En conferencia de prensa, el congresista colorado Ulises Quintana aseguró que la Fiscalía paraguaya indujo al Gobierno de los Estados Unidos al enviar informes erróneos. “No tengo Visa, jamás fui a los EEUU, solo fui a Argentina y Brasil. La gente de CDE sabe del trasfondo político de esta causa”, dijo.

“Voy a demostrar mi inocencia en el proceso aquí, en el tiempo oportuno. Soy abogado, no un delincuente, jamás cometí un hecho punible. Existe un terrorismo fiscal-judicial, se protege a grandes delincuentes, pero yo no soy ningún delincuente, no hay ninguna prueba que pueda sostener con argumentos facticos de que pertenezco a alguna asociación criminal”, mencionó.

El político oficialista recalcó la presunción de la inocencia y dijo que seguirá con su campaña en CDE, donde es candidato a la intendencia por Concordia Colorado. Allí goza de buena popularidad, según subrayó. “En algo afectará en mi candidatura (la declaración de EEUU), pero la gente sabe que es una gran injusticia. Saben bien quiénes son mis adversarios políticos (…) Yo continúo en Colorado Añetete”, agregó.

Sobre el planteamiento de su pérdida de investidura, Quintana comentó que no ve viable que sea echado del Congreso porque la ley establece que debe ser por tráfico de influencias fehacientemente comprobado, hecho que no se dio en su caso, según argumentó.

Por su parte, Óscar Germán Latorre, representante legal de Ulises Quintana, aseguró que no existe indicio alguno de una vinculación de su cliente con alguna organización criminal y argumentó que el Gobierno de los Estados Unidos fue inducido a un error, de la mano de la fiscal Lorena Ledesma, al tomar la causa penal abierta para adoptar su medida de restricción al ciudadano paraguayo.

Resaltó que Ulises llamó a Reinaldo “Cucho” Cabaña en su carácter de abogado y no de legislador para lograr la liberación de un vehículo y una suma de dinero que tenía en su poder el secretario Diego Medina. “Ulises se limitó a preguntar cuál era la situación y cuál era la documentación requerida para aclarar la situación del dinero. La fiscalía sentó la falsa idea de que intervino como diputado para liberar el dinero, pero en el acta de imputación transcribe la conversación entre Diego Medina y Reinaldo Cabaña (Cucho), a quien informa que pagó 6000 dólares para lograr la liberación del dinero y vehículo, eso asume como cierta la fiscal”, agregó.

“Nosotros estamos desconcertados por los argumentos vertidos en el comunicado (de EEUU), pero presumimos que tiene que ver con esa causa penal y nada más. No vamos a hacer ninguna acción o recurrir a la embajada porque sería en este momento inoportuno hacerlo, porque la causa penal está abierta y esperamos que en algún momento un tribunal resuelva y ponga en evidencia que la fiscal ha distorsionado el contenido de las declaraciones y ha falseado la información”, dijo. Recién cuando se tenga el pronunciamiento de la justicia se recurrirá a la Embajada de Estados Unidos para aclarar la situación del legislador.

Ahondó además que el propio jefe de la Senad testificó que no consta que haya otras conversaciones, relación comercial o asociación criminal entre Ulises Quintana y Cabaña. “Parece más una novela de Agatha Christie antes que una investigación penal”, cuestionó.

“No puedo decir si se apresuraron o no (en EEUU), pero sí que alguien informó mal e indujo a un error. Sostengo que la Fiscalía cometió un gravísimo error, quebrantó todos los derechos del imputado y ahora acusado Ulises Quintana, tergiversó las conversaciones que ella misma transcribe. Es un argumento propio de un delirio atribuirle que forma parte de una organización criminal por una conversación. Yo presumo que el Gobierno de EEUU fue inducido a un error. Acá lo que se quiso hacer es a través de información falsa, es enmendar la grave actuación fiscal. Acá lo que hubo es una intervención indebida para tratar de ocultar una nefasta actuación fiscal”, puntualizó.

Ulises Quintana fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal, junto con otras 30 personas vinculadas al caso Berilo, el cual lleva más de un año esperando por una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

El operativo fue desplegado en la ciudad de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná, en el marco de la investigación de la explosión del cajero del Banco Nacional de Fomento en la localidad de Natalio y Yataytay, en Itapúa.

