En audiencia pública se discutieron las modificaciones a la Ley N° 5.863/17- “Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”.

El titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Germán Solinger (ANR-Itapúa), adelantó que esta iniciativa será estudiada en el plenario de la Cámara Baja, el próximo miércoles.

Sostuvo que todos coinciden en que la normativa debe entrar en vigencia cuanto antes, dada la fundamental importancia de descomprimir el sistema penitenciario.

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Cabe mencionar que la normativa que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, también conocida como “ley de tobilleras electrónicas”, busca establecer un seguimiento a procesados con prisión domiciliaria o con órdenes de restricción, pero todavía no entró en vigencia a seis años de su promulgación y publicación.

Así como está la ley, cada dispositivo tiene que ser costeado por el Estado; pero en la versión Poder Ejecutivo del documento de modificación, se otorga potestad al Juez para evaluar la situación de solvencia de cada afectado, de modo a que si tienen la posibilidad, se encarguen de pagar por las tobilleras.

“EL ESTADO DEBE SER RESPONSABLE”

Por su parte, el diputado Derlis Rodríguez (ANR-Caaguazú), proyectista, a la par, de otra iniciativa de modificación de la ley N° 5.863/17, señaló estar en desacuerdo con que cada beneficiado sea quien se haga cargo del costo.

Afirmó que hubo coincidencia en que se debe descomprimir el sistema penitenciario y en que la justicia debe contar con esta herramienta; sin embargo, remarcó que la responsabilidad del costo volvió a ser punto de diferencia.

“Penitenciarías que hoy están preparadas para mil personas, resulta que tienen 2.500. Así es imposible que funcionen adecuadamente. Coincidimos en cómo debe ser aplicada la ley; pero la diferencia está en el tema del costo: si recae en el Estado o lo trasladamos a las personas que serán beneficiadas”, dijo.

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Enfatizó que, desde su perspectiva, “el Estado debe ser responsable, así como lo es hoy, pues desde que se dicta una prisión preventiva, con alguna medida, el Estado queda como responsable”.

“No coincido con quienes critican que esto lo terminaremos pagando todos. Hoy en día ya estamos haciéndonos cargo de 17.500 personas privadas de libertad, a quienes estamos pagando las comidas. Yo prefiero pagarles el dispositivo y ahorrar otros conceptos para el Estado. No es que agregaremos otro gasto más”, sostuvo el legislador.

Apuntó que si discriminamos quién puede pagar y quién no, la normativa se vuelve inconstitucional, porque pierde el principio de igualdad.

“Tenemos que ver los alcances, la constitucionalidad y la aplicabilidad. Pero esto debe ser aplicado cuanto antes, para que cumpla el fin”, concluyó.

Mañana viernes a las 15:00, en la sede del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social se llevará a cabo el encuentro entre representantes de Cetrapam, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.

La decisión se tomó en respuesta a un pedido de la Cetrapam y también en el afán de continuar las negociaciones en curso y buscar una solución efectiva que permita levantar el paro. Culminada la reunión, se darán los detallos de lo resuleto.

Sobre el punto, César Ruiz Díaz adelantó esta mañana la posibilidad de revertir la decisión de ir al paro. “Durante el feriado siguieron las conversaciones. Han empezado a generar los pagos atrasados y a renovar los permisos vencidos que, por ley están obligados a dar”, afirmó.

No obstante, mantiene el pedido de actualizar “los coeficientes de costos” que hacen a la tarifa del transporte. En otras palabras, esta modificación implicaría el aumento de los costos.

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El viceministro de Transporte, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que la tripartita de postergaría, a pedido de los empresarios.

Fetram y Ucetrama son dos gremios del transporte que descartan ir a un paro del servicio público. De momento, Cetrapam mantiene su intención en solitario.

De concretarse la medida de fuerza de tres días, el Gobierno prepara un plan de contingencia con el que prevé compensar la eventual ausencia de medios de transporte.

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Agentes de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte) de la Policía Nacional se encuentran en el ojo de la tormenta, luego de ser salpicados en un intento de robo ocurrido en Ciudad del Este.

El hecho se registró el martes último en la capital altoparanaense, a escasos metros de la Comisaría 1era de CDE, cuando hombres armados interceptaron una furgoneta que transportaba productos de electrónica.

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El robo acabó siendo frustrado debido a un desperfecto mecánico en el vehículo donde se encontraba la carga, menciona el diario La Jornada.

Según datos que manejan los investigadores, este transporte suele ser escoltado por agentes de Seprinte, que actúan como “guardias privados”, lo cual coincidentemente no ocurrió el día en que se produjo el fallido atraco.

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Un aspecto que llama la atención es que, en ese horario, la comisaría se encontraba prácticamente sin uniformados debido a que la mayor dotación policial estaba en el microcentro y otra tanda custodiaba el desfile estudiantil. Esto hace sospechar que los criminales manejaban “información sensible”.

Se espera que la Policía Nacional disponga el inicio de una investigación para poder determinar la implicancia o no de efectivos policiales en actividad en este frustrado intento de robo.

La senadora Norma Aquino, “Yamy Nal”, afirmó a la prensa que desbloqueó a la abogada Alejandra Peralta en su red social X, tal como ordena una resolución judicial.

La congresista señaló que la tiene silenciada para no recibir los comentarios de la letrada que la había demandado ante la Justicia por haberla bloqueado en la red social. Peralta alega que la senadora es una persona pública y que no corresponde bloquear sus redes.

Para Aquino no corresponde esta medida judicial, por lo que apeló la resolución del magistrado que hizo lugar al planteamiento de la abogada.

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Por otro lado, la congresista dijo que el transporte público de pasajeros es un “problemón” para la ciudadanía que no tiene movilidad propia. Indicó que, así como exigen, los empresarios de transporte deberían dar un buen servicio a sus usuarios.