La jueza Diana Carvallo admitió la imputación a Farid González por extorsión, pero descartó el hecho punible de tráfico de influencias, bajo el argumento de que el hombre no es un funcionario público. Por el caso, lo benefició con arresto domiciliario.

Por su parte, el fiscal Joel Cazal informó que, debido a la denuncia presentada hace un mes, se pactó la entrega vigilada con la fotocopia de los billetes.

“Estaba con el sobre en la mano y los policías lo detuvieron. Se presentó a las 16:20, se subió a la camioneta de la víctima. Todo fue controlado por el Ministerio Público y controlado por Antisecuestro”, comentó Cazal, en comunicación con la 730 AM.

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La mujer que denunció la extorsión es víctima de violencia familiar y recibe constantes amenazas de su pareja, quien, pese al hostigamiento, continúa en libertad. Debido a esto, la señora recibió el ofrecimiento de “arreglar” el caso, (ordenar prisión del esposo) mediante el pago de 30 millones de guaraníes.

Farid Gustavo González (50) quedó detenido en la tarde del viernes, en el marco del operativo Astrea, desplegado por una comitiva fiscal-policial, mediante un procedimiento judicial de entrega vigilada.

Al momento en que lo sorprendieron en flagrancia, cobró los primeros G. 13.800.000 de los 30 millones que supuestamente negoció.

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Esta evasión por parte de la empresa incluye tanto el aporte obrero del 9%, como el aporte patronal del 16,5%, lo cual imposibilita al trabajador a acceder a los servicios de salud y sumar años para su jubilación.

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La deuda acumulada por los años de 2003 a 2022 asciende a Gs. 79.486.903, distribuidos en Gs. 28.476.094 de aportes obreros y Gs. 51.010.809 de aportes patronales. Este monto cubre aproximadamente 187 meses de aportes no ingresados, según el Ministerio Público.

El fiscal Grisetti formuló la acusación y ahora será el juez quien deberá tener por recibido y convocar a audiencia preliminar a los efectos de la sustanciación del requerimiento presentado por la Fiscalía al cierre de la etapa investigativa.

Semanas atrás, desde la previsional informaron que detectaron empresas en estas mismas condiciones, donde, incumplen con el aporte obrero patronal, pese a que a los empleados se les descuentan de sus haberes el 9%.

Según la Ley N° 5655/2016, la cual establece las disposiciones del régimen del aporte obrero patronal, evadir los pagos de los trabajadores prevé cárcel de hasta 5 años.

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El caso podía haber pasado por uno del montón, si no fuera porque el mismo saca al tapete, ahora, un negocio extendido que tiene tentáculos en la capital y el departamento Central. Y que tiene características de ser una red que no solo reduce cables, sino todo lo que pudiera ser extraído de una casa, depósito u otro tipo de inmueble, y que en conjunto constituyen un enorme caudal que genera mucho dinero.

Esta red de ladrones extendió en los últimos meses su escenario de acciones, llevando el mismo a incursiones en casas y departamentos ofertados en alquiler o en venta. Y es en la capital en dónde se encuentra la mayor cantidad de los inmuebles con carteles de “se vende o se alquila”, sitios mayoritariamente sin resguardo alguno, propicios para que los ladrones entren y operen a sus anchas para desmontar todo tipo de instalaciones y objetos: cableados eléctricos, marcos de puertas y ventanas, rejas, escaleras internas, menajes de cocinas y baños, etc.

La suma de esas rapiñas, tiene en el ranking de preferencias los sistemas de cableados internos, que reducidos en los locales que operan en el ramo, reportan significativos ingresos para el delincuente.

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Propietarios de departamentos y locales comerciales del centro histórico de la capital, reportaron que sus propiedades fueron “desplumados” de todo tipo de instalaciones, algunos en extremo valiosos.

En el cúmulo de objetos “robables”, de lejos sobresalen los cables con partes de cobre, los que encabezan la lista de los mas apetecibles de los delincuentes.

Una muestra de esto es que en el último año, se estima que el cobre que se recolectó de manera ilegal en el mercado negro, ascendió a 20 millones de dólares. Y que gran parte de ello fue remitido al extranjero en dónde la cotización es mucho más alta que en Paraguay. En nuestro país cada kilo del metal se cotiza a 50 mil guaraníes por kg.

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En el primer caso, se solicita informaciones y antecedentes relacionados con el control que ejercen estos municipios sobre la vigencia de la Ley N° 6903/22 “Que establece medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”.

La mencionada norma prohíbe la instalación del juego electrónico de azar, en lugares públicos con presencia de niños y adolescentes (mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías, vía pública, entre otros).

Además, indica que la máquina tragamonedas no debe ser instalada en negocios o comercios que no se dediquen al rubro de los juegos de azar o casinos.

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El documento menciona, además, que estos procedimientos podrían incluir la incautación y destrucción de dichas máquinas, la disposición de cierre de algún comercio (temporal o definitivo), o la cancelación de la patente comercial.

En el segundo caso, el pedido de informe, también a una treintena de municipios, se solicita datos acerca de la implementación de la Ley N° 7104/23 “Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la República del Paraguay”.

El documento pide mencionar las acciones y diligencias realizadas en el marco de la mencionada ley.

A su vez, exige conocer acerca de las instituciones encargadas de la aplicación y ejecución de los programas y planes de acción a corto y mediano plazos para el tratamiento y prevención de las adicciones.

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Además, solicita informar sobre las actividades realizadas en el marco de la Ley Nº 6800/21 “Que crea el Consejo y Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones”. En ese sentido, pide incluir los planes, programas y acciones ejecutadas por este consejo, así como los inconvenientes que surgieron para su implementación.

Se establece un plazo de 15 días para que los municipios puedan remitir los informes requeridos a la Cámara Baja.