El inicio de la nueva administración del Ministerio de Justicia trajo consigo algunos anuncios de cambio y ciertas acciones concretas, en estos casi dos meses de gestión.

El pasado 28 de septiembre, Barchini resolvió cambiar al director de Tacumbú. Nombró a Luis Esquivel en reemplazo de Manuel Garay. Se dio luego de la confirmación de que Gregorio Papo Morales consumía cocaína dentro del penal.

Días después, el martes 2 de octubre, Barchini reveló en una reunión del Consejo de ministros, un plan que podría implicar pérdidas de vidas humanas, y que pretende emprender para recuperar el control de Tacumbú, actualmente en manos del clan Rotela.

Sobre el punto, indicó que, dentro de su propio entorno existen funcionarios que filtran las informaciones a favor del clan Rotela, cuyos integrantes se enteran de todas las conversaciones confidenciales que mantiene con las autoridades.

Nota relacionada: Plan de Barchini de recuperar el control de las cárceles molestó al clan Rotela

Uno de los pedidos para solucionar el gravísimo problema es el uso del polígrafo para detectar quiénes mienten.

Esta serie de medidas y anuncios, que, podrían describirse como el inicio de una pulseada para que el Gobierno retome el control de la situación penitenciaria, que generó reacciones del clan Rotela.

Ayer se pegaron el “lujo” de convocar a la prensa para mostrar un video y demostrar que Oliver Lezcano está vivo y que no fue secuestrado ni asesinado por el clan, como lo llegó a insinuar Barchini. Aquí recibieron el primer “no” a sus caprichos, pues las autoridades penitenciarias no permitieron el acceso a los medios, por tratarse de un simple capricho de los reclusos, que no tienen derecho alguno a disponer lo que se debe hacer en el penal.

Posteriormente, el Ministerio comunicó que Lezcano efectivamente se fugó del penal, hipótesis que, de hecho, ya fue mencionada por el Gobierno como la más potable, semanas atrás.

Inicialmente la exigencia era que el ministro Barchini se presente. Sin embargo, ahora le agregaron otros “pedidos innegociables”, es decir, cuyos incumplimientos implican que continuarán reteniendo a 22 guardiacárceles y al director del penal.

Las exigencias son: la reapertura de Tacumbú a nuevos ingresos, el traslado a Tacumbú de los ‘soldados’ del clan Rotela recluidos en cárceles del interior y la suspensión definitiva de la intervención que se pretende hacer en Tacumbú.

En síntesis, todas las “exigencias” de los Rotela son en contra de todas las medidas contempladas por el Ministerio para que el Estado retome el control penitenciario, como corresponde.

Lea también: Mitad de semana que arde: máxima de 37ºC hoy, de 20ºC mañana

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

Te puede interesar: Fue descubierto sacando plata con tarjetas de diferentes personas y acabó detenido

La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.

El documento difundido por el Ministerio Público corresponde a un poder especial presentado por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez.

“Considero pertinente que el mismo sea peritado y analizado, conforme la investigación lo requiera, en exclusividad por los agentes fiscales correspondientes a la Fiscalía de Colombia, asignados a la causa, así como a los fiscales de los Estados Unidos de América, que, en el marco de la cooperación judicial internacional y la investigación conjunta entre ambos países, se encuentran interviniendo en el proceso”, refiere el documento.

Puede interesar: Juró el nuevo presidente de Taiwán: “Apreciamos el apoyo de Paraguay”

Días atrás a través de un comunicado, Claudia Aguilera, desmintió su oposición a la inclusión del celular de su esposo en la investigación. “Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, señaló.

Al respecto, Aguilera explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Sostuvo además que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

Lea también: Crimen de Pecci: Fiscalía niega inacción y apunta a falta de respuestas de Colombia

Este lunes, en conferencia de prensa, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dijo que un mes antes de la autorización a Colombia y EEUU, Cladia Aguilera había dado ese permiso a las autoridades paraguayas.

Doldán agregó que “Colombia tuvo todo el tiempo del mundo para peritar el teléfono y no lo hicieron”.