Eduardo de Gásperi, asesor jurídico de Copesa y Shell, informó sobre la crítica situación que atraviesan las empresas paraguayas compradoras de gas, ante la nueva traba injustificada impuesta por Argentina.

“Todas las empresas, incluida Petropar, han enviado camiones para el retiro de GLP a las plantas argentinas y recibimos la documentación, no formal, sino informal de las plantas, en donde nos dicen que no pueden proceder a la carga porque tienen una orden de Aduana de no cargar”, comentó De Gásperi, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

La negativa injustificada y unilateral se da, pese a que los productos ya están abonados y cuentan con los permisos de exportación de las autoridades argentinas del rubro.

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“El GLP todas las plantas hoy tenemos stock hasta la segunda quincena de octubre, pero necesitamos traer estos productos para garantizar lo posterior. Si esto se soluciona esta semana esto no afectaría”, indicó De Gásperi.

Sin embargo, si la situación de prolonga, advirtió, se pone en riesgo el abastecimiento local y la gran posibilidad de que el gas falte en el mercado. El mercado nacional depende en un 90 % de las empresas privadas y en un 10 % de Petropar.

#ArribaHoy ☀

Trabas del gobierno argentino: "Tenemos combustible para cubrir todo octubre".

📞Eduardo de Gasperi, empresario.

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— GEN (@SomosGEN) October 2, 2023

Se le solicitó una intermediación al Equipo Económico, a fin de conversar con los proveedores bolivianos y disponer el aumento de la actual provisión.

“Hoy las soluciones son parciales, pero estamos muy optimistas de que pueda solucionarse definitivamente una vez que terminen las elecciones. No podemos estar en esta situación durante mucho tiempo, estamos en jaque”, afirmó.

En cuanto al combustible, todos los emblemas disponen stock para la cobertura hasta fin de mes. La compra de este producto se divide en dos: los directamente adquiridos de Argentina y los traídos de extrazona, pero, en ambos casos deben pasar por el país vecino.

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Alrededor de las 22:30 de ayer lunes, dos hombres en una motocicleta llegaron a 18 Proyectadas entre Independencia y Nuestra Señora de la Asunción, barrio Obrero de Asunción, donde efectuaron varios disparos contra una vivienda.

El domicilio con portón de chapa pertenece al concejal René Gabriel Calonga Acevedo, de 44 años, quien no se encontraba allí al momento del atentado, pero rápidamente recibió el aviso de sus vecinos.

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La denuncia fue formulada ante la Comisaría 4ta de Asunción, cuyos efectivos labraron acta de lo acontecido y, entre las primeras medidas, revisaron las imágenes captadas por las cámaras de la cuadra.

Los videos muestran con claridad que son dos desconocidos en moto los que se detienen frente a la casa del concejal y realizan los disparos. El portón quedó con los rastros dejados por los proyectiles.

De momento no se maneja ninguna hipótesis al respecto, pero el Departamento de Investigación de la Policía ya está a cargo de la pesquisa.

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Lemir señaló que existe una sola morgue y un solo laboratorio, que están asentados en Asunción, lo cual implica que esa centralización afecte sensiblemente el trabajo que realizan en las unidades no capitalinas.

La crítica saltó al tapete tras el caso de la escribana que mató a sus dos hijos y luego se suicidó. Los cuerpos rescatados de la mujer y una de las criaturas, tuvieron que ser derivados a la capital, porque en las fiscalías altoparanaenses no había infraestructuras ni insumos para realizar los trabajos correspondientes.

La queja socializada del doctor Alfaro, a través de los medios de comunicación, desató la molestia del Fiscal General, Emiliano Rolón, quien emitió un comunicado fustigando al médico, por ventilar las miserias de la estructura forense del interior del país.

“Ningún funcionario puede lanzar comunicados afectando a la institución y menos denostar la labor de sus compañeros fiscales. Las denuncias responsables son las vías, en este caso la Inspectoría General”, dice una parte del pronunciamiento de Rolón.

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En otro párrafo sostiene que las críticas del médico “son desatinadas”, al tiempo que le conmina al mismo a que, si está descontento en su sitio de trabajo, busque otra alternativa laboral en el sector privado.

Ese tipo de pronunciamientos, “afectan a la institución”, acotó el jefe del Ministerio Público.

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Un hombre de 69 años fue víctima de un malviviente que lo baleó con una escopeta durante un asalto que solo le robó la ínfima suma de G. 7 mil. El caso fue reportado a los agentes nacionales que encontraron al hombre en la vía pública, ensangrentado a raíz de una herida en la rodilla, en estado consciente.

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Se trata de Martín Alonzo Aquino, de oficio jornalero, quien relató a los intervinientes que circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por un hombre de contextura delgada, alto y piel morena, vestido de negro y armado - lo que presume - era una escopeta.

El desconocido le exigió sus pertenencias, pero Alonzo se negó a entregarlas lo que generó el enojo del malviviente que terminó disparándolo en la pierna. Luego logró sacarle la suma mencionada anteriormente.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital regional, donde fue atendido por el personal médico. El caso fue comunicado al Ministerio Público a fin de dar con el paradero el responsable de la agresión.

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