“Hace un mes que trabajamos con este tema, estamos viendo todos los aspectos relacionados a la seguridad, hay un contingente muy importante en todos los niveles, que van a realizar este traslado y el cumplimiento de todas las diligencias judiciales”, explicó el Crio. Carlos Duré, jefe de la Interpol, en comunicación con la 1080 AM.

Indicó que, no se dan a conocer detalles, por una cuestión de seguridad, considerando la peligrosidad que representa el extraditado.

Además del esquema de drogas que lo involucra en el operativo A Ultranza, Insfrán figura en la pesquisa del asesinato de Marcelo Pecci. Su participación es una de las aristas de la investigación. Lo confirmó la entonces fiscal general Sandra Quiñónez, el día de la detención.

Según la Senad, Insfrán se inició en el ámbito delictivo en el año 2000, con robos, desarmes de vehículos y reducción. Esto le permitió contactar con estructuras criminales de Bolivia, donde en aquel entonces se vendían los autos hurtados en Paraguay.

Posteriormente empezó a incursionar en el narcotráfico, hasta conformar una sólida base criminal que proveía apoyo logístico para el tráfico de drogas por aire y por tierra.

Sus tentáculos y nexos incluían: contacto con proveedores de clorhidrato de cocaína en distintas zonas de producción, la provisión de pistas de aterrizaje, combustible y enseres necesarios, en ubicaciones geográficas dentro del territorio paraguayo que resultaban estratégicas para el tránsito y acopio de cargamentos ilícitos.

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Además contaba con aeronaves, vehículos y camiones de gran porte que incluso se encontraban acondicionados con estructuras de doble fondo.

También era dueño de depósitos de amplias dimensiones en inmediaciones de Asunción y próximos a puertos, con capacidad para resguardar camiones de gran porte.

En el 2020 creció a través de empresas administradas por testaferros, utilizadas para operaciones de comercio internacional, que le permitieron mantener vínculos con organizaciones criminales transnacionales, con las que, según la Senad, se asoció para transportar grandes cantidades de clorhidrato de cocaína.

Con estas actividades amasó una fortuna y esto a su vez, le obligó a crear empresas para establecer un amplio esquema de lavado de activos, que abarcó la adquisición de bienes muebles e inmuebles de alto valor, muchos de los cuales fueron registrados a nombre de testaferros.

El lavado incluyó al Centro de Convenciones Avivamiento CCA, con sede en Colombia bajo la denominación Centro Mundial de Avivamiento, que tenía como Pastor a su hermano José Alberto Insfrán Galeano.

En el esquema, siempre según la Senad, también figura la Cooperativa San Cristóbal LTDA, por medio de la cual realizó millonarios préstamos y descuentos de cheques a nombre de los miembros del Clan y de otros que actuaron como testaferros.

También fue corredor de rally desde el 2013. Los vehículos llevaban su alias Tío Rico y desde entonces se hizo mucho más conocido por esta denominación. En el 2021 compró un  Skoda Fabia Rally2 EVO chasis 105, valuado en 250.000 euros.

En la fecha, la jueza Rossana Frutos revocó el fallo de su colega Gloria Machuca, quien había hecho lugar a la denuncia por violencia contra la mujer interpuesta por Gisele Zuni Mousques contra el empresario Christian Chena y el programa RDN (Resumen de Noticias).

En entrevista con el canal GEN, la abogada Margarita Heralesky, representante de la denunciante Gisele Mousques, lamentó la decisión de la magistrada Frutos. Explicó que su clienta presentó una denuncia por violencia contra la mujer y solicitó medidas de protección. El pedido hecho, y concedido por la primera jueza, fue que Chena no realice calificaciones denigrantes y atentatorias contra su dignidad.

La defensa del denunciado apeló la decisión de la Jueza de Paz, y el expediente pasó al Juzgado de Primera instancia, donde ahora la magistrada Frutos hizo lugar a la apelación.

Ante este revés, la abogada Heralesky adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra del fallo.

La letrada aclaró que en ningún momento se buscó censurar a la prensa, sino más bien proteger la dignidad de la denunciante.

#SDN ☀ | Revocan fallo en caso violencia contra Gisele Mosques.

☝️ En contacto con la abogada Margarita Heralesky.

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— GEN (@SomosGEN) April 29, 2024

MÁS DEL CASO

Mousques había formulado una denuncia contra Christian Chena por el hecho punible de Violencia Contra la Mujer, ante lo cual la jueza Gloria Machuca dispuso una medida de protección para que el empresario no pueda realizar publicaciones o referirse a la mujer a través de sus redes sociales, medios digitales y otros similares que sean de su propiedad, ya sea de manera directa o indirecta.

