El fiscal Osvaldo Zaracho, en representación del Ministerio Público, obtuvo una condena de 28 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a tiros a su primo y a la esposa de este, en la zona de Minga Guazú. El juicio oral concluyó en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

El condenado es Rafael Zárate Caballero, de 32 años, y las víctimas fueron Isidro Zárate, de 34 años, e Isabel Rodríguez, de 27 años. El doble homicidio ocurrió el 2 de noviembre de 2020 en una propiedad ubicada en el barrio Santa Elena del kilómetro 14 Monday, en el distrito de Minga Guazú. Los cuerpos fueron descubiertos a las 14:30 horas por un vecino, quien alertó a las autoridades policiales.

Después de cometer el crimen, el autor escapó del lugar en el automóvil, propiedad de los fallecidos, un Nissan Presage, de color blanco, con matrícula OAO 613. Este vehículo fue posteriormente encontrado el 11 de noviembre de 2020, a las 10:30, en dirección a Los Cedrales. Además, el homicida se apoderó de los aparatos celulares de las víctimas, que luego vendió por 300 mil guaraníes a un adolescente en la localidad de Paso Yobai, departamento del Guairá.

Según los antecedentes, el condenado había tenido un conflicto con su primo Isidro Zárate, quien supuestamente había asesinado a su hermano hace 10 años. Esto llevó al acusado a visitar la casa de su primo en la fecha mencionada, donde tuvieron una discusión  para luego acabar con la vida del  familiar y de su pareja con un revólver calibre 22 mm.

En el marco de la investigación del caso, se realizaron diversas diligencias, como solicitudes de información a las compañías telefónicas, análisis de IMEI y ubicación de celdas, y allanamientos para detener al adolescente que compró los celulares de las víctimas, así como la captura de Rafael Zárate en una gomería de la ciudad de Hernandarias, donde intentó ocultarse después de huir de la Policía.

El médico forense del Ministerio Público, el Dr. Hugo Céspedes, determinó que ambas víctimas recibieron un disparo cada una, Isidro en el lado derecho de la espalda, mientras Isabel en la cabeza. La causa de muerte fue “shock hipovolémico por disparo de arma de fuego”.

Basándose en las pruebas incriminatorias, el Ministerio Público imputó en su momento a Rafael Zárate Caballero y finalmente, durante el juicio oral, el fiscal Osvaldo Zaracho pidió 30 años de cárcel, pero los jueces Óscar Gabriel Genez, Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo -integrantes del Tribunal de Sentencia- consideraron factible la aplicación de los 28 años de pena carcelaria.

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Los participantes de la reunión, entre parlamentarios, autoridades locales y departamentales, coincidieron en que la iniciativa es de noble objetivo y será de gran importancia para el desarrollo de esta zona del país.

En particular, los diputados expresaron un unánime apoyo para la concreción del proyecto.

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Sin embargo, un aspecto clave para el visto bueno y puesta en marcha, naturalmente, es la fuente de financiamiento, que aún no cuenta con definición, según se informó.

Técnicos en la materia indicaron que el proyecto en sí está hecho, pero todavía se está trabajando en ese aspecto, ya que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), está atravesando un difícil momento financiero, de acuerdo a las explicaciones de los representantes.

Una comitiva fiscal y policial allanó una metalúrgica, donde supuestamente adulteraban los números de chasis de camiones y semirremolques robados en Brasil. El procedimiento se realizó ayer en la ciudad de Santa Rita, por los agentes del Departamento de Control Automotores de Alto Paraná.

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Asimismo, los intervinientes incautaron varias evidencias y un semirremolque que habría sido hurtado en la ciudad brasileña de Tubarão, estado de Santa Catarina.

El semirremolque hallado en la metalúrgica es de la marca Noma de tres ejes, con el chasis adulterado. Además, se incautaron de varias plaquetas de seguridad presumiblemente apócrifas y documentos de vehículos.

El agente fiscal Alberto Torres, quien encabezó la comitiva, dispuso la incautación del semirremolque, así como de las otras evidencias, además ordenó que los antecedentes sean remitidos a su unidad para la investigación correspondiente.

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El tema saltó al tapete en las últimas horas, tras anuncios de que el importante caudal de armamento, ya había sido entregado a las fuerzas de seguridad interna, para acoplarlo al arsenal que se tiene para el combate al crimen organizado.

Dakovo es hasta la actualidad, la operación más importante que se ejecutó en contra de bandas criminales dedicadas al tráfico internacional de armas, en el que están envueltos e imputados altos exjefes militares, empresarios y funcionarios de la Dirección Nacional de Material Bélico (Dimabel).

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El ala empresarial de la trama estuvo liderada por el empresario argentino Diego Dirisio, quien era proveedor de armas del Ejército paraguayo, pero que utilizaba ese estatus, para realizar contrabando de armas que iban destinadas a los cárteles mafiosos de Brasil, Primer Comando Capital y Comando Vermelho.

La traba que ahora pone el juzgado de la causa para la entrega de las armas a la Policía desató suspicacias en ámbitos del legislativo, en donde señalan que, en momentos de extrema necesidad de dotar recursos a la Policía, se dilata la remisión del arsenal requisado.

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