Manuel María Cáceres, director de Itaipú, encabezó la conferencia de prensa convocada esta mañana, con el objetivo de rechazar los cuestionamientos hacia el concurso que pretende cubrir 220 vacancias.

“No fue hecho de forma irresponsable y está demostrada la necesidad”, expresó Cáceres. Detalló que, el año pasado se jubilaron 70 funcionarios y este año está previsto que otros 100 hagan lo mismo, ya que existe un mandato que impone la edad de 60 años para retirarse.

Por otro lado, el director aseguró que no se incorporó a ningún funcionario fuera de los concursos y que, el hecho de que alguien sea presidente de una seccional, no le impide postularse a los cargos.

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Consultado sobre los casos direccionados, ante los requisitos muy específicos para ciertos cargos, evitó ahondar al respecto y dijo que, para algunos cargos existen entre 70 a 80 postulantes.

Respecto a las personas que ya forman parte de la entidad, pero que, pese a esto se candidatan, respondió que, Itaipú cuenta con muchos empleados que son técnicos, muchos de ellos, universitarios, quienes, no pueden pasar al campo profesional de Itaipú.

“Un estudiante de ingeniería que ingresa al área técnica de Itaipú, se recibe y quiere cumplir funciones para la carrera que estudió, no puede ocupar un cargo profesional, porque no tenemos un concurso interno, por una reglamentación del 2014, que más adelante pretendemos cambiar”, respondió.

Una investigación de Nación Media identifica a una serie de funcionarios ya acomodados en la binacional que participan del Proceso Selectivo Externo y que están muy bien conectados dentro de la hidroeléctrica, ya que varios de ellos son familiares de altos funcionarios o allegados al entorno del cuestionado director de Responsabilidad Social, Gerardo Soria.

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Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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Los últimos tres episodios de violación a mujeres, los cometió en una semana, y hay otros seis casos denunciados que no se formalizaron por temor de las victimas, según señala la concejal ovetense Rossana Bogado, quien indicó que la presunción que tienen los investigadores, es que el sujeta acciona del modo como lo hace, para evitar huellas de ADN que pudiera llevar a su identificación.

“Es bastante llamativo el modo como toma precauciones para cometer los abusos, a fin de ser detectado”, dijo Bogado en comunicación con la 1020 AM.

En todos los caos reportados, se menciona al victimario como una persona baja y robusta, que amenaza a sus victimas con cuchillo, y que ingresa las casas en donde viven mujeres solas, generalmente jóvenes, conforme observan policías que están tras los pasos del criminal.

En el más reciente episodio (el viernes pasado) la mujer que sufrió el ataque, llegó a arrebatar el cuchillo al sujeto, con el que le ocasionó una herida cortante en el pecho, lo cual hizo que el atacante huyera.

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