Anticorrupción se volvió una farsa en la persecución de hechos punibles
Es una secretaría que en teoría lucha por la transparencia y contra la corrupción, sin embargo, en la práctica no se dedica a investigar ni perseguir actos de corrupción y se limita a delegar denuncias a las unidades de Transparencia de las mismas instituciones denunciadas. En varias ocasiones alegaron que solo tienen atribuciones de investigar a las cabezas de los entes dependientes del Ejecutivo, pero en una década de creación no trascendió ni un solo ministro o máxima autoridad que haya caído en una pesquisa de Anticorrupción, por el contrario, estos últimos años se han tapado los ojos ante la serie de actos de corrupción que sacudió al Gobierno.
Fuente: Unidad de Investigación Nación Media
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), que debiera ser la punta de lanza en la lucha contra los presuntos hechos ilícitos que diariamente saltan a la luz, en la práctica se traduce en una institución que se dedica más bien a delegar los reclamos de la ciudadanía a las mismas instituciones señaladas como corruptas. Es decir, se volvió intermediaria de denuncias de corrupción cuando la misión institucional señala que es la encargada de “liderar la aplicación de políticas de transparencia de gestión y lucha contra la corrupción en todas las instituciones del Poder Ejecutivo”.
El modus operandi de la Senac es delegar a las unidades de Transparencia Anticorrupción (UTA) de cada entidad denunciada para que investiguen irregularidades que se les cuestionan y terminan autoinvestigándose. Lo más irónico de la situación es que las UTA no son subordinadas a la Senac y los encargados de las mismas terminan favoreciendo a los altos administradores.
Desde la Senac habían mencionado en su momento que ellos solo pueden investigar a las máximas autoridades de las instituciones afectadas y que formen parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una década después de la creación de la institución, no se conoce el caso de algún ministro o máxima autoridad que haya caído por causa de una acusación de la Senac, lo cual la convierte en una farsa al considerar la cantidad de casos emblemáticos de supuestas irregularidades que fueron pasados por alto en la institución.
“Nosotros recibimos las denuncias y les asignamos a las unidades de Transparencia de cada institución a la que corresponde. Por ejemplo, si se hizo una denuncia en el Ministerio de Obras Públicas, se le asigna a la Unidad de Transparencia Anticorrupción de esa entidad para que gestione la denuncia”, explicó cuando era asesor jurídico de la Senac el hoy ministro Juan Federico Hetter.
Uno de estos casos delegados por la Senac a la UTA del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es la licitación de esta cartera de USD 12 millones para la construcción de paradas de buses a precios “de oro” meses antes de las elecciones partidarias. Había denuncias de direccionamiento, riesgoso anticipo, compras de tecnología con las que ya se contaba, etc.
El caso de las paradas “de oro” había sido denunciado a la Senac durante la administración del exministro René Fernández, y tal como explicó Hetter en su momento, y fue desestimando en menos de 15 días con un confuso argumento de que la licitación estaba en proceso de ajustes, en menos de 15 días.
“La Unidad de Transparencia (UTA) de cada institución depende de su máxima autoridad, no depende de la Senac. Nosotros trabajamos coordinadamente con ellos porque nosotros somos la institución que reglamentamos el uso del portal y el sistema de seguimiento, pero en realidad cada UTA depende de su máxima autoridad”, explicó María Liz García, directora de Análisis y Seguimientos de casos de la Senad, ridiculizando de esta manera las gestiones de la Secretaría Anticorrupción que deriva denuncias a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo para que estas se autoinvestiguen.
Se puede mencionar también la decena de denuncias recibidas por la Senac por supuestas irregularidades en procesos de contratación de personal dentro de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) entre el 2019 y 2020. Fueron derivadas a la UTA de la entidad denunciada y las causas quedaron en la nada.
Como los mencionados, a la Secretaría Anticorrupción se le escaparon sonados ilícitos que desataron la indignación generalizada, principalmente por tragadas de fondos covid, como los tapabocas “de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y la famosa agua tónica para combatir el virus en Petropar cuyas exautoridades afrontan procesos judiciales por estos casos.
Estos antecedentes que reflejan la nula intervención de la Senac es la que generó el debate sobre la funcionalidad de esta institución y el plan de suprimirla por el gobierno entrante. No hay que olvidar que la poca gestión de liderazgo de la Secretaría Anticorrupción cuesta mucho a los contribuyentes, ya que demanda un gasto aproximado de G. 4.000 millones al año, para casi nada.
Acuerdo habilita a Paraguay a vender su energía al Brasil
El acta de entendimiento firmada entre Brasil y Paraguay establece, entre otras cosas, que nuestro país podrá vender su energía, sin especificar de qué hidroeléctrica provendrá, siempre que sea energía paraguaya.
El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, explicó los alcances del acuerdo con Brasil, publicado y puesto a la vista de todos, precisamente para evitar confusiones.