Al respecto del operativo, el comisario Francisco Talavera, jefe de Gabinete de Investigaciones de Alto Paraná, comentó que fue allanada una estancia de difícil acceso, donde se tuvo un enfrentamiento a tiros con los supuestos delincuentes. “Detuvimos a dos personas y abatimos a otras dos presumiblemente de nacionalidad brasileña”, señaló, en conversación con la 1080 AM.

Puede interesar: Combustible de contrabando: golpe de G. 70 millones en operativo

“Al llegar a la propiedad, una de las personas montando guardia se percató de nuestra presencia y prácticamente nos recibieron a tiros”, agregó.

El jefe policial señaló que el grupo podría estar conformado entre 15 a 20 personas, en su mayoría de nacionalidad brasileña. Del lugar se incautaron todo tipo de armas, pasamontañas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Lea también: Salario mínimo: así quedaría el nuevo monto con el descuento de IPS

Cabe mencionar que en el departamento de Itapúa se viene desplegando sendos operativos de seguridad ante los últimos sucesos relacionados a ataques a sucursales bancarias, donde los delincuentes utilizaron explosivos, tomaron comisarías y pusieron en zozobra a todos los pobladores, con el objetivo de alzarse con los cajeros automáticos.

El fiscal de Luque, Silvio Alegre, imputó por el hecho punible de homicidio doloso, consumado y tentado, al suboficial Ever Daniel Ayala Lesme.

De acuerdo con los datos, el sospechoso protagonizó un altercado con cuatro personas el 1 de mayo último, a las que disparó e hirió de gravedad. El lunes pasado, una de ellas falleció.

Lea: Feminicidio: video muestra a sospechoso con una carretilla y un bulto

Este domingo pasado, en horas de la mañana, Ayala fue detenido en su casa de Luque, igualmente se incautó un automóvil, que había prestado de su suegro y con el que protagonizó el incidente que derivó en la muerte de una persona. Sin embargo el arma de fuego que utilizó para cometer el hecho aún no fue encontrada.

El policía ya cuenta con antecedentes por un hecho de homicidio culposo tras estar involucrado en un accidente de tránsito con derivación fatal, del que se dio a la fuga. Por este caso, se dispuso su arresto domiciliario, pero con permiso para trabajar, y la prohibición de portar arma de fuego.

El fiscal Alegre realizó diligencias en busca del arma utilizada para perpetrar el crimen, ya que se desconoce si usó la reglamentaria - provista para uso de la institución. Fue registrado el casillero designado para el suboficial en la comisaría donde presta servicios. El arma no fue hallada pero fueron recogidos algunos elementos que podrían ser relevantes para la investigación.

El agente fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de turno la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva para el policía, quien prestaba servicios en la oficina de guardia de la comisaría 9° Central de Limpio.

Puede interesarle: Debaten sobre retransmisión del fútbol local y hacen un pedido

La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, confirmó al canal Gen-Nación Media que convocarán a la Conasam (Comisión de Salario Mínimo) para iniciar los primeros estudios sobre el reajuste del sueldo básico.

La titular de la cartera estatal reveló que, al cierre de abril, la inflación interanual se sitúa en el 4 %, lo que equivale a 107.000 guaraníes de aumento.

El salario actual es de G. 2.680.373, que, con el descuento del 9 % aplicado por IPS, equivalente a G. 241.233, hace que el monto neto que cobra el trabajador sea de G. 2.439.140.

Sin embargo, con la inflación actual y la adición de los 107.000 guaraníes, el nuevo salario sería de G. a 2.787.373. El 9 % de este monto es de 250.863, lo que significa que el monto a cobrar será de G. 2.536.510

Estos números son todavía preliminares, pues, la ministra reveló que existe una expectativa de un leve incremento de la inflación en mayo, mes en que se hace la última medición, con lo que, la suba podría alcanzar los 120.000 guaraníes.

Se aguardará el informe que emita a finales de mayo el Banco Central del Paraguay. Los datos son los utilizados para el cálculo de la pérdida del poder adquisitivo y el consecuente reajuste salarial.