En el relatorio de hechos que obra en el expediente judicial, Mousques señala haber sido víctima de ataques infundados por parte del propietario del medio RDN (Resumen de Noticias), quien habría utilizado sus redes sociales para dañar su imagen.

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Según la denunciante, viene siendo víctima sistemática de amedrentamientos por parte de Chena, esto luego de haber salido victoriosa en un juicio laboral que data del tiempo en el que la misma trabajaba en el canal RPC (actual El Trece), cuyo propietario en su momento fue Chena.

En el documento se acusa a Chena de “proporcionar información falsa y denigrante” contra Mousques a través de “titulares tendenciosos”. De igual manera, se lo acusa de haber incumplido y desacatado las medidas de protección que habían sido dispuestas previamente por el juzgado.

Asimismo, Mousques alega haber sufrido hostigamientos a través de las redes sociales mediante perfiles falsos que realizaron comentarios denigrantes hacia su persona, en respuesta a un tweet realizado por Chena en su cuenta de Twitter. Además, dijo verse afectada “por el odio social que se instiga a la violencia con sus titulares tendenciosos y la información falsa que proporcionan a la opinión pública”.

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Mousques cuestionó el actuar de Christian Chena al “refritar” publicaciones periodísticas que datan de hace varios años y en los que la misma dijo sentirse agraviada, lo cual a su vez motivó el comentario negativo de varios de sus seguidores en la mencionada red social.

La denunciante sostiene haber sido violentada en su salud física y psicológica debido a estos ataques, al punto de tener que recibir tratamiento psicológico por parte de profesionales. Por ello, recurrió a la justicia para solicitar la aplicación de medidas de protección que actualmente siguen vigentes por disposición judicial.

Patricia Torrents, directora de Tecnología del banco Itaú, comentó al canal GEN que para poder ingresar a la app o el home banking de cualquier entidad, indefectiblemente se requiere de un PIN de acceso único, el cual es creado de forma segura por el titular de la cuenta.

Posteriormente para transferir los fondos de dicha cuenta, se requiere indefectiblemente de un PIN transaccional que es considerado como un segundo factor de autenticación y que posee otras medidas de seguridad adicionales.

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“De acuerdo al perfil del cliente, se pueden conceder préstamos para una emergencia, pero para mover ese dinero y transferir a un tercero me va a pedir siempre el segundo PIN (de transacción)”, mencionó.

Torrents enfatizó que “el dinero no puede salir del banco” sin tener estos dos pines, por lo que descarta que se pueda producir una vulneración sin que la persona detrás del ilícito los tenga a mano.

Cada PIN cuenta con una medida de validación específica, lo cual aumenta el nivel de seguridad y privacidad, además de evitar que terceras personas puedan acceder a una cuenta, refirió, al tiempo de destacar que el home banking y el aplicativo de Itaú poseen estrictas medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

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Torrents desmintió que el PIN transaccional tenga como segundo factor de autenticación el envío de un mensaje de texto -tal y como había denunciado la esposa de un cliente días atrás a través de GEN-, utilizándose otras medidas adicionales más seguras para ese tipo de situaciones.

La directora de Tecnología de Itaú también manifestó que, como banco, no tienen potestad de tocar el dinero que haya sido transferido a otra cuenta bancaria en una entidad distinta, como sucedió en el caso mencionado anteriormente y que involucró un préstamo de más de G. 20 millones, solicitado sin autorización del titular.

Desde la semana pasada ya se pudo observar un movimiento interesante de obreros y maquinarias en el lugar, alistando el terreno para arrancar muy pronto con la construcción de este vital componente del Corredor Metropolitano del Este (CDME).

Cabe recordar que el desarrollo del proyecto está dividido en dos fases.

La primera, que es la que se encuentra en su etapa decisiva es la Revisión y Diseño Final de Ingeniería, que tiene la finalidad de compatibilizar el trazado del puente con las demás obras del CMDE.

En tanto que, la Fase B, comprende la construcción propiamente dicha, que tendrá un plazo 18 meses de duración.

La empresa contratista encargada de las tareas mencionadas, es el Consorcio Puente Monday (Constructora Heisecke S.A. y Construpar S.A.), y la fiscalización la hace el Consorcio JY1.

El segundo puente sobre río Monday será la conexión entre el acceso interurbano de la ciudad de Presidente Franco y la carretera de casi 31 km que abarca el área rural del CMDE con salida en el km 17,5 de la ruta PY02 en el distrito de Minga Guazú.

Tendrá una longitud de 500 metros, con una sección transversal del diseño que comprende 26,50 metros, 4 calzadas de 3.60 metros, dos banquinas internas de 1,30 metros cada una, separadas por una defensa tipo New Jersey de 0,60 metros y dos externas de 1,50 también con defensa tipo New Jersey de 0.40 metros, además de caminos peatonales y bicisenda de 2,50 metros a ambos extremos de la sección.