“El acuerdo que se firmó con Brasil es que Paraguay puede vender energía, punto. Dice el acuerdo de forma inmediata energía del Paraguay. No existe energía de Itaipú, de Yacyretá o de Acaray, existe energía paraguaya”, aclaró el titular del MIC, en una entrevista con la emisora 730 AM
El siguiente paso está en campo de la ANDE, que deberá elaborar su pliego de bases y condiciones, publicarlo y obtener el permiso del Ministerio de Minas y Energías del Brasil para realizar sus operaciones comerciales.
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Las opciones son dos. Vender directamente a las distribuidoras brasileñas o bien constituir una filial de la ANDE en Brasil para poder vender a su equivalente en ese país, anteriormente Eletrobras.
“Para mí, lo mejor es que la ANDE haga una licitación y que nos paguen directo a la ANDE lo vendido a las distribuidoras”, opinó Giménez.
A criterio del ministro, estos trámites administrativos, que pueden parecer difíciles, en realidad no son la preocupación principal, sino, antes bien, la estrategia para atraer a los compradores de energía.
Autoridades y comunidades indígenas dialogan para garantizar derechos humanos
En diálogo con comunidades indígenas del Chaco, el Estado paraguayo reafirmó su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de los derechos humanos.
En un hito histórico para los derechos humanos y la justicia social, representantes de diversas instituciones del Estado paraguayo llevaron a cabo esta semana una visita al Chaco para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de cuatro comunidades indígenas asentadas en el departamento de Presidente Hayes.
En este contexto, Yudith Rolón, Directora de Derechos Humanos del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), destacó la importancia de esta visita interinstitucional, organizada y coordinada por el Consejo Asesor Consultivo de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias y otros compromisos Internacionales en materia de derechos humanos (CICSI), encabezado por el vicepresidente Pedro Alliana, como un paso crucial para cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.
“La visita interinstitucional realizada, organizada y coordinada por el CICSI, yo creo que desde el punto de vista del INDI ha sido sumamente importante, porque bajamos con toda la supervisión de todas las medidas de la sentencia de la Corte Interamericana a las comunidades como Sawhoyamaxa y Yakye Axa, de poder hacer una evaluación e ir midiendo hasta donde se han cumplido las medidas de la Corte Interamericana, como así también del proceso abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad Kelyenmagategma”.
Rolón señaló la urgencia de completar estas medidas, que abarcan desde la restitución de tierras hasta la provisión de servicios básicos para una vida digna en estas comunidades. “Entonces, estos dos días intensos que hemos tenido de la visita, y sobre todo de escucharle a los líderes, a los miembros de la comunidad, con todas las instituciones haciendo un descargo. Sobre todo, el gran desafío que significa ir cumpliendo a cabalidad todas las medidas, ha sido sumamente interesante”.
Las obras de infraestructura y las acciones gubernamentales ya en marcha fueron resaltadas durante la visita. “También se resaltaron muchos compromisos que por parte del Estado ya se ha hecho, como la adquisición de tierras. Falta formalizar, eso sí, ya para la restitución formal a nombre de la comunidad”.
Todas estas acciones se llevaron a cabo en el departamento de Presidente Hayes, aproximadamente en el km. 350 de la ruta Concepción – Pozo Colorado, donde las autoridades del Estado han trabajado incansablemente para garantizar el pleno respeto de los derechos y la dignidad de estas comunidades indígenas.
Esta iniciativa conjunta entre instituciones estatales y líderes indígenas marca un hito en el compromiso del Estado paraguayo con los derechos humanos y el bienestar de sus ciudadanos indígenas, subrayando la importancia de trabajar en colaboración para abordar las necesidades más apremiantes de estas comunidades.
Es noticia hoy: Fiscalía allana casa de exsecretario de Nenecho
Hallan 500 toneladas de droga en Parque Nacional Caazapá
La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) sacó de circulación casi 500 toneladas de marihuana en el Parque Nacional Caazapá.
Con el objetivo de atacar a las estructuras criminales, que durante años establecieron y acrecentaron sus operaciones de producción y acopio de marihuana en bosques que forman parte del Parque Nacional Caazapá, un contingente operativo de la SENAD desarrolló dos fases de incursiones que permitieron ocasionar golpes significativos contra el narcotráfico.
Las fuerzas antidrogas detectaron y destruyeron 53 campamentos narcos, dentro de los cuales localizaron un total de 145.300 kilogramos de marihuana lista. Así también, procedieron a la erradicación de 111 hectáreas de cultivos de cannabis.
Las intervenciones generaron fuerte impacto contra las organizaciones criminales, dejando fuera de circulación aproximadamente 478 toneladas de marihuana del mercado regional. Ello representa un lucro cesante a los financistas del narcotráfico de unos 14 millones de dólares.
Además de afectar a las organizaciones criminales, la Operación “FRENTE SUR” apunta a frenar la deforestación producida por las mismas, puesto que para el establecimiento de las parcelas ilícitas depredan grandes superficies de bosques nativos.
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