El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional implementó desde este lunes el nuevo sistema electrónico de documentación, mediante el cual, los pasaportes y las cédulas se emiten con chips.

“La semana pasada presentaron un amparo para parar esto. No se hizo lugar. Ayer volvieron a presentar a un amparo. Esto siguió su ejecución”, detalló el ministro del Interior, Federico González, en un contacto con la emisora 730 AM.

Agregó que, tres denuncias se presentaron en la Dirección de Contrataciones Públicas y las tres fueron rechazadas. Además, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la ejecución. “Evidentemente hay un interés muy grande para que esto no avance, sin embargo, es una cuestión muy necesaria”, afirmó.

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Las cédulas son entregadas en el día y los pasaportes en un plazo de 24 horas. No obstante, se irán ajustando los detalles para agilizar los trámites.

González informó que, hasta el 15 de agosto no se pagará un solo guaraní del contrato, que, según indicó, se empezó a ejecutar contra vientos y mareas. Los primeros desembolsos quedarán a cargo del Gobierno entrante, a través del Ministerio del Interior.

Los costos para todos los trámites se mantienen:

Cédula de Identidad: G. 8.500

Antecedentes Policiales: G. 24.500

Pasaporte: G. 240.000

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ANTECEDENTES EXPUESTOS POR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA NEGRA

En el 2017 el Estado llamó a licitación para adquirir un nuevo sistema de elaboración de documentos de identidad, con una tecnología de punta para la Policía Nacional. Varias empresas se presentaron y la firma Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE) fue la adjudicada para realizar el trabajo de elaboración de cédulas y pasaportes con un avanzado sistema de chip  y un grabado láser, que hacen imposible la adulteración de los documentos y además el tiempo de producción y entrega es una hora aproximadamente. El costo total del trabajo es de US$ 28 millones.

Sin embargo, hubo protestas y pedidos de nulidad por la adjudicación, esto incluso llevó el caso a los estrados judiciales y fue la Corte Suprema de Justicia la que dictaminó que la licitación se realizó conforme al pliego de bases y condiciones, por lo que dio vía libre a CDE para que inicie los trabajos.

Para diciembre de 2019 la empresa debía entregar en funcionamiento total el nuevo sistema que debía contar con nuevas oficinas adecuadas para realizar los trabajos y los equipos de punta para imprimir las cédulas y pasaportes, sin embargo, los retrasos comenzaron a extender ese plazo, por lo que, se presentaron varias adendas que extendieron el plazo para la entrega de las obras.

La siempre desmedida burocracia hizo que las obras a cada rato sean interrumpidas. A esto se sumó la pandemia, pero de igual manera la empresa CDE siguió trabajando para entregar lo antes posible la obra, ya que en principio ya se les adelantó US$ 7 millones y solo al finalizar el trabajo podrían cobrar los otros US$ 21 millones restantes, pero desde la Policía Nacional no había mucho interés en que se finalice con el nuevo sistema de elaboración de documentos, ya que en febrero del año pasado lanzaron una licitación para compra de materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas, para la elaboración de cédulas y pasaportes por un valor de G. 21.725.000.000.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.