lesionados, logrando así disminuir la inflamación y, por consiguiente, el dolor articular, informó el Ministerio de Salud.

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Este tratamiento ayuda a acelerar el alivio del dolor y restablecer la movilidad de la zona afectada con altos niveles de éxito, sin el uso de medicamentos ni sedación y sin efectos secundarios.

La terapia de ondas de choque cubre una amplia gama de indicaciones: bursitis de hombro, codo, cadera y rodillas, epicondilitis lateral y medial, diversas tendinitis (bicipital, rotuliana, aquiliana, entre otras), fascitis plantar y espolones calcáneos. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos, y se necesitan entre 4 y 5 sesiones, una vez por semana, para lograr el porcentaje del éxito esperado.

En promedio, 2.900 pacientes son atendidos al mes en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

De acuerdo al protocolo de atención, el paciente puede acercarse con cualquier orden proveniente de servicios dependientes del Ministerio de Salud, no solamente del hospital de Trauma.

Al paciente que se acerca con su orden de onda de choque se le requerirá evaluación del kinesiólogo certificado. Todos los pacientes indicados deberán estar munidos de sus estudios por imágenes, como ecografía de partes blandas.

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El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, interviene en el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de pericia en obras, para determinar el sistema de seguridad civil y vial del tránsito. Es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Participaron de la diligencia, la perito Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Zulma Sánchez. La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia: la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las caracteristicas de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

El fiscal Romero solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

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