La recaudación durante los meses de setiembre y octubre de este año aumentó un 11% gracias a la intensificación de los controles de fiscalización y otras acciones emprendidas por la nueva administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según el informe de recaudación, los ingresos por tasas de tránsitos de los puestos de peajes administrados por el MOPC totalizan la suma de unos G. 28.000 millones durante los dos primeros meses del nuevo Gobierno, lo que representa un incremento del 11% con relación al mismo periodo del año 2022, es decir unos G. 2.800 millones adicionales.

Esta mejora en la recaudación se logra gracias a la intensificación de los controles de fiscalización de los puestos de peajes; capacitación de los perceptores sobre la utilización del sistema automatizado de cobro de tasas de peajes; reactivación de las cámaras de seguridad y semáforos indicadores de paso vehicular descompuestas; inducción sobre las funciones administrativas de los mismos, y otras acciones buscando la eficiencia en la gestión en las diferentes estaciones de peaje.

En total son 15 los puestos de peaje administrados por esta cartera de Estado y se encuentran en: Remanso, Caapucú, Iruña, Trinidad, Coronel Bogado, Tacuara, Horqueta, Emboscada, 25 de Diciembre, Pozo Colorado, Guajaivi, Itá, Río Verde, Ecovía (ruta Luque – San Bernardino) y Mayor Otaño.

A esto se suman los peajes tercerizados administrados por SOE – Rutas del Este, ubicados en las ciudades de Ypacaraí y Nueva Londres, sobre la ruta PY02, que está bajo contrato de Alianza Público – Privada (APP).

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La iniciativa busca promover el desarrollo local, regional, económico y social de los pueblos, sobre todo de aquellos que necesitan una mayor atención por sus características socioeconómicas y que, por razones de traslado diario de sus habitantes hacia la capital, se hallan afectados por el pago del peaje en la Estación Ecovía - Tramo Luque-San Bernardino, expresa parte de la exposición de motivos.

A instancias de la diputada Graciela Aguilera (PLRA-Cordillera), el proyecto tuvo una modificación con respecto a la iniciativa original.

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La parlamentaria consiguió el acompañamiento del pleno para incluir en el documento, también como beneficiarios de la presente disposición, a los pobladores de San Bernardino, con respecto al Puesto de Peaje Ypacarai - Ruta 2 (Rutas del Este).

El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para su posterior estudio.

Según la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió a finales del mes de marzo del 2018, cuando la ahora condenada ofreció a la víctima del hecho, una conocida de ella, un viaje a España para trabajar en el restaurante de su prima. Le informó que el sueldo sería de 1.100 euros al mes y el horario de labor desde el desayuno hasta las 15 horas. Ante esta oferta y la necesidad económica que tenía, la afectada aceptó la propuesta de trabajo.

La víctima también conversó con Felipa Caballero ante la duda que tenía sobre el tipo de trabajo; pero la misma le aseguró que era algo seguro.

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Seguidamente, en mayo Lilian Vera y Felipa Caballero, junto a la víctima y otras mujeres más, viajaron en bus desde Foz de Iguazú hasta San Pablo (Brasil). De allí embarcaron en avión hasta Portugal, donde Felipa les entregó 3.000 euros para pasar los controles.

Fueron recogidas por Mario Delgado, quien las trasladó hasta Sevilla. Una vez allí, mantuvieron una reunión con Caballero y Delgado, quienes con actitud prepotente mencionaron que el trabajo sería en una casa de masajes para hombres. Asimismo, indicaron a las víctimas que tenían una deuda de 5.000 euros por el viaje y que no podían echarse atrás, además de amenazarlas con denunciarlas con la Policía.

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Ante dicha situación, la víctima tuvo que aceptar el trabajo. Según manifestó, debía atender de 10 a 15 clientes por noche, mientras que Vera y Caballero se encargaban de cobrar los pases. Estos eran de 60 euros por cada 25 minutos, de los cuales solo le quedaban 25 euros a la víctima. Ésta era amenazada constantemente por no cumplir las exigencias que establecían los explotadores.

Luego de un tiempo, la afectada en la causa conoció a una persona que la ayudó a salir del lugar.

La postura paraguaya se debe a que cuando la pandemia del Covid todavía estaba en curso, la OMS impulsó una iniciativa en busca de elaborar un marco general de respuesta ante futuras pandemias.

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La Ministra expresó que es muy necesario evitar que se repitan las inequidades vividas por países como Paraguay frente a potencias mundiales durante la pandemia por Covid-19, de tal forma a que existan las mismas condiciones en el acceso a medicamentos, vacunas, equipos e insumos.

“Sí necesitamos un documento, como una guía, sobre cómo actuar ante futuras pandemias. Nosotros no queremos que se repita lo que pasó con la pandemia del COVID-19. Ustedes claramente recordarán que no hubo una distribución equitativa de los recursos. Y quiero dar como ejemplo las vacunas. No hubo una distribución igualitaria para todos los países”, expresó la ministra.

La Dra. Barán recordó que la Asamblea Mundial de la Salud es un escenario anual en el que participan los ministros de salud de todos los países miembros de la OMS, en el cual se abordan múltiples temas relativos a la salud mundial y, en particular, en la Asamblea número 77 se incluyó en agenda el instrumento, cuyo espíritu es preparar una base para enfrentar futuras pandemias.

Al respecto, aclaró que el mismo fue debatido por dos años, tiempo en el que nuestro país, así como otros, ha manifestado sus posicionamientos. No obstante, el borrador tratado en el seno de la 77° Asamblea Mundial de la Salud aún contaba con aspectos poco claros, como la creación de nuevas estructuras y el financiamiento, por lo cual Paraguay no acompañó la iniciativa planteada.