En un país donde dia­riamente se denun­cian diversos hechos de corrupción, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), institución encar­gada de liderar y articular acciones interinstitucio­nales para la detección de actos ilícitos en la adminis­tración pública, brilla por su ausencia a la hora de inves­tigar casos emblemáticos que sacudieron al Estado y siguen afectando la ciuda­danía en general.

El triste desempeño de la Senac volvió al debate en los últimos días ya que es una de las instituciones con fuertes posibilidades de ser elimina­das por el gobierno entrante a causa de su falta de resul­tados en la lucha contra la corrupción.

Hay que recordar que hace un año, nuestro medio daba a conocer que en 3 años y medio de gestión de la Senac, administrada en ese entonces por René Fernández, recibió 5.305 denuncias de supues­tos hechos de corrupción de las que investigaron 2.995 y solo detectaron 18 casos con indicios de hechos punibles que remitieron al Ministerio Público, mientras que diaria­mente se denuncian una infi­nidad de presuntos hechos ilí­citos cometidos en la función pública a través de medios de prensa y redes sociales.

En su momento la directora de Análisis y Seguimiento de Casos de la Senac, María Liz García, había mencionado a Nación Media que una vez recibidos los reclamos, estos son asignados a las unidades de Transparencia de cada ins­titución, y desde ese momento tanto la investigación como el dictamen quedan en manos de estas oficinas, es decir, que remiten las denuncias a las mismas instituciones acusa­das para que se autoinvesti­guen como pasó, por ejemplo, en el sonado caso de la licitación del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones, en el que se preveía desembolsar USD 12 millones para la construcción de paradas de buses “de oro” en plena campaña electoral que derivaron los cuestionamien­tos a esta misma cartera.

Esta metodología se traduce en una enorme cantidad de denuncias de corrupciónque fueron pasados por alto en la Senac. (Ver infografía).

Sobre la posible eliminación de la Senac, el contralor gene­ral de la República, Camilo Benítez, refirió ayer a Nación Media que no se puede permi­tir que la ciudadanía “tenga la sensación que nosotros quere­mos eliminar órganos de con­trol o que estamos en contra de la política de integridad que debe tener cualquier país”, y refirió que de darse la elimi­nación y que se liberen los G. 3.988 millones asignados a la Secretaría Anticorrupción, esperan un aumento presu­puestario para la Contraloría, ya que “tienen una idea clara de qué es lo que se debe hacer en cuanto a política de trans­parencia”.

Durante este tercer tratamiento, se utilizó como base de análisis el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que recomendó aceptar, en parte, las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores; y la ratificación de Diputados en todo lo demás.

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“Entendemos las necesidades que tienen las demás instituciones y existe un compromiso del Poder Ejecutivo en otorgar recursos durante el próximo año, para que dichas instituciones puedan cumplir con sus misiones institucionales”, expresó la diputada colorada Cristina Villalba.

Se puso a votación lo referente a los gobiernos departamentales, con respecto a los Gs. 54.000 millones para merienda escolar; y los legisladores decidieron aceptar la modificación del Senado y dejar al MEC con la administración de estos fondos.

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Tras el estudio, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y quedaron aceptadas algunas decisiones del Senado; con ratificación en los otros puntos.

Durante un operativo, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron retener a un vehículo que circulaba sobre la Calle 6, Capitán Giménez distrito de Horqueta.

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Al ser retenidos, la camioneta de la marca Chevrolet, con orden de búsqueda y localización, fue sometida a un registro que permitió el hallazgo armas de fuego y más de 70 millones en efectivo.

Ante esta situación, se dispuso la detención de Alder Luis Rodas (32) y Marcelino Carballo Arce (26), así como también, la apertura de una investigación a fin de conocer el destino de las armas o si los demorados responden a algún grupo criminal.

El hecho fue comunicado al fiscal Abg. Arnaldo Argüello quien dispuso que los hombres presten declaración indagatoria a fin para obtener más datos.

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Con la comparecencia del ministro de Justicia, se pretende que brinde detalles sobre tres ejes principales: la gestión ministerial (algunos diputados señalan que la misma deja mucho que desear); inconsistencias en las asignaciones presupuestarias; y supuestos indicios de vínculo con el crimen organizado.

Cabe recordar que días atrás, el ministro de Justicia desmintió sus vínculos con el prófugo narco Sebastián Marset, y solicitó a la Cancillería que pida informe a Bolivia sobre el referido caso, para deslindar responsabilidades.

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El pedido fue presentado por 12 diputados del bloque opositor.