En la mañana de este lunes se procedió a la remoción de propaganda electoral que se encontraba ubicada sobre la calle Gral. Francisco Roa casi Avda. Artigas de la ciudad capital.

El trabajo estuvo encabezado por la Fiscal Electoral de la Capital y Central Myriam González, con apoyo de la Justicia Electoral y el acompañamiento de funcionarios de la Municipalidad de Asunción.

Los trabajos se dieron en cumplimiento a la legislación vigente, luego de haberse remitido un oficio a la Municipalidad de Asunción que es la entidad encargada de realizar el control y de aplicar la sanción administrativa para realizar el retiro correspondiente.

Según el cronograma previsto para las Elecciones Municipales de 2021, y con respecto a las internas partidarias simultáneas del 20 de junio, la realización de propaganda electoral en la vía pública estará comprendida entre el 19 de mayo y el 17 de junio. Por lo tanto, toda aquella propaganda alusiva a los precandidatos, movimientos o partidos políticos que se realice fuera de este tiempo es considerada ilegal.

Asimismo, la Ley Nº 834/96 Código Electoral indica que la propaganda electoral se extenderá por un máximo de 60 días, contados retroactivamente desde dos días antes de los comicios, en los que está prohibida toda clase de propaganda electoral. En los comicios internos de los partidos políticos, la propaganda electoral no podrá exceder de 30 días.

La fiscal electoral señaló que ya venía solicitando informes a las municipalidades sobre algunas propagandas en carteles con pantallas LED y pintatas que se encuentran en varios puntos de la vía pública, a fin de proceder a su eliminación tras constatarse que fueron colocadas fuera de tiempo.

La representante del Ministerio Público indicó que este trabajo se debe llevar en conjunto, debido a que el Código Electoral establece que los municipios de todo el país son los encargados de dictar las reglamentaciones correspondientes. Esto mismo se contempla en la Ordenanza Municipal 157/2018.

De esta manera, serán las administraciones municipales las encargadas de establecer las sanciones convenientes. Posteriormente, cada causa debe ser remitida a los Juzgados Electorales que son los encargados de remitir oficios para realizar el control y el retiro de las propagandas electorales.

Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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