La iniciativa surge ante la necesidad de establecer mecanismos de control y prevención para desalentar desórdenes y la ocurrencia de hechos; así como la identificación de personas y grupos violentos.

Los parlamentarios sostienen que estos eventos deberían ser momentos y lugares de sano esparcimiento para los aficionados y para las familias, pero que en varias ocasiones fueron escenario de lamentables sucesos.

El documento recuerda que actualmente rige la Ley N° 1.866/2012 – “Por la no violencia en los estadios deportivos”, la cual necesita ser actualizada.

En él se establece cuáles son los objetivos y las medidas para evitar actos violentos en los espectáculos deportivos.

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El proyecto plantea la creación del Registro Nacional de Espectadores (RENAES), “donde se contará con información sistematizada de los espectadores en relación con los hechos de violencia derivados de los eventos y espectáculos deportivos y de competición; las responsabilidades de las personas; las organizadoras de eventos y espectáculos deportivos; las condiciones de acceso y permanencia en los recintos deportivos; las infracciones y sanciones tanto para los espectadores como para los organizadores de los eventos deportivos; y de los directivos de entidades deportivas”.

Sobre el RENAES

El Registro Nacional de Espectadores (RENAES), llevará un registro de la información sistematizada de los espectadores con relación a hechos de violencia en eventos deportivos. Estaría a cargo del Ministerio del Interior.

Deberá trabajar en línea con la base de datos de la Policía Nacional y con el Registro Civil de las Personas.

Contará con datos biométricos de las personas mayores de edad que concurren a un espectáculo cuyo aforo sea mayor a 2.500 personas y habilitará una ficha con todos los datos.

Se dispondrá luego de un módulo de prohibiciones de acceso a recintos deportivos.

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Un artículo determina que se deberán instalar circuitos cerrados de televisión y otros recursos tecnológicos, para grabar el acceso, tanto al recinto deportivo como en las zonas aledañas donde pueda producirse aglomeraciones.

Asimismo, se estipula la inhabilitación o suspensión para ocupar cargos en la organización deportiva, temporalmente o incluso con carácter definitivo. La sanción temporal podrá ser de entre dos a cinco años.

También habla de sanción pecuniaria para los espectadores, clubes, deportistas y directivos, dentro del marco de las competiciones profesionales; clausura del recinto deportivo por un periodo de cuatro partidos o hasta la finalización del torneo o competencia; pérdida de la condición de socio y prohibición de acceso al estadio por tiempo no superior a cinco años; competencias a puertas cerradas; etc.

Enfatiza la pérdida de puntos o descenso de categoría; clausura; prohibición de acceso por periodos de entre seis meses y cinco años.

Por último, sobre los ingresos por sanciones, serían destinados a la implementación del RENAES y sus diferentes módulos, y a la adquisición de medios tecnológicos.

El Ministerio de Industria y Comercio junto con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA) firmaron un convenio que apunta al fortalecimiento del sector mediante el mejoramiento de áreas técnicas y la elaboración de un estudio que refleje la realidad de la industria farmacéutica en nuestro país.

El acuerdo, abarca áreas como estudios sectoriales, análisis de factores productivos, evaluación del impacto socioeconómico, identificación de desafíos y oportunidades, y formulación de recomendaciones estratégicas del sector.

Durante su intervención, el titular del MIC, Javier Giménez indicó que desde la institución se busca el acercamiento constante con el sector privado, que tengan voz y participación en las políticas que hacen al desarrollo industrial.

“Las políticas públicas deben ser claras hacia la libre competencia, el desarrollo, la protección de las inversiones, sobre todo en un sector emblemático del Paraguay”, indicó.

Remarcó que el sector farmacéutico mueve alrededor de USD 300 millones al año de movimiento económico sumando exportaciones e importaciones, además de 4.000 empleos directos aproximadamente.

A través de un mensaje en vivo transmitido en cadena nacional, Santiago Peña comunicó los alcances de la nueva tarifa de Itaipú, la cual regirá durante el 2024, el 2025 y el 2026.

Este valor implica que Paraguay recibirá 280 dólares en concepto de royalties, 650 dólares en inversión social, 265 dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año.

“Hemos logrado mantener el acuerdo operativo vigente. Además, se ha conquistado una reivindicación histórica al permitirle al Paraguay la venta de energía al mercado brasileño, lográndose después de más de medio siglo la ansiada soberanía energética”, expresó el presidente.

En cuanto al uso que se les dará a los 1.250 millones anuales, el presidente expuso que se invertirá en:

Centros de salud, alimentación y educación para los niños

Refuerzo dela seguridad nacional

La construcción de tres grandes hospitales

Modernización de la infraestructura vial en el interior

Inversión en el transporte público

Infraestructura energética

A partir de ahora queda por resolver la revisión del Anexo C. Ambos países fijaron como plazo este año, es decir, terminar de negociar como máximo el 31 de diciembre.

Un nuevo caso de asalto que tiene como protagonista a un ciudadano brasileño se registró en la tarde del lunes en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Resultó víctima de este hecho Felipe Onofre Da Lima, de 29 años, siendo sindicados como autores del atraco tres delincuentes.

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Según informa el diario La Jornada, el extranjero viajó hasta la capital altoparanaense con el fin de efectuar la compra de un teléfono celular, luego de ver un anuncio a través de Facebook.

Luego de contactar con el “vendedor”, ambos se encontraron en la zona del microcentro de CDE. En ese momento, éste invitó a la víctima para ir en motocicleta hasta el lugar donde supuestamente tenía el dispositivo.

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Sin darse cuenta, el brasileño fue llevado hasta el barrio San Rafael, donde ya lo estaban esperando los otros dos delincuentes para asaltarlo y despojarlo de su mochila donde guardaba una tablet, un teléfono celular y tarjetas de crédito y débito.

Al realizar la denuncia ante la Policía Nacional, Da Lima reconoció a dos de los criminales, quienes trabajarían como “guías turísticos” en Ciudad del Este. Se trata de Richard Diosnel Miranda Fernández y Gervacio Ortega Ozório.