Una investigación periodística del diario El Deber de Santa Cruz releva datos relacionados a la movida de Marset en tierra boliviana. Señala así que el 10 de abril pasado el narco cumplió 32 años y lo celebró en Santa Cruz como Luis Pablo Santos Amorim. El festejo fastuoso en su mansión (de las siete viviendas que cuenta en aquella ciudad) tuvo lugar mientras varias fuerzas policiales de la región lo andaban buscando en países vecinos tras ser acusado de “tráfico internacional de drogas peligrosas”.

Agrega que en los últimos cuatro años movilizó alijos de cocaína por un valor que supera los $us 500 millones. Esos envíos de droga salieron “especialmente de Bolivia” a destinos de ultramar, en varios casos utilizando la vía paraguaya, que cuenta con la mayor flota mercante fluvial de la región, y en varias de las cuales se camuflan la cocaína, en medio de productos de exportación.

Lea también: Obsesión de Marset por la TV y Tik Tok: errores para que 2.300 policías vayan por él

Marset llegó por primera vez a Bolivia el 30 de octubre de 2018. Usó su nombre de pila, aunque para entonces él ya había estado en prisión por traficar 374 kilos de cocaína, y marihuana. Eso Sucedió en 2013.

El Deber accedió al expediente que cursa en la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) y a varios documentos que la Fiscalía de Santa Cruz. De ahí se sabe que Marset jugó con al menos tres identidades distintas para pasar desapercibido en territorio nacional. En ninguna de ellas usó documento uruguayo.

Ante estas evidencias, añade, el Ministerio Público solicitó abrir una pesquisa en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Dirección General de Migración, dos instituciones especializadas que dependen del Ministerio de Gobierno, para conocer las razones por las que se extendió esta documentación reservada para ciudadanos bolivianos o extranjeros que hayan cumplido con los requisitos para adquirir la nacionalidad.

Según reportes digitales recabados por los fiscales que consultaron el sistema, Marset aparece primero y efectivamente como “Sebastián Marset”, pero boliviano o nacionalizado, y luego como “Luis Paulo Santos Amorim”. Fue con este nombre con el que hizo vida social en Santa Cruz.

El hábil Marset también jugó con otra identidad, la “de Gabriel de Souza Beumer” y nuevamente con la nacionalidad “boliviana”.

Una copia de su pasaporte con este nombre figura en el expediente de la Senad, que también fue compartido a la Europol, la institución que cooperó en 2021 para llevar adelante la operación “A Ultranza Py” que activó toda las pesquisas en su contra y en la de otras personalidades que cooperaron con el trasiego de estupefacientes bajo la pantalla de ser empresarios.

Ayer el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que además del delito de tráfico de sustancias controladas, se amplió su investigación por los delitos de secuestro y falsedad material. Remarcó que el Ministerio Público recién tomó conocimiento de la búsqueda del narcotraficante el fin de semana.

“Se ha conformado una comisión de fiscales para investigar a un ciudadano uruguayo. Se está requiriendo diferentes diligencias y otros allanamientos para dar con el paradero”, sostuvo y explicó los antecedentes del caso salieron a la luz tras la fuga de Marset durante un fallido operativo policial.

Franklin Alcaraz es investigador social y especialista en temas vinculados con el tráfico de drogas. Ayer conversó con EL DEBER Radio. Señaló que Marset ya tuvo problemas legales en Dubái por falsificar su pasaporte. “Es conocido como el hombre de los mil rostros porque su actividad ilícita le obliga a cambiar de nombre cada cierto tiempo”, anoto Alcaraz.

Respecto a la presencia de Marset en el país, el especialista indicó que “es realmente una muy mala señal porque eso está diciendo que los cárteles están aquí”.

Además, “estamos ante un verdadero pez gordo”, remarcó y explicó que Marset lidera el Primer Cartel Uruguayo y que coordina operaciones con el Primer Comando de la Capital (PCC), una organización señalada por el asesinato, en Colombia, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien lideró la investigación que activó el gran operativo “A Ultranza Py” y que fue coordinado con Europol en 2021.

De hecho, por efecto de estas actuaciones se logró desactivar “un centro de comando” de la organización criminal que operaba desde Dubái, precisamente uno de los destinos frecuentes del ahora prófugo uruguayo.

El seguimiento de Senad a Marset comenzó en 2019, según se lee en el expediente. De allí se sabe que estuvo en el país en 2018 y posteriormente entre el 21 y 23 de abril de 2019. Su destino siempre fue Santa Cruz de la Sierra.

El seguimiento migratorio que se hizo desde Paraguay señala “un retorno” el 24 de agosto de 2019. En ese tiempo, Marset ya era reconocido por ser un empresario exitoso ligado a la organización de conciertos con artistas internacionales. En ese tiempo había fijado su centro de operaciones en Paraguay, pero se presentaba con su pasaporte boliviano. Marset era Gabriel de Souza Beumer.

En su permanencia en Paraguay, Marset “integró entre sí a varias organizaciones criminales conformadas preexistentes tanto a nivel nacional como internacional en una asociación de grupos con fines delictivos para el transporte de grandes cantidades de cocaína”, señala el reporte.

En ese contexto, “cada uno de estos bloques asociados concurren a las operaciones ilícitas proveyendo logística para impulsar un círculo transnacional que por un lado funciona para el transporte de estas sustancias ilícitas, como así también para la efectiva circulación de grandes sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional; estos valores monetarios se encontrarían directamente vinculados a los hechos punibles investigados, tanto en carácter de ganancias como también en lo referente a costos operativos para concretar estas actividades ilícitas”, anota.

“El ciclo inicial del tráfico ilícito es denominado, a los fines investigativos, como ‘etapa de producción’ y tiene como origen zonas dedicadas a la elaboración de clorhidrato de cocaína, situadas en el continente sudamericano, principalmente en Bolivia”, añade el reporte elaborado en 2022.

“Dentro de lo que les puedo contar, se informó hace un tiempo de que se tenía el dato de que (Marset) estaba en Bolivia”, dijo ayer el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, a los periodistas de su país. El caso que estalló el fin de semana activó varias corrientes de opinión en toda la región.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, expresó su preocupación por el caso, considerando que se ha burlado la inteligencia de los servicios de seguridad de Bolivia.

“Es evidente que se ha tenido que burlar la Inteligencia de nuestro país, parte de las instancias que corresponden. ¿Cómo es posible que (Marset) esté en el país y, a estas alturas, después de tanto tiempo, se pueda identificar este hecho?”, afirmó y pidió respuestas oportunas al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

También es noticia: Hallan muerta a una mujer en su casa, con hematoma en la cabeza

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.