“No se por qué (mató), no fue para robar, hablen con mi abogado”, dijo Gómez González al ser consultado sobre el motivo que le impulsó a acuchillar a la víctima.

“Ya omanóma ningo, qué lo que voy a decirle más”, declaró después, cuando le plantearon si tenía algo que decir a los familiares del extinto joven.

Subrayó que, no tenía motivo para matarlo, y que tiene vicios ligados al consumo de drogas. “Fumo crack, tomo cocaína, fumo marihuana”, respondió, cuando le consultaron si estaba bajo efectos de alguna sustancia al momento del crimen.

La condena a ambos se suma a otros casos resueltos en torno a hechos delictivos de similares características, es decir, crímenes en donde el componente de la “droga barata”, el crack, desemboca en tragedias de terceros.

Los condenados que se movilizaban en una motocicleta, atracaron al joven Gabriel Bobadilla, que iba a su lugar de trabajo, donde se desempeñaba como soporte informático. Le intimaron a que entregue su celular, y ante la negativa, Gómez González acuchilló a la víctima, quien falleció en el acto, en la vía pública.

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En el caso de Hugo Giménez, el Tribunal resolvió dos años menos que el asesino directo, considerando que la complicidad del hecho lo ubicó casi en la misma situación legal práctica que el autor principal. No solo ayudó a huir al criminal, sino que en juicio intentó justificar, diciendo que actuó bajo efectos de la droga, y que no tenía conciencia de la situación.

Un Tribunal de Sentencia demostró las culpas en el asesinato del joven trabajador, el 2 de diciembre del año 2020 en un robo agravado perpetrado en Luque.

Hugo Giménez Gómez, y Diosnel Gómez González , condenados.

El informe de cada kilo de la droga que estaba camuflada en paquetes de almidón, cuesta 45.000 euros, es una muestra de la tentación que tiene el negocio criminal.

La empresa que realizó el envío de la carga legal de almidón, entre la cual estaba la droga, negó la autoría de la remisión, y paso la responsabilidad a su despachante. La sospecha de los investigadores apunta al por qué el envío de ese tipo de mercadería por vía aérea, mucho más cara. Y por qué se envió hace poco ese mismo tipo de producto por buques mercantes.

El ministro Oscar Orue, titular de la Direccion Nacional de Ingresos Tributarios, señalo que la cocaína que iba a ser enviada, estaba en paquetes de medio kilo, con un fino trabajo para ocultarse en las cajas similares a los que contenían el almidón.

Por el lado de los intervinientes, en tanto, resaltaron que la carga superó, incluso, los olfateos de perros antinarcóticos, lo que significa que los narcos aplicaron mejores sistemas para blindar la mercancía.

Otro frente de sospechas es el referente a funcionarios de la Dirección Naciónal de Aeronáutica Civil. Recientes episodios de envíos de cocaína que pasaron con la complicidad de agentes del ente, permiten abrir la presunción de que, también en esta ocasión, podría haber factor humano de la Dinac métodos en el complot.

Este episodio detectado el pasado viernes, abre las puertas a otra de las mil y una formas en que carteles narco utilizan vías de transportes legales el envío de drogas.

Rodolfo Duarte, de 43 años, es la víctima mortal del suboficial Ever Ayala, quien fue el que en medio de una disputa con su pareja, en la vía pública, reaccionó de manera brutal contra las personas que iban en un auto al que el agente impedía el paso de vehículo.

Los atacados por el policía, pidieron a bocinazos que el mismo despeje la calle. El funcionario policial, inicialmente aplicó oídos sordos y seguía discutiendo con su mujer. Sin embargo en un momento salió del vehículo y disparó.

El detalle que agrava el cuadro, es que el suboficial Ayala tenía prisión domiciliaria por un homicidio culposo, en el que produjo la muerte de un motociclista en un accidente de transito.

El uniformado solo podía salir de su vivienda para concurrir a su lugar de trabajo. Esa disposición la violò , ya que el día en que realizó el ataque a balazos estaba de franco.

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En ámbito fiscal señalaron que el informe de situación del policía, consigna que cuenta con varios antecedentes de violencia, y de conducta irascible y desproporcionada.

El hecho pone al tapete las pruebas psicológicas que deben pasar los que aspiran a ingresar al cuadro policial. Sucesivos hechos verificados en el ente, demuestran que los episodios de esta naturaleza son numerosos, y ponen en cuestionamiento la calidad de los filtros en el aspecto psicológico.

En el Barrio San Juan, de la ciudad de Luque, a casi dos semanas del luctuoso suceso, la Municipalidad de Luque mandó colocar barandas de seguridad para evitar otra desgracia, según informó el canal GEN/Nación Media.

Además fueron instaladas dos piezas de concreto en el lugar para amortiguar algún impacto e impedir que un vehículo vaya a parar a la zanja.

El 24 de abril, madre e hija fallecieron arrastradas por el raudal, luego de caer a un cauce que no tenía vallas. En la ocasión, se salvaron tres personas, todas ellas, recién egresados del Grupo Lince.

Por el hecho, la Fiscalía formuló imputación en contra del intendente de Luque, Carlos Echeverría, tal cual había ocurrido con el intendente de Lambaré en noviembre pasado, cuando murieron dos militares en las mismas circunstancias.

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