Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de la infertilidad es del 17,5%, es decir, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva, experimentan problemas de infertilidad en algún momento de sus vidas.

La infertilidad se define como la incapacidad de lograr el embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Existen dos tipos de infertilidad: la primaria, que se refiere a las parejas que nunca han podido concebir, y la secundaria, que se refiere a la incapacidad de concebir nuevamente después de haber tenido un hijo.

“Es una condición que puede causar angustia, estigmatización y dificultades económicas, además de afectar el bienestar mental y psicosocial de las personas. No hace distinciones y puede afectar a hombres y mujeres por igual. La magnitud de esta afectación es innegable y debe ser abordada mediante una ampliación del acceso a los tratamientos y su inclusión en las políticas y estudios de salud”, explicó el Dr. Roger Molinas, experto en Medicina y Cirugía Reproductiva.

Un informe de la OMS señala que resulta urgente aumentar el acceso a una atención sanitaria de la esterilidad asequible y de calidad para quienes la necesitan.

En Paraguay no se escapa de esta realidad, pues posee cifras similares a los países sudamericanos, situación a la que se suma la falta de información al respecto. La infertilidad no es aún considerada como una condición que debe ser atendida por la salud pública. De momento la opción que se cuenta es recurrir a centros de medicina y cirugía reproductiva, que se enfocan en el diagnóstico especializado de la infertilidad y su tratamiento.

Según resalta el médico Roger Molinas, los estudios realizados en el país comprueban que hay una marcada disminución de la calidad del esperma del varón por diferentes motivos, lo que repercute en el aumento en mayor porcentaje de infertilidad en la población de edad reproductiva. Además, de otras condiciones socio-económicas-culturales que impactan en el rango de edad de reproducción, como por ejemplo la decisión de la mujer de postergar la maternidad.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, enfatizó la importancia de esta problemática al declarar: “El informe revela una verdad incontestable: la infertilidad no hace distinciones. La enorme proporción de afectados evidencia la necesidad de ampliar el acceso a los tratamientos y de incluir la infertilidad en las políticas y los estudios sobre salud, de modo que las personas que lo deseen dispongan de vías seguras, eficaces y asequibles para tener hijos”.